Tránsfugas norcoreanos declararon el jueves (14.10.2021) ante un tribunal de Tokio en un proceso simbólico contra Kim Jong-un, para responsabilizarlo como actual dirigente del régimen de un antiguo programa de repatriación de Pyongyang que tachan de "secuestros de Estado".

Aunque el actual líder norcoreano apenas había nacido cuando terminó el programa en cuestión, los cinco demandantes buscan juzgarlo simbólicamente como representante del régimen por la repatriación de 90.000 coreanos desde Japón entre 1959 y 1984.

El programa, dirigido a coreanos instalados en Japón y sus parejas niponas si las había, prometía "el paraíso en la tierra" a aquellos que se mudaran al país comunista.

 "Dijeron que iríamos a un 'paraíso terrenal'. En cambio, nos llevaron a un infierno", declaró un desertor.

"Imposible de disfrutar de derechos humanos"

Los cinco demandantes son participantes de ese esquema que consiguieron escapar del país y ahora reclaman a Corea del Norte la suma de 100 millones de yenes (762.000 euros, 883.000 dólares) por daños e intereses.

Ante el tribunal, acusaron al régimen comunista de "haber mentido a los solicitantes con una publicidad engañosa" y de haberles "forzado a vivir en condiciones en las que era generalmente imposible de disfrutar de derechos humanos".

Un juicio simbólico contra Kim Jong-un

El tribunal decidirá la fecha del juicio de este proceso iniciado en 2018. Como no hay relaciones diplomáticas entre Japón y Corea del Norte, Kim Jong-un sería juzgado simbólicamente como jefe del gobierno de Pyongyang.

"Nosotros no esperamos que Corea del Norte acepte una decisión ni que pague por los daños e intereses", admitió Kenji Fukuda, abogado de los demandantes, durante un encuentro con periodistas.

"Pero esperamos que el gobierno japonés esté en condiciones de negociar con Corea del Norte" si el tribunal resuelve a favor de los demandantes.

La demanda apunta también a la separación de las familias

En total, 93.340 personas participaron en este programa de repatriación financiado por Pyongyang y gestionado por las asociaciones de la Cruz Roja en Japón y Corea del Norte. En ese entonces, el gobierno japonés también respaldó este plan que algunos detractores vieron como un medio de Tokio para reducir el número de coreanos en el país.

Una parte importante de la demanda de los tránsfugas se refiere a la separación de sus familias, aún bloqueadas en Corea del Norte: "Yo no sé qué le ha pasado a mi familia. Puede ser que el coronavirus los afectó, puede ser que algunos de ellos hayan muerto de hambre", declaró Eiko Kawasaki, uno de los demandantes.

"Los demandantes desean saber lo que ellos viven y sufren aún en Corea del Norte", explicó Hiroaki Saeki, jefe de un grupo que apoya a los tránsfugas.

JU (afp, ap, lusa)