Perú: destino de restos de Guzmán en manos de Justicia
13 de septiembre de 2021
"La vía más apropiada en este momento sería la incineración para no tener un lugar en el cual determinados peruanos quieran rendir homenaje a este personaje", dijo Aníbal Torres.
El cuerpo de Guzmán -quien según la Fiscalía murió de "neumonía bilateral" a los 86 años en una prisión de máxima seguridad donde cumplía cadena perpetua desde 1992- estaba este domingo en la morgue del Callao bajo custodia policial a la espera de una decisión judicial.
La ley peruana señala que solo familiares directos pueden recibir los restos de una persona que muere en prisión, pero -dado que Guzmán carece de parientes conocidos y su esposa está presa- surgieron voces que piden cremarlo y deshacerse de las cenizas ante el supuesto vacío legal. Sin embargo, Elena Yparraguirre, la esposa de Guzmán y número dos de la organización maoísta, autorizó legalmente desde prisión a Iris Quiñonez, una excompañera de prisión, para solicitar y recoger el cuerpo de la morgue. "La petición será evaluada en las próximas horas por la Fiscalía del Callao", indicó un comunicado del Ministerio Público.
La neumonía bilateral es una inflamación de los dos pulmones y está asociada en ocasiones al COVID-19. Según sus abogados, Guzmán había recibido las dos dosis de una vacuna anticovid entre marzo y abril. El cadáver debe pasar por un nuevo examen de "pericias patológicas, toxicológicas, químicas", añadió la Fiscalía sin mencionar si sospecha de coronavirus. Las personas fallecidas por el virus deben ser incineradas, según la legislación sanitaria de emergencia.
El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció el 11 de septiembre a favor de la cremación de Guzmán. "La vía más apropiada en este momento sería la incineración para no tener un lugar en el cual determinados peruanos quieran rendir homenaje a este personaje", dijo a la prensa. "Rendirle homenaje, hacer movilizaciones en memoria de Abimael (Guzmán), es apología al delito y pueden ser procesados por esa razón", subrayó el funcionario al recordar que en Perú elogiar o negar que Sendero Luminoso hizo terrorismo está penado.
"No hay protocolo internacional para sepultar dictadores, criminales de guerra y genocidas. No estaría de más que existiera. Obama sacó una ley especial para el cuerpo de Bin Laden", tuiteó la exministra de Defensa Nuria Esparch, sugiriendo tácitamente que el Gobierno proceda de manera similar.
Guzmán pasó sus últimos 29 años preso cargando sobre su espalda haber sido el responsable intelectual de uno de los más cruentos conflictos en América Latina, con 70.000 personas muertas y desaparecidas en dos décadas (1980-2000), según cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003).
ama (afp, efe)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
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Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
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Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.