Este lunes (14.09.2015), la Secretaría de Gobernación de México informó en un comunicado que el año pasado se había registrado la tasa de homicidios más baja desde 2008. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2014 se contabilizaron 16 homicidios por cada 100.000 habitantes en el país, lo cual representa una caída del 27 por ciento con respecto a 2012. A finales de ese año, cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, la tasa de homicidios era de 22 por cada 100.000 habitantes.

Patricia de Obeso, representante del Instituto para la Economía y la Paz México (IEP), confirma la tendencia a la baja. Para la elaboración del Índice de Paz México 2015, el think tank analizó y comparó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como del SNSP. Si bien la curva descendente es la misma, de Obeso explica a DW que últimamente han constatado mayores discrepancias entre las cifras absolutas reportadas por cada uno de los organismos. “Hemos observado que se reporta el número de homicidios por averiguación previa (por ejemplo: de fosas) y no por número de cuerpos encontrados”, dice la experta.

La tasa de homicidios por 100.000 habitantes es un indicador internacional utilizado por la ONU. En el comunicado de la Secretaría de Gobernación también se destaca que en 2014 esta tasa fue menor en México a la registrada en otros países latinoamericanos como, por ejemplo, Honduras (90,4), Venezuela (53,7), El Salvador (41,2), Guatemala (39,9) y Colombia (30,8).

¿Menos asesinatos a manos de los cárteles?

Asimismo, llama la atención que, de acuerdo con los datos del SNSP, hayan disminuido los asesinatos vinculados al crimen organizado. De las 19.669 muertes violentas que se registraron el año pasado, 6.803 estuvieron relacionadas con la delincuencia organizada. En 2012, los asesinatos a manos del narco ascendían a 14.859.

Según la representante del IEP México, “una de las hipótesis por la cual esto ha sucedido es porque el crimen organizado ha optado por crímenes de menor perfil como las extorsiones y los secuestros en lugar de los homicidios y el fuego abierto”.

Por su parte, Carlos Zazueta, investigador para México de Amnistía Internacional, señala que “no hay una metodología clara de cómo se decide si un homicidio u otro evento violento está relacionado con el crimen organizado”, y añade que en general la sociedad civil mexicana es escéptica respecto a las cifras oficiales.

Alto costo de la violencia

“Es claro que la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto para abordar la violencia en el país no ha dado resultado. La violencia continúa cobrando víctimas en todos los estados”, dice Zazueta.

El investigador critica en duros términos que los propios agentes de distintos cuerpos policiales sean sospechosos de haber estado involucrados en casos de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, como la masacre de 22 personas en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, la ejecución de seis personas en el marco de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o la masacre de al menos 16 personas en Apatzingán, el 6 de enero de 2015. “La violencia que el Gobierno debería evitar incluye la desplegada por sus propios agentes del orden”, sostiene.

El Instituto para la Economía y la Paz México ha calculado que en 2014 el impacto de la violencia le costó a los mexicanos el 17 por ciento del PIB. “Si hacemos un análisis de costo-beneficio, podemos ver que todo lo que se ha invertido en contener la violencia en los últimos años no ha tenido el impacto deseado”, señala de Obeso.