Periodistas de investigación de varios países europeos documentaron con sus cámaras las llamadas "push backs" o "devoluciones forzosas” de migrantes y aspirantes a asilo en cinco lugares diferentes de la frontera entre Bosnia y Croacia. Las grabaciones, realizadas entre mayo y septiembre de 2021, documentaron once casos en los que se expulsó por la fuerza a personas en situación irregular. Más de 140 personas habrían sido deportadas a través de la frontera verde sin que se haya evaluado su derecho a la protección.

Según organizaciones de derechos humanos, en 2020 se produjeron más de 16.000 devoluciones forzadas de migrantes en la frontera croata-bosnia. Recientemente también se han observado incidentes similares en la frontera entre Bielorrusia y Polonia y también se reportan en la frontera entre Turquía y Grecia y en alta mar.

La devolución forzosa de inmigrantes irregulares ha sido criticada por políticos y organizaciones de derechos humanos durante muchos años. "Estas devoluciones son sencillamente ilegales", afirma Gillian Triggs, Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Refugiados. Pero "devolución" es un término político que no está definido en forma clara jurídicamente. La situación jurídica en las fronteras es compleja.

¿Puede un país impedir por la fuerza la entrada a su territorio?

En principio, un Estado es libre de decidir sobre la entrada de ciudadanos de otro Estado. La forma de proteger sus fronteras y, por tanto, de defender su soberanía territorial también está en manos del respectivo Estado, en este caso, miembro de la Unión Europea. El grado de "rigidez" de un régimen fronterizo lo decide el propio gobierno respectivo. Pero, al hacerlo, las autoridades fronterizas deben respetar el derecho internacional. Deben actuar adecuadamente y mantener la proporcionalidad: la acción del Estado no debe violar los derechos humanos.

Sin embargo, no todas las personas que han cruzado ilegalmente las fronteras de un Estado pueden ser devueltas al Estado vecino: la prohibición de la devolución, que ya se mencionaba en 1951 en la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, es un principio globalmente válido, anclado en el derecho internacional. Prohíbe a los Estados devolver a las personas a países en los que corren riesgo de sufrir tortura u otras violaciones graves de los derechos humanos.

¿Qué derechos protegen a quienes cruzan la frontera de forma irregular?

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), firmado por 47 Estados, define la prohibición de la expulsión colectiva en su Cuarto Protocolo Adicional. Sin embargo, los "ilegales” no pueden invocar esta prohibición para impedir su repatriación o para forzar su reingreso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) legalizó, en efecto, las devoluciones a posteriori. Según la sentencia, denunciantes de Malí y Costa de Marfil no podían invocar la prohibición de la expulsión colectiva porque habían utilizado la fuerza y medios irregulares para cruzar la frontera hacia el exclave español de Mellila, en Marruecos, a pesar de que había un paso fronterizo abierto legal.

Mientras que los migrantes que entran ilegalmente solo pueden invocar la prohibición de la expulsión colectiva ante los tribunales, los refugiados, en el sentido de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, tienen una protección legal mucho mayor contra la repatriación mediante la prohibición de la devolución.

Las devoluciones forzosas de solicitantes de asilo que ya se encuentran en el territorio de la UE violan, por tanto, la prohibición de devolución si no se ha evaluado su derecho individual a la protección. "En el momento en que alguien llega al territorio de un Estado miembro de la UE, la persona en cuestión tiene derecho a presentar una solicitud de asilo, que debe ser revisada", explica el experto en derecho marítimo de Hamburgo Alexander Proelß.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y los principales expertos en derecho internacional asumen ahora también que la prohibición de la devolución surte efecto directamente en la frontera, aunque la persona no haya llegado aún al territorio de la UE.

Caso especial de retroceso en alta mar

En el caso de las devoluciones en el mar, la distancia a la costa juega un papel importante. Por regla general, la soberanía de un Estado termina a doce millas náuticas de su propia costa. Si los guardacostas obligan a las embarcaciones de refugiados a dar la vuelta en alta mar fuera de esta zona -como ha ocurrido varias veces en el pasado-, probablemente no se trate de una violación de la prohibición de devolución. No obstante, todos los capitanes están obligados a prestar asistencia si una embarcación se encuentra en peligro en el mar.

La entrada en la Unión Europea puede seguir siendo denegada a quienes buscan ayuda. "El derecho marítimo internacional no obliga a que el Estado al que se aproxima después, por ejemplo, Italia o Grecia, deba tolerar que la gente pueda desembarcar allí", explica el jurista Proelß. Ya sea en el mar o en tierra: solo unos pocos de los afectados por las devoluciones forzosas acaban teniendo los medios y la fuerza para emprender acciones legales contra su rechazo.

(jov/er)