El pequeño municipio sureño de Tila, en Chiapas, México, fue escenario recientemente del desplazamiento de más de 4.000 personas hacia albergues y municipios aledaños tras el ataque con armas de fuego y la quema de inmuebles y vehículos por parte del crimen organizado. Un episodio que obligó a los vecinos a abandonar el municipio, tras días escondidos en sus domicilios. De acuerdo con medios locales, los vecinos desplazados esperan que las autoridades se comprometan a brindarles seguridad antes de retornar a sus casas, algo que, de momento, no ha ocurrido.

El episodio en Tila supone el sexto caso en México de este estilo en 2024, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Internos (IDMC, por sus siglas en inglés). Esta plataforma estima en un total de 8.659 las personas desplazadas como consecuencia de los conflictos en lo que va de año, y hasta 392.000 en el acumulado de 2008 a 2023.

Ramón Coria, integrante del Colectivo Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno y organizaciones civiles acompañantes, indica a DW que han reportado en casi 10.000 los desplazados por la violencia iniciada el jueves (6.6.2024) pasado en Tila.

Un único fenómeno, múltiples dimensiones

El desplazamiento interno en México no tiene un único origen, sino que se trata de un fenómeno "multicausal y multidimensional", indica a DW Pablo Cabada, Asociado de Protección a Personas Desplazadas Internas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Entre las causas, hay conflictos comunitarios -políticos, religiosos, agrarios-, la violencia generada por grupos armados, los desastres provocados por fenómenos naturales, proyectos de desarrollo a gran escala - como la minería o la deforestación-, o las violaciones de derechos humanos. No obstante, todos esos episodios tienen la violencia como denominador común, indican a DW expertos en la materia.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la mayor plataforma en este ámbito, destaca en su informe de 2021, que el 74 por ciento de los episodios registrados se originaron por la violencia de grupos armados organizados. El IDMC, por su parte, contabilizó en 2021 hasta 29.000 desplazamientos por violencia y conflictos, y 19.000 por desastres naturales.

"Este fenómeno es particularmente prevalente en regiones donde la presencia y actividad de grupos criminales es intensa y donde el control territorial por parte de estas organizaciones resulta en altos niveles de violencia e inseguridad", indica a DW María del Pilar Fuerte, investigadora del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo), con sede en Aguascalientes, México.

Chiapas, junto a Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Zacatecas son las regiones con más personas desplazadas, según el último registro de CMDPDH.

La falta de herramientas de medición del fenómeno complica localizar el destino final de estas personas, aunque suelen moverse hacia ciudades cercanas, indica a DW Kelly Muñoz, investigadora en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México. Otro estudio, publicado por la OIM en 2023, también encontró indicios de desplazados internos en la frontera norte con Estados Unidos, concretamente procedentes de Michoacán, Guerrero y Chiapas.

El crimen organizado, en el punto de mira

El desplazamiento forzoso de estas comunidades obedece a factores interrelacionados por la violencia, que a su vez obedecen a la presencia, principalmente, del crimen organizado en su búsqueda de controlar territorios, o bien, por motivos más profundos, como la disputa de recursos o el libre flujo de migrantes, indica a DW Carla Zamora, doctora en Ciencia Social por el Colegio de México.

Así mismo, en diálogo con DW, David Saucedo, experto en seguridad y analista político mexicano, expone que lo ocurrido en Tila es producto de la "narcoguerra" entre el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Saucedo dice que este, en consonancia con mafias locales como, en este caso, "Los Autónomos", presionan y chantajean a las comunidades locales para que se retiren de la zona.

"Su acción es la violencia como un dispositivo de terror para despojar poblaciones, sobre todo en zonas rurales", sostiene, por su parte, Kelly Muñoz.

"Estas disputas pueden convertir comunidades enteras en campos de batalla, donde los habitantes quedan atrapados en medio del conflicto", señala Fuerte. "La presencia militarizada de estos grupos en ciertas áreas impone un control sobre las comunidades, alterando radicalmente la vida cotidiana de los residentes y obligándolos a buscar refugio en otros lugares", agrega.

Fuerte, que también es doctora en Geografía por al UNAM, señala que estos grupos criminales también buscan reclutar a jóvenes para integrarlos a sus filas, lo que provoca que familias enteras abandonen sus hogares. 

"Se ha empezado a enraizar una cultura de la narcoviolencia, convertida en aspiración de numerosos jóvenes, muchos de ellos reclutados de manera forzosa", sostiene Carla Zamora.

¿Alternativas?

A diferencia de los refugiados, que cruzan fronteras internacionales, los desplazados internos obedecen a la jurisdicción del gobierno nacional, indica María Pilar Fuertes, del CentroGeo. A nivel federal, la Cámara de Diputados de México aprobó en 2020 la "Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno", una norma con la que se buscaba garantizar las condiciones de vida para personas que experimentan desplazamiento forzado. La norma, no obstante, está detenida en el Senado desde entonces. A nivel estatal, los estados de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas cuentan con leyes específicas, con las que se trata de avanzar en políticas públicas sobre desplazamiento interno.

Pese a ese reconocimiento, "en México las personas afectadas no tienen acceso a tratamientos como víctimas dentro del marco jurídico actual", dice Fuertes, quien aboga por una "estrategia integral" que aborde tanto las causas del desplazamiento como las necesidades más inmediatas. 

Kelly Muñoz, por su parte, recalca la necesidad de activación de protocolos que alerten sobre los factores de riesgo de estos desplazamientos en los municipios más críticos, así como "un diagnóstico del entorno de forma participativa con las comunidades".

Las alternativas pasan por una desarticulación de los grupos armados, insite Carla Zamora, pero también en poner el foco en la convivencia de diferentes proyectos de vida. "Es urgente trabajar sobre la reconstitución del tejido social desde la raíz comunitaria, puesto que el impacto psicológico que tendrán estos fenómenos en la población probablemente conlleve varias generaciones", sostiene.

(ms)