La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín, anunció este martes (10.4.2012) que el presidente venezolano, Hugo Chávez, estará presente en la VI Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena el 14 y 15 de abril, auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Si el mandatario asiste, a pesar de su convalecencia, es posible que se convierta en el centro de atención del encuentro por su postura crítica de cara a Estados Unidos y su insistencia en que Cuba sea aceptada de nuevo en ese foro.

A nadie extrañaría que Chávez también aproveche la ocasión para protestar personalmente por la inclusión de Venezuela en el capítulo IV del más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA. El capítulo en cuestión es conocido como la “lista negra” de los países americanos con serios déficits en ese ámbito. Colombia, Cuba y Honduras también figuran en la lista, pero fue Venezuela quien reaccionó amenazando con abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Para elaborar el informe se emplean parámetros bastante objetivos y transparentes. Lo que se le critica a sus autores –y eso es algo que yo comparto– es el hecho de que concentren su atención en un puñado de países. Una recomendación que se les ha hecho para que el reporte tenga mayor consistencia, es que elaboren un informe sobre la situación de los derechos humanos en todos los países de América y el Caribe”, explica Leslie Wehner, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS), de Hamburgo, en entrevista con DW.

Problemas estructurales y coyunturales

Esa es una de las sugerencias que Colombia, Ecuador y Venezuela le hicieron a la OEA, alegando que un observatorio continental de derechos humanos más interesado en la exhaustividad de la investigación que en la estigmatización de unos cuantos Gobiernos tendría mayor credibilidad. La OEA aprobó en enero las reformas propuestas, pese a que varias organizaciones no gubernamentales denunciaron esos cambios como una estrategia para limitar la capacidad de acción de la CIDH y reducir la efectividad de sus herramientas.

“Al contrario, la labor de la comisión se fortalecerá porque la investigación de la situación de los derechos humanos en todos los países generará una base sólida para hacer comparaciones. Si Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela figuran en la ‘lista negra’, sería bueno contrastar sus faltas con los defectos o virtudes de otros Estados. Por ejemplo, y sin querer relativizar la magnitud del fenómeno de la violencia en Venezuela, cabe decir que todos los países americanos tienen problemas estructurales y coyunturales en ese campo”, comenta el experto.

Al Gobierno de Chávez se le atribuyen reformas legislativas que restringen la libertad de expresión y el abuso del derecho penal para intimidar, sancionar o limitar el ejercicio de derechos políticos de los venezolanos, en virtud de sus opiniones políticas. En el reporte del CIDH se hace alusión a temas como la provisionalidad de jueces y fiscales; un fenómeno que ha acompañado a Chávez durante buena parte de su gestión. “No sé si desde que asumió el poder, pero sí de 2002 en adelante”, asegura el investigador del ILAS.

Venezuela no es una dictadura, pero…

“Puede que el Gobierno de Chávez no se haya convertido en un régimen abiertamente autoritario, pero, a partir de 2002, ha incurrido en prácticas que permiten describir a la venezolana como una democracia meramente electoral. En otras palabras, en Venezuela ha habido elecciones que legitiman el proyecto político de Chávez, pero la actuación del Gobierno o irrespeta los estándares básicos de los derechos humanos o peca por omisión a la hora de protegerlos”, sostiene Wehner.

“Por un lado está la Ley Habilitante, que ha sido criticada en el informe de la CIDH y que concentra mucho poder en las manos del Ejecutivo venezolano, permitiéndole actuar con un alto grado de discrecionalidad. Chávez puede mandar por decreto, sin contar con la aprobación del Congreso, como lo hicieron con frecuencia Carlos Saúl Menem en Argentina o Alberto Fujimori en Perú. Por otro lado están la violencia en los centros penitenciarios y los índices de inseguridad ciudadana que afligen a la población venezolana”, dice el experto.

“¿Por qué se le recrimina esto a Chávez? Porque en lugar de atenuarse, la violencia en las cárceles y en las calles se ha intensificado. Porque la dirección de su política pública en materia de seguridad no es clara ni concreta. Además tenemos el problema de la impunidad de los delincuentes, que a su vez apunta hacia el problema crónico de la corrupción en los cuerpos policiales y en el sistema judicial. No se ha visto un desarrollo positivo ni consistente en estos aspectos. Esas son las faltas que la CIDH le echa en cara al Gobierno de Chávez”, cierra Wehner.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editora: Rosa Muñoz Lima