Esta semana se cumple una década del golpe de Estado en Egipto. El 3 de julio de 2013, liderados por el jefe de las Fuerzas Armadas egipcias, el general Abdulfatah al Sisi, los militares destituyeron al primer presidente del país elegido democráticamente, Mohamed Mursi, por no lograr crear "un consenso nacional".

En aquel momento, los militares dijeron que no tenían ningún interés en conservar el poder político y que facilitarían el retorno a un gobierno civil democrático. Pero, una década después, al Sisi ha reforzado su poder. Y, en muchos aspectos, la situación de los egipcios de a pie es peor que nunca.

La economía está en crisis, lastrada por la deuda externa, con una inflación galopante y una moneda que se ha depreciado casi a la mitad. Se calcula que un tercio de los 105 millones de egipcios viven en la pobreza, mientras la más poblada de las naciones árabes vende o arrienda activos de propiedad estatal, como Telecom Egypt, el transporte público o los puertos, para financiar sus obligaciones de deuda externa.

Al mismo tiempo, periodistas independientes y activistas antigubernamentales han sido hostigados o arrestados. Según testimonios recogidos por el sitio web de periodismo de investigación Coda Story, oficiales militares detienen a personas en la calle, revisan sus teléfonos y los arrestan si descubren que publicaron o reaccionaron a publicaciones críticas -incluidas bromas- sobre el Gobierno o el Ejército egipcio en redes sociales. 

Egipto se ha convertido en un líder mundial en la pena capital y nuevas leyes, incluida una que obliga a las ONG a registrarse ante el Estado, han reducido aún más el espacio para la sociedad civil o el activismo.

Se necesita un enfoque más equilibrado

En este contexto, observadores afirman que países vecinos y aliados occidentales han adoptado un enfoque desigual de los asuntos egipcios. Consideran que los problemas económicos de Egipto se mencionan con regularidad, mientras que el historial de derechos humanos del país, grave y en rápido empeoramiento, recibe mucha menos atención.

A principios de 2022, más de 170 miembros de varios parlamentos nacionales en Europa escribieron una carta abierta a sus principales diplomáticos y embajadores ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pidiendo que se creara un órgano especial para vigilar el deterioro de la situación de los derechos humanos en Egipto.

"Estamos muy preocupados por la persistente incapacidad de la comunidad internacional para tomar medidas significativas para abordar la crisis de derechos humanos en Egipto", escribieron los representantes.

¿Cómo se sale Egipto con la suya?

Según Timothy Kaldas, subdirector del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio, son varios los factores que explican este panorama.

Situado en la encrucijada entre África, Asia y Europa, Egipto tiene una ubicación geográfica de gran importancia estratégica. Su población y su Ejército de gran tamaño han sido considerados a menudo como importantes fotalezas de la nación. El país también tiene una larga tradición de confrontar a diferentes aliados internacionales.

"Así, cuando Egipto se ve presionado por los Estados del Golfo, puede recurrir a Estados Unidos, y cuando la presión procede de allí, puede recurrir a Francia", señala Kaldas.

Este economista político también añade que, a pesar del autoritarismo de al Sissi, Egipto ha sido un país relativamente estable en Oriente Próximo, especialmente si se compara con lugares como Siria o Yemen. No obstante, ninguna de esas razones es en realidad excusa suficiente para no decir nada sobre los derechos humanos en Egipto, sostiene.

"El problema es que los Estados occidentales no suelen darse cuenta de la miopía de su planteamiento", afirma Kaldas. "No es tanto que estén consiguiendo estabilidad a cambio de mirar hacia otro lado ante las violaciones de los derechos humanos. En realidad, las violaciones de los derechos humanos están contribuyendo directamente a la inestabilidad económica de Egipto".

(aa/rml)