Clasificación de los coches según las emisiones, apagado automático, NOx, limpieza de gases de escape… Para todos los que no están en el tema, no es nada fácil entender este debate tan acalorado que se libra en Alemania. Ni siquiera el hecho de que en el país circulen 15 millones de autos diésel sirve como explicación. Aparentemente, en el país del automóvil existe una cooperación corporativa entre la industria del automóvil y la política que va más allá del trabajo clásico de los lobistas. Hasta hace poco, ambas partes parecían ir en una misma dirección: hacia los coches limpios. Pero, como demostró el dieselgate, en algún momento se equivocaron de rumbo y comenzó el fraude. ¿Era la única forma de cumplir con los cada vez más estrictos controles de emisiones?

La amenaza de la prohibición

La consiguiente pérdida de confianza de los consumidores y la política ha sido inmensa. La canciller Angela Merkel, actualmente de vacaciones, anunció antes del primer "Foro Nacional del Diésel" que la industria tenía que ser "honesta". Pero la presión viene también por otro lado. En 28 regiones alemanas, la calidad del aire es tan mala que tendrán que pensar en medidas estrictas más allá de los planes limpieza de los ayuntamientos. Por ejemplo, la justicia de Stuttgart y Düsseldorf amenaza con la prohibición de circulación para vehículos diésel, algo que sería un gran desastre para la relación entre los electores y la política. Precisamente, en tiempo de campaña electoral.

Por otro lado, en Berlín se produjo en gran encuentro entre la esfera política, la industria y las asociaciones. Al final, hablaron dos ministros, tres presidentes de estados federados y tres presidentes de consejos de administración. Y, como conclusión, parece que hubiesen apalabrado su valoración sobre esta eterna discusión: "un primer paso".

Más autobuses eléctricos

Al final se acordaron tres medias. 5,3 millones de vehículos diésel recibirán actualización gratuita del software de control del motor por parte de los fabricantes. En total, costará alrededor de 500 millones de euros. Así se podrían reducir hasta en un 30% las emisiones de óxido de nitrógeno. Los propietarios de vehículos VW, Daimler y BMW en otros países de la UE podrán solicitar voluntariamente esa actualización en sus talleres. La política se mostró ligeramente molesta porque las empresas extranjeras participantes en la cumbre no se mostraron dispuestas a cargar con los costes de tales medidas. Sobre todo, porque la discusión sobre el diésel fuera de Alemania es otra muy distinta.

En segundo lugar, se creará un fondo de 500 millones para promover conceptos de movilidad más respetuosos con el medio ambiente en ciudades contaminadas. "Autobuses, taxis y otros vehículos que circulan constantemente por la ciudad tendrán que optar rápidamente por el coche eléctrico", dijo el ministro de Transportes, Alexander Dobrint. 

En tercer lugar, las marcas tendrán que apoyar la compra de coches diésel más modernos. Esa medida generará grandes costes para la industria, pero así  los modelos "sucios" desaparecerán de las calles. El director de BMW, Harald Krüger, habló de 2.000 euros, pero sus colegas de VW y Daimler, Matthias Müller y Dieter Zetsche, no quisieron dar cifras concretas. Según la ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, no habrá dinero por parte del estado. Para eso hay dinero de los constituyentes.

El diésel continúa en la calle

Tanto Dobrint como Hendricks valoraron positivamente la cita hablando de una nueva "cultura de confianza" entre la industria del automóvil y la política. Sin embargo, otros observadores consideraron el resultado como insuficiente, porque había otras medidas que no se trataron. Por ejemplo, Hendricks exigió el fin de semana pasado una mejora del hardware, pero para los tres fabricantes presentes en la cita eso sería inviable. 

Winfried Kretschmann, primer ministro de Baden-Wurtemberg y único político de Los Verdes que preside un estado federado, calificó la cita como un paso para salir de la crisis de confianza. Él espera que, por lo menos, se hayan logrado el objetivo mínimo de impedir las prohibiciones. Sin embargo, también matizó que el resultado no es para nada suficiente pensando a largo plazo.