Carlos Alfonso Negret Mosquera es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Alfonso X El Sabio de España.

La étnia Jiw, conocida también como "Guayabero", es un pueblo seminómada en corazón del Amazonas y que cuenta con el mayor número de habitantes indígenas del departamento del Guaviare: 617 personas. Los Jiw mantienen una demanda ante la Unidad de Restitución de Tierras porque perdieron su capacidad de autoabastecimiento, a causa de la deforestación, la explotación ilegal de madera y la sobrepesca.

La preparación académica y el sentido agudo de liderazgo y servicio social le permitieron a Carlos Negret llegar al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) donde se desempeñó como subgerente de Establecimiento Público, lo cual le permitió acercarse a la problemática del sector rural y a la visión de una sociedad igualitaria y justa en la que prime el respeto por los derechos humanos.

Colombia cuenta con una población afro diversa y de una gran riqueza cultural. Los afrocolombianos viven en los valles interandinos, las costas atlántica y pacífica, el Cauca y el Caribe. Allí están las comunidades palenqueras y raizales, descendientes del mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos en las islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.

Ante la grave situación que afrontan las comunidades que habitan en las orillas del río Truandó, el Defensor del Pueblo encabezó en 2018 una misión humanitaria para constatar “in situ” el desplazamiento y confinamiento denunciados por las comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas que habitan la zona. La misión llegó hasta Jagual y Marcial donde se reunió con las autoridades indígenas.

Negret Mosquera, nacido en Popayán el 24 de agosto de 1962, se posesionó como Defensor del Pueblo el 1° de Septiembre de 2016 ante el entonces presidente, Juan Manuel Santos Calderón, comprometiéndose a velar por los menos favorecidos, a visibilizar a los invisibles, a privilegiar la gestión en los territorios y a promover la consolidación de una cultura de derechos humanos para vivir en paz.

El olvido del Gobierno nacional y la corrupción de los políticos locales en la costa pacífica se reflejan en el precario sistema sanitario para 540.000 habitantes que demora el pago a médicos y enfermeras. Chocó lo habitan afrocolombianos, indígenas y colonos que sufren todas las crisis: desplazamiento forzado, grupos armados, pobreza, narcotráfico, minería ilegal, y ahora el coronavirus.