Luisa Ortega Díaz fue destituida como fiscal general de Venezuela este sábado (5.8.2017) en el marco de la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por el líder chavista Nicolás Maduro. La ANC es un organismo plenipotenciario controlado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ortega Díaz, quien todavía se considera chavista, se deslindó del PSUV y ha terminado por convertirse en una de las voces más críticas de Maduro.

Ortega Díaz sustituida por Saab

Ella denunció la ruptura del hilo constitucional en que incurrió el régimen de Maduro al ordenarle al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojara al Parlamento de sus facultades mediante sentencias emitidas a finales de marzo de 2017. Desde entonces, Ortega Díaz alega ser acosada por la élite chavista. A primera hora de este 5 de agosto informó que la sede del Ministerio Público estaba siendo asediada por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, la policía militarizada.

Poco después se supo que una de las primeras decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente había sido la de sustituir a Ortega Díaz por el actual Defensor del Pueblo, el chavista Tarek William Saab, quien tendrá poderes de emergencia para reformar la Fiscalía según considere conveniente. A su vez, el activista de derechos humanos Alfredo Ruiz sustituyó a Saab como Defensor del Pueblo. Ortega Díaz no sólo fue removida de su cargo; ella también ha sido inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público, luego de que el TSJ dijera haber hallado méritos para su enjuiciamiento.

Por su parte, Ortega Díaz dijo desconocer su destitución como jefa del Ministerio Público. “En Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución, promovido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo nacional”, reza un segmento de un comunicado de la Fiscalía General firmado por Ortega Díaz. La abogada fue destituida luego de que el Supremo decidiera suspenderla “para su enjuiciamiento, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.  

"Comisión de la Verdad”

Adicionalmente se supo que la ANC sesionará durante dos años para llevar adelante las reformas que considere convenientes. Así lo informó el constituyentista, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV. "Dos años de trabajo (…) siempre y cuando se hayan cumplido las tareas encomendadas, las funciones para las cuales fue nombrada”, dijo Cabello. La ANC está integrada por 545 miembros, designados mediante un cuestionado proceso electoral, y es liderada por la excanciller Delcy Rodríguez.

Los constituyentes, todos oficialistas, tienen pautado que su primera sesión culmine con la conformación de una "Comisión de la Verdad” para investigar los daños, las responsabilidades y resarcir a las víctimas de las protestas antigubernamentales que estallaron el 1 de abril tras el golpe judicial contra el Parlamento. La oposición venezolana, que ha tachado de ilegal a la ANC, no ha fijado una posición definitiva sobre esa "Comisión de la Verdad”, pero ha adelantado que no participará en ella.

Venezuela en la OEA y el Mercosur

Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) dejó saber que esperaría a la reunión de cancilleres sobre Venezuela convocada por Perú para el próximo martes (8.8.2017) en Lima antes de responder a la petición de su secretario general, Luis Almagro, de celebrar una sesión urgente para aplicar la Carta Democrática. Los países que asistirán a la cita de cancilleres son los mismos que este 26 de julio le exigieron a Maduro que suspendiera la Asamblea Nacional Constituyente.

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, y Paraguay conforman el bloque de países más críticos de la región con la deriva dictatorial de Maduro. Este mismo sábado (5.8.2017), los cancilleres del Mercosur –integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay– suspendieron unánime e indefinidamente la membresía de Venezuela, aplicando el Protocolo de Ushuaia al considerar que Maduro rompió "el orden democrático”.

ERC ( EFE / dpa )