En su segundo intento y por una notoria mayoría, el Congreso peruano apoyó la remoción del ahora expresidente, Martín Vizcarra. Sin embargo, esto no tuvo nada que ver con la crisis del coronavirus.
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Cuando un país tiene tres presidentes en un período de cinco años, con justa razón se puede hablar de una profunda crisis política. Perú vive una, porque esta semana, en medio de la crisis del coronavirus, el Congreso removió de su cargo al ahora expresidente, Martín Vizcarra, quien alcanzó a estar solo dos años y medio en el poder.
El lunes pasado (09.11.2020), 105 congresistas votaron a favor de destituir al jefe de Estado por su "incapacidad moral permanente". Solo 19 congresistas se opusieron y cuatro se abstuvieron. Para que Vizcarra dejara el cargo se necesitaban 87 votos a favor.
Al día siguiente, el presidente del Congreso, Manuel Merino, juró como su sucesor, no porque la mayoría del parlamento estuviera de acuerdo con él, sino porque la Constitución establece una línea de sucesión. De acuerdo con ella, el cargo de presidente habría sido para el vicepresidente en funciones. Así fue también como Martín Vizcarra llegó al poder en marzo de 2018. Sin embargo, el puesto de vicepresidente estaba ahora vacante.
En este caso, sin vicepresidente, quien debe asumir el poder es el presidente del Congreso, cargo que ocupaba Manuel Merino. Según la Constitución, él debe convocar nuevas elecciones inmediatamente, las cuales están programadas para el 11 de abril de 2021. Ni Vizcarra ni Merino podrán presentarse como candidatos a estas elecciones presidenciales.
Acusaciones de corrupción
Martín Vizcarra asumió el poder en 2018 después de que Pedro Pablo Kuczynski renunciara a la presidencia por acusaciones de corrupción. Vizcarra, que se había mostrado como un luchador en contra la corrupción en el país, terminó tropezando con el mismo problema. En septiembre ya había sobrevivido a un primer juicio político.
A Vizcarra se le acusa de haber aceptado sobornos de una empresa constructora por un monto de 2,3 millones de soles (equivalentes a unos 546.000 de euros) durante su mandato como gobernador de la región de Moquegua, entre 2011 y 2014. Vizcarra ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como "infundadas" y "falsas".
Raúl Tecco, director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Lima no está muy convencido de la solidez de las acusaciones: "No pongo las manos al fuego por Martín Vizcarra en lo que se refiere a las acusaciones de soborno", dijo a DW, pero hasta ahora hay solo una investigación judicial preliminar sin cargos.
Las acusaciones se basan en el testimonio de dos personas que buscan un indulto. Por lo tanto, la destitución resulta haber sido un instrumento puramente político en la lucha de poder entre el presidente y el Congreso.
"Es realmente difícil explicárselo a una persona que vive afuera. No solo estamos sufriendo los efectos de la pandemia, sino que también tenemos una crisis económica y una crisis de moral política, aunque la crisis política en Perú es casi una constante", afirmó Raúl Tecco.
"Los grupos políticos emergen en las elecciones y luego vuelven a desaparecer", agregó. Además, los candidatos al Congreso pueden ser sobornados por los partidos y no es raro que los cupos sean subastados.
La popularidad de Vizcarra
Martín Vizcarra dejó el mando con una alta popularidad entre los peruanos. Una encuesta elaborada por Ipsos en septiembre reveló que el 79% de los peruanos estaban a favor de que Vizcarra respondiera a las acusaciones después del fin de su gobierno, mientras que el 72% rechazó su destitución. El índice de aprobación personal de Vizcarra fue de un considerable 57%.
Según los analistas políticos, Vizcarra obtuvo esta popularidad principalmente por su constante lucha contra el Congreso, al que él describía frente a la población como el origen de la corrupción. Incluso en su último discurso como presidente, poco antes de ser destituido, dio un último golpe de gracia: Vizcarra señaló que 68 de los congresistas están siendo investigados por la justicia. "¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello (las investigaciones)?", preguntó irónicamente.
COVID-19 y la economía
Perú está sumido en una profunda crisis política en medio de una pandemia global. Con casi un millón de casos confirmados, es uno de los países más afectados por el coronavirus en todo el mundo. Sus 34.000 muertes lo convierten en uno de los países donde más mueren personas a causa del virus en relación con el total de población.
A esto se suman las graves consecuencias económicas y sociales de la pandemia, que difícilmente pueden ser manejadas por un gobierno provisional. La economía peruana se derrumbó en un 45,5% en abril, en el punto más alto de la primera ola. Tras un estricto confinamiento, la actividad económica en Perú se está reactivando gradualmente.
El presidente interino Manuel Merino tendrá hasta abril de 2021 para demostrar su capacidad moral y política.
(ju/er)
Lava Jato en Perú: hitos del terremoto político
Las revelaciones del exdirectivo de la constructora brasileña Odebrecht, en torno a la enorme trama de corrupción de Lava Jato, dejaron efectos nunca antes vistos, especialmente, en la política peruana. Aquí un resumen.
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1. El destape
El miércoles 21 de diciembre de 2016, el brasileño Marcelo Odebrecht, exdirectivo de la constructora Odebrecht, se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber entregado en sobornos aproximadamente 788 millones de dólares, para obtener licitaciones de obras públicas, a exfuncionarios de gobiernos de 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Perú.
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2. Tres gobiernos salpicados
Odebrecht señaló que su empresa entregó en Perú 29 millones de dólares a candidatos presidenciales y funcionarios públicos con altos cargos entre 2005 y 2014, es decir durante las presidencias de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Mientras que en Brasil los implicados eran del izquierdista PT, en Perú eran de todas las tiendas políticas.
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3. Fiscales populares
Al poco tiempo, la Fiscalía peruana formó el equipo especial Lava Jato, liderado por el fiscal coordinador Rafael Vela y el provincial José Domingo Pérez. Ambos ganaron fama rápidamente y se han posicionado entre las diez personas más poderosas del país, según una encuesta de Ipsos. Muchos comparan a Vela y Domingo con Sergio Moro, el juez brasileño que condenó a prisión al expresidente Lula.
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4. Barata y el acuerdo
La figura clave para obtener más información sobre Perú era el exjefe de la oficina de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, quien junto a otros representantes y exdirectivos de la empresa firmó finalmente el 15 de febrero de 2019 un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía peruana para la entrega de pruebas. La empresa se comprometió también a pagar 180 millones de dólares al Estado peruano.
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5. La Caja 2
Odebrecht y Barata revelaron que los pagos salieron de la denominada “Caja 2” que tenía la empresa. Esta fue una división creada por la constructora brasileña específicamente para el pago de sobornos y financiamiento no declarado a partidos políticos en los países en los que la empresa operaba. Muy pocas personas dentro de la empresa sabían de su existencia.
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6. El primer pez gordo
El primer expresidente peruano en ser puesto en prisión preventiva por el caso fue Ollanta Humala junto a su esposa Nadine Heredia, en julio de 2017. Ambos pasaron nueve de los 18 meses impuestos tras la anulación de la prisión preventiva por parte del Tribunal Constitucional. Odebrecht contó que entregó a los Humala tres millones de dólares para la campaña de 2011. Dicho monto no fue declarado.
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7. Renuncia Kuczynski
Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia el 21 de marzo de 2018, a raíz de las denuncias del partido fujimorista sobre una presunta compra de votos de legisladores para evitar su destitución por sus lazos con Odebrecht. PPK cumple prisión preventiva domiciliaria por presuntamente haber ayudado a Odebrecht a adjudicarse la construcción de la Interoceánica cuando fue ministro de Toledo.
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8. Fiscal contra fiscal
El 31 de diciembre de 2018, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, destituye a los fiscales de Lava Jato. Chávarry, investigado por presuntos vínculos con una red de corrupción y con el fujimorismo, argumentó que Vela y Domingo vulneraron el principio de jerarquía tras haber cuestionado su permanencia en el cargo. Tras presión ciudadana, los fiscales fueron restituidos y Chavarry renunció.
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9. García se suicida
Uno de los hechos más trágicos ocurrió el 17 de abril de 2019, cuando el expresidente Alan García se disparó en la cabeza momentos después de ser intervenido por la Policía. Su situación se había complicado después que su exsecretario personal, Luis Nava, y Barata, confirmaron que este recibió cuatro millones de dólares de Odebrecht para lograr el contrato de la Línea 1 del Metro de Lima.
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10. Toledo, a la espera de su extradición
El expresidente Alejandro Toledo fue arrestado el 16 de julio de 2019 como parte del pedido de extradición de Perú por presunto delito de corrupción y lavado de activos. Según Barata, Toledo recibió en coimas más de 30 millones de dólares por la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica. Su amigo, el empresario israelí Josef Maiman, confirmó a la Fiscalía que actuó como testaferro.
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11. Keiko Fujimori libre
Las investigaciones también alcanzaron a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien en noviembre pasado dejó la prisión tras más de 13 meses. En un primer fallo, Fujimori había recibido 36 meses de prisión preventiva, sindicada por Barata de haber aceptado más de un millón de dólares para su campaña de 2011 y por tratar de obstruir las investigaciones con su mayoría en el Parlamento.
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12. Investigaciones no avanzan
Otra decena de exautoridades se han visto involucradas en la trama Lava Jato, como los dos últimos alcaldes de Lima, Susana Villarán (en la foto) y Luis Castañeda, quienes son investigados por presuntas irregularidades en los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima. Villarán está recluida en prisión preventiva. Sin embargo, hasta ahora solo hay un sentenciado y dos acusados por el caso en Perú.
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Regresa a prisión
La justicia peruana ordenó el 28 de enero (2020) que Keiko Fujimori vuelva a prisión preventiva por un plazo de 15 meses, al acoger una petición de la Fiscalía. La juez dijo que Fujimori estaría involucrada en el delito de lavado de activos cuando fue legisladora y cuando habría intentado ser la más importante funcionaria de la nación, en las campañas electorales de 2006 y 2011.
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La contrademanda de Odebrecht
La empresa brasileña demandó el 5 de febrero (2020) por 1.200 millones de dólares al Estado peruano ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por la cancelación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano. La constructora anunció haber acudido al CIADI, con sede en Washington, en busca de una indemnización para "preservar sus legítimos derechos" porque Lima "violó sus obligaciones".
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Otro exalcalde limeño
El 14 de febrero (2020) fue enviado a prisión preventiva, por 24 meses, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda. Éste es el segundo exalcalde limeño enviado a prisión en este escándalo de corrupción. Castañeda es acusado de haber recibido ilegalmente 480.000 dólares de la constructora OAS para su campaña a la alcaldía en 2014 y otros 150.000 dólares de Odebrecht.