A pesar de los últimos nubarrones sobre el horizonte del 23 de marzo, éste sigue siendo el plazo tentativo para por lo menos culminar los diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano. Después de esto, en junio o julio podría estarse firmando el acuerdo final.

“Creo que la tensión de estos días es fruto de que se está en la recta final para lograr los acuerdos. Para conjurar la opción remota de interrumpirlos, lo que hay que recordar es el compromiso mutuo de no levantarse hasta que se logre el acuerdo final”, explica a DW en Bruselas Enrique Santiago, asesor jurídico de las negociaciones en La Habana. En Bruselas, Santiago presentó, desde el punto de vista de las FARC, el estado y los desafíos de las negociaciones actualmente.

Líneas rojas

A punto de retomar la negociación de los dos puntos faltantes –fin del conflicto y mecanismos de refrendación de los acuerdos-, el gobierno colombiano hizo públicas sus líneas rojas, sin cuyo cumplimiento quedaría demostrado que las FARC “no están listas para la paz”.

Las líneas rojas del gobierno son cese el fuego definitivo, un cronograma para la dejación de las armas con verificación de la ONU, no beneficios jurídicos para las FARC mientras estén armadas, y definición de zonas de concentración de los exguerrilleros sin población civil.

Sin embargo, “las ocho zonas que se han acordado para la concentración de los guerrilleros son zonas históricas de influencia de las FARC”, explica Santiago. Además son zonas donde población civil y guerrilla han convivido por años.

Suponiendo que se llegase con bien a la firma del acuerdo final, no habría desplazamiento de excombatientes. “Ahí han estado siempre, no habrá traslado de un lado al otro del país. Van a estar en sus comunidades de origen, en donde han estado desde hace 50 años”, explica Santiago. “Para iniciar su reincorporación a la vida civil, lo que hay que asegurar es que esas zonas sean efectivamente de paz”.

Experiencias pasadas

“En 1984, bajo el gobierno de Belisario Betancourt, después de unos diálogos de paz se les permitió a las FARC crear una fuerza política. Se creó la Unión Patriótica (UP). Sin embargo, que el propio gobierno las estigmatizara llevó a que en las regiones donde tenían fuerza –Antioquia, Arauca y Caquetá- se hicieran grandes masacres de miembros de la UP. Concejales, diputados, senadores, alcaldes fueron asesinados. Fueron más de 5000. El proceso por genocidio político aún no acaba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, cuenta por su parte a DW Hugo Orejuela, de la organización Constituyentes por la Paz. Miembro de la UP, Orejuela llegó a Europa hace 22 años, exiliado.

“Una de las mayores preocupaciones en este momento es la falta de garantías de que no vaya a repetirse la historia, se sigue persiguiendo al movimiento social de oposición”, dice Orejuela, periodista de la radio Air Libre de Bruselas.

¿Temores fundados?

“El riesgo es alto”, responde Santiago. “Porque las organizaciones paramilitares, sus redes de apoyo y financiación siguen existiendo”, añade. Cabe resaltar que en este controvertido tema, ambas partes negociadoras han cedido. De negar su existencia, el gobierno colombiano ahora habla de organizaciones sucesoras del paramilitarismo (las que fueron oficialmente desmovilizadas a partir de 2005 bajo el gobierno de Álvaro Uribe).

Por su parte, “las FARC han pasado de una posición inicial de decir “no habrá acuerdo final hasta que no se desmantele el paramilitarismo” a decir “no habrá acuerdo final hasta que no se aprueben políticas eficaces para desmantelar el paramilitarismo”, explica el abogado español.

Desde el punto de vista de las FARC, “en función del paulatino cumplimiento de esto –las fuerzas paramilitares no se acabarán de la noche a la mañana- se abordará la dejación de armas”, añade Santiago, recordando que el proceso de entrega de armas en el conflicto en Irlanda del Norte tomó ocho años.

Así las cosas, el cronograma preciso de dejación de las armas –con verificación internacional de la ONU y la CELAC- parece un punto sumamente difícil, pues si la línea roja del gobierno colombiano es la dejación de armas para que luego los exguerrilleros sean protegidos por las amnistías que se prevén, las experiencias del pasado hacen que las FARC exijan, primero, garantías de que una vez desmovilizados y en zonas definidas no vayan a ser eliminados paulatinamente.