Con el estado de excepción declarado en las cárceles del país y el asesinato de un alcalde de una ciudad portuaria este fin de semana, "era inevitable tocar temas como la situación que está viviendo Ecuador”, explica a DW Ibán García del Blanco, uno de los ponentes de un informe del grupo de trabajo sobre seguridad, delincuencia organizada y terrorismo de la Asamblea EuroLatinoamericana (Eurolat). "No obstante, nuestro informe tiene una dimensión global y transnacional porque estamos ante entidades y redes de mafias que no se paran en las fronteras, ni en cuanto a su actividad ni en cuanto a los efectos perniciosos que generan”, sigue García del Blanco.

Paradójicamente, a pesar de lo acuciante, abordar el tema de la seguridad en un momento en que amplias zonas de América Latina y el Caribe arden, ponerse de acuerdo en las propuestas que llegarán a los gobiernos de los parlamentos regionales de ambos continentes -Parlamento Europeo, Parlandino, Parlatino, Parlasur, el parlamento mexicano y el de Chile-, ha sido una tarea que ha tomado seis años.

"Hubo que acordar definiciones de terrorismo internacional y criminalidad; hemos ahondado en cuestiones que no son pacíficas -ni desde el punto de vista político ni de la doctrina- como es la política antidrogas”, sigue el ponente del informe. En Madrid, la Asamblea Eurolat vota en su XV Sesión Plenaria este informe que trae propuestas innovadoras para la cooperación birregional en materia de crimen organizado. Abordar el tema birregionalmente es uno de los puntos acordados en la reciente Cumbre UE-CELAC, entre jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

La política antidrogas no ha funcionado

De las propuestas que lanza EuroLat, quizá la más llamativa  es la de "abrir vías para tratar a nivel local tanto el comercio, como el cultivo y el consumo de drogas. Está comprobado, y se incluye en este informe, que algunas políticas punitivas y de represión no han funcionado lo bien que querían”, afirma García del Blanco. Buenas prácticas de Portugal, Uruguay y Países Bajos ayudarían a avanzar en este sangrante tema.

Otro aspecto que se destaca en el consenso birregional es la no criminalización de comunidades productoras, que a veces no tienen alternativa. El tema tiene aristas y no todos los sectores políticos que participaron en el grupo de trabajo están de acuerdo con la mayoría que sí lo aprueba. "Colombia, que se había convertido en el símbolo del narcotráfico -cuando hay muchos otros países que producen droga y otros más que la consumen- está haciendo una reflexión interesante que debemos tener en cuenta”, afirma García del Blanco.

Más institucionalidad, no atajos

Las recomendaciones de los parlamentarios de ambas regiones incluyen también la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Internacional Organizado. ¿Funcionaría una institución regional de ese calibre? "En caso de que se decidiera su creación, la UE ofrece su cooperación. Si otras instituciones similares funcionan en el ámbito judicial y de derechos humanos, esta iniciativa también podría funcionar. No olvidemos que paralelamente proponemos la creación de un think tank conjunto para monitorear las políticas que vayamos adoptando”, agrega.

Si bien las propuestas y resoluciones de Eurolat no son carácter vinculante, los planteamientos consensuados por 150 legisladores de ambas regiones, durante casi dos décadas, han sido inspiradores de algunos programas de cooperación regional en el ámbito de la justicia y el crimen organizado transnacional.

En esa medida, se ve con optimismo la posibilidad de cooperar en alfabetización y seguridad digital, en mecanismos anticorrupción y cleptocracia. ¿Tienen una perspectiva realista estas propuestas que tienen que llegar a algunos gobiernos que destacan, precisamente, por la corrupción y la cleptocracia?

"Los países firmantes de un acuerdo de este tipo viven circunstancias diversas. No tiene la misma salud democrática Alemania que Hungría. No obstante, para la cooperación birregional partimos de estándares mínimos en separación de poderes y funcionamiento de organismos judiciales”, responde García del Blanco.

Sin querer entrar en valoraciones de las políticas de seguridad actualmente en marcha en países como El Salvador, el diputado por España de la bancada socialdemócrata advierte: "La singularidad de El Salvador y Centroamérica con sus enormes imperativos de seguridad se entienden, pero los efectos de los atajos, a largo plazo, pueden resultar más perniciosos de lo que se quería combatir”.