A pesar del resultado de la última cumbre sobre cambio climático celebrada en Belém(Brasil), COP30, el pasado mes de noviembre, el mundo celebró ayer lo que hace una década fue considerado como un hecho histórico: el 12 de diciembre de 2015 se adoptó el ‘Acuerdo de París' con el objetivo de poner freno a las emisiones de dióxido de carbono y limitar la temperatura global para evitar las peores consecuencias de la crisis climática.

“Aunque haya habido un estancamiento en el progreso debido a la falta de liderazgo y colaboración, sobre todo por países desarrollados como Estados Unidos, el multilateralismo, la comunicación y el buscar áreas de colaboración siempre son mejores que la ausencia de estos”, asegura a DW Ramón Cruz, experto en políticas climáticas. Por ello, “el proceso de la Convención marco de la ONU continúa siendo un escenario relevante para los actores que quieren contribuir al tema”, agrega el también expresidente de Sierra Club.

Según Ingrid Hausinger, directora de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll, “el Acuerdo de París empujó avances reales en la arquitectura pública de América Latina y el Caribe, fomentando la creación de leyes marco de cambio climático, planes nacionales y sectoriales, sistemas de medición y arreglos interinstitucionales que antes no existían o eran muy débiles”.

Existen diversos ejemplos en la región. “En los primeros años Argentina fue avanzando en términos normativos y también en la elaboración de distintos planes”, dice a DW Camila Mercure, coordinadora del área de Política Ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) apuntado a la elaboración y aprobación en 2019 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Además de este avance, Mercure subraya la elaboración de un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para cumplir con los compromisos internacionales de Argentina para 2030. “En esos años empezó a verse un avance y una priorización de la agenda ambiental y climática”, considera Mercure.

Para Felipe Fontecilla Gutiérrez, Coordinador de Desarrollo e Impacto ONG Uno Punto Cinco en Chile, “el Acuerdo de París marcó un punto de inflexión acelerando la elaboración de nuestro marco climático moderno: la Ley Marco de Cambio Climático (2022), el compromiso de neutralidad de carbono al 2050, planes sectoriales obligatorios y metas de adaptación que hoy son política de Estado”. “También aceleró decisiones clave como el cierre progresivo de las centrales a carbón, la expansión de las energías renovables y la integración del cambio climático en políticas territoriales, hídricas y de biodiversidad”, detalla a DW.

Un papel particular

“América Latina ha mostrado comportamientos diferenciados en relación al cumplimiento del Acuerdo de París”, considera a DW Manuel Pulgar Vidal, líder global de Clima y Energía de WWF Internacional. “Cumple con los elementos formales: en muchos casos ha preparado su contribución nacionalmente determinada (NDCs, por sus siglas en inglés), en algunos casos muy concretos la ha actualizado con algo más de ambición, pero en pocos casos está cumpliendo sus metas”, añade el expresidente de la COP20 de Lima.

Para Alejandro Alemán, coordinador de la red de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana CANLA, “los cambios derivados de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París en las políticas y presupuestos de los países de la región han sido modestos”.

“La implementación de los compromisos voluntarios reflejados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, dependen en gran medida de la disponibilidad de financiamiento climático externo”, recuerda a DW Alemán, subrayando que dichos aportes y compromisos financieros deben ser realizados por los países más industrializados, los cuales “tienen la mayor responsabilidad histórica en la generación de la crisis climática”.

 “Los países industrializados han construido su riqueza en gran medida a partir de sistemas productivos basados en la quema irresponsable de combustibles fósiles. En tanto éstos no asuman su responsabilidad con la reducción de sus emisiones, es poco probable que países de ingresos bajos y medios, que enfrentan severos problemas sociales, lo hagan”, afirma el vocero de CANLA.

En este sentido, Hausinger, lamenta que a pesar de que el tratado internacional “ordenó metas y procesos, no garantizó flujos suficientes, y hoy cerca del 70 % del financiamiento climático que llega a América Latina y El Caribe lo hace en forma de préstamos, profundizando la carga de deuda”.

Para la directiva alemana, el Acuerdo de París “ha influido más en el cómo se gobierna el clima en la región que en el cómo se transforma su modelo de desarrollo” ya que “en la práctica, muchos de estos progresos normativos no se han traducido en reducciones sostenidas de emisiones ni en cambios profundos de los modelos productivos”.  

Una cuestión de reducción de emisiones

Así, aunque América Latina y el Caribe aporta entre el 7 % y el 9 % de las emisiones globales de dióxido de carbono, “sigue incrementando las emisiones, incluso desde la suscripción del Acuerdo de París, y ello fundamentalmente se debe, a la dependencia de combustibles fósiles”, denuncia Pulgar-Vidal.

Para María Alejandra Riaño, líder de Política de The Nature Conservancy América Latina, “el avance en reducción de emisiones de dióxido de carbono es heterogéneo” y  “muestra la dirección correcta” que están llevando a cabo países como como México, que en la pasada cumbre del clima presentó su plan nacional, en el que “fija por primera vez un tope absoluto de emisiones al 2035” y Barbados “que destaca en el Caribe con una NDC que fija una reducción del 45 % de emisiones al 2035 y avanza hacia electricidad 100 % renovable respaldada por financiamiento innovador”.

“La incorporación de energías renovables ha crecido en América Latina”, concuerda el expresidente de la COP20, apuntando a otras acciones en la reducción de emisiones, como la de las tasas de deforestación, “aunque de manera muy modesta”, y la inversión en energías no convencionales “como puede ser el hidrógeno verde y otras equivalentes”.

Aunque los avances en reducción de emisiones en la región se concentran, mayoritariamente, en el sector eléctrico, debido a la expansión de energías renovables con países como Costa Rica, Chile y Colombia en la delantera, los más rezagados “siguen siendo la transformación del sector agrícola y la protección y restauración de ecosistemas”, apunta a DW la directora de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll. En esta parte de la región “la incapacidad de desacoplar desarrollo económico, energía y uso del suelo limita cualquier trayectoria clara de descarbonización”, lamenta Hausinger, recordando que, ante la ola de negacionismo climático en la región, debido al aumento de gobiernos de derecha, “el principal reto para la acción climática en el contexto actual no es técnico, sino profundamente político”.

(lgc)