Dos meses se cumplen de la desaparición, presuntamente a manos de fuerzas policiales en Argentina, de Santiago Maldonado, joven militante por la causa mapuche. Siguiendo el lema de "Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos", parlamentarios europeos y latinoamericanos de la Asamblea EuroLat piden que, desde las instituciones de la UE, se haga presión ante el gobierno argentino para que dé noticias de su paradero.

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El enfrentamiento con la gendarmería y la desaparición del hombre de 28 años se dio en el marco de la protesta que mantiene una comunidad mapuche en las tierras que compró la familia Benetton en 1991, 900.000 hectáreas. La ley protege a los Benetton. Pero las comunidades mapuche aducen que ellos viven en esas tierras, desde hace siglos.

¿De quién son los territorios?

"Según nuestro Consejo, esa venta fue ilegal; habría que llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya", cuenta a DW Reynaldo Mariqueo, del Consejo de Derechos Humanos por el Pueblo Mapuche. En él están representados mapuches de Chile y de Argentina.

Definido como una nación con territorio propio, desde 1641 hasta hace 130 años, cuando Chile y Argentina establecieron su frontera, el pueblo mapuche cuenta aún con un gobierno en el exilio, en Francia. Desde ahí, con mayor o menor intensidad, se coordinan las acciones y campañas a favor de este pueblo ancestral. Esta semana han llevado el caso a Ginebra, al Consejo sobre Derechos Humanos de la ONU.

Apoyo europeo

La de Santiago Maldonado no es la primera causa mapuche apoyada desde Europa. "En 1978, cuando, por la represión de la dictadura chilena, muchos mapuches nos refugiamos en Europa, el Parlamento Europeo nos apoyó por primera vez", sigue Mariqueo. Ya en 1997 hubo una resolución aprobada con amplia mayoría para pedir que no se cediese las tierras de los mapuches argentinos.

Aparte de preguntas parlamentarias a la Comisión Europea –que a lo largo de los años ha tenido diversos proyectos en el ámbito del desarrollo–, entre 2002 y 2014, el controvertido proyecto de una represa en los territorios mapuches chilenos fue motivo de diversas acciones parlamentarias. En 2015, con motivo del Día de la Tierra organizada por el bloque socialista, el tema de los mapuche ocupó un amplio bloque. 

"La UE insiste mucho en la participación de los pueblos indígenas a nivel local y nacional en los países en los que viven. También está tomando medidas para combatir la violencia contra los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos, especialmente cuando protegen las tierras y los recursos naturales", recordaba en agosto de 2017 Federica Mogherini, Alta Representante para la Política Exterior de la UE.  "Este compromiso de prevención y protección frente a las amenazas y la violencia se reiteró en las Conclusiones del Consejo de la UE sobre los pueblos indígenas, adoptadas el 15 de mayo de este año", añadió.

Si bien es cierto que la carta de presión por la desaparición de Santiago Maldonado fue firmada sólo por la izquierda y los verdes europeos, tanto la causa mapuche como de otras minorías, por ejemplo de los guaraní-kaiowá en 2016, ha logrado apoyos amplios. "Luchamos por la autonomía, la libre determinación y el autogobierno, derechos que les son reconocidos a los pueblos indígenas por la normativa internacional actual", recuerda Mariqueo, representante de la causa en las instancias de Naciones Unidas.

"Tenemos que seguir ejerciendo presión"

"Es una cuestión de derechos humanos y de protección de los más vulnerables versus el acaparamiento de tierras, la explotación no sustentable de los recursos", acota Torres. Efectivamente, en esas tierras ancestrales se mezclan muchos intereses: los sembríos de pinos y eucaliptos en la Araucanía, las extracciones en los yacimientos de Vaca Muerta, las tierras de los Benetton.

"Seguimos esperando respuesta", dice a DW Estefanía Torres, europarlamentaria española. "Mientras tanto, estamos preparando la visita de uno de los familiares de Santiago Maldonado para que venga a Europa. Tenemos que seguir ejerciendo presión para que el gobierno argentino se posicione. Es inadmisible que en pleno siglo XXI haya desapariciones forzadas y represión por ejercer el derecho a defender sus territorios", concluye. 

Autora: Mirra Banchón (VT)