Disputa diplomática entre Chile y Venezuela sube de tono
13 de septiembre de 2016
Caracas acusó a Santiago de interferir en sus asuntos internos por solicitud de información de periodista detenido y cuyo paradero se desconoce.
Imagen: Reuters/Miraflores Palace
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El Gobierno de Venezuela respondió con dureza al Ejecutivo de Chile este lunes (12.09.2016), como consecuencia de una solicitud expresada desde Santiago para conocer el paradero del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, detenido a comienzos de mes en la isla de Margarita tras difundir videos de las protestas que hubo en esa localidad contra el presidente Nicolás Maduro, que fue recibido con cacerolazos por la ciudadanía.
Caracas acusó directamente a Chile de interferir en sus asuntos internos. Esto, luego de que la cancillería chilena exigiera al Gobierno venezolano que dé a conocer “de inmediato” el lugar de reclusión de Jatar. La misma familia del detenido denunció que fue trasladado a una locación desconocida. “Venezuela rechaza el contenido del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile en razón de su inadmisible injerencismo, falsos presupuestos y falta de recato diplomático”, dice la respuesta venezolana.
“El Canciller (chileno) Heraldo Muñoz, en su inamistoso accionar hacia el Gobierno venezolano y desconociendo del sistema constitucional y legal de nuestro país, obedece a presiones de los sectores más reaccionarios de la burguesía pinochetista y la elite internacional, aliada a la derecha golpista venezolana”, agregó el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado.
Esposa no sabe de él
Posteriormente, la cancillería chilena publicó un nuevo comunicado rechazando las acusaciones de injerencia. “Hoy está suficientemente establecido que la promoción y defensa de los derechos humanos no tiene fronteras, es un asunto de legítima preocupación internacional y, de hecho, constituye una conquista de la comunidad internacional”, dice el texto. En la misiva, el Gobierno chileno además denuncia que Jatar no ha podido ver a su abogado por más de una semana.
Aunque la Fiscalía venezolana no se ha pronunciado, el Ministerio de Exteriores de la nación petrolera informó que está siendo procesado por “delitos de extorsión, fraude, legitimación de capitales y contra el orden constitucional y democrático”. Chile advirtió que así, Venezuela “anticipa juicios en relación a las imputaciones formuladas contra el Sr. Jatar, las que, en un sistema democrático de derecho, sólo pueden ser dirimidas en el marco de un proceso llevado a cabo ante tribunales competentes, independientes e imparciales”.
Silvia Martínez, esposa del periodista chileno-venezolano, dijo a CNN Chile que se dirigió con su abogado al juzgado respectivo para comprobar “si es verdad que existe una orden de traslado que debe estar anexada al expediente” y que ella no tiene idea de dónde se encuentra su marido. En tanto, el portal web Reporte Confidencial, donde trabaja Jatar, aseguró que el comunicador fue trasladado a la cárcel “26 de julio”, ubicada en el céntrico estado Guárico.
DZC (Reuters, dpa, EFE)
La crisis venezolana I (ENE – MAR 2016)
El año 2016 comenzó con una guerra de poderes: desde que el oficialismo dejó de ser mayoría en el Parlamento, el Gobierno, que controla casi todas las instituciones del Estado, ha intentado restringir sus facultades.
Imagen: Reuters/C. Garcia Rawlins
Controvertido decreto
El Parlamento (foto) rechazó la prórroga del decreto de emergencia económica del presidente Maduro, emitido el 14 de enero con miras a darle un impulso a la producción nacional. La mayoría opositora en la Asamblea Nacional ya se había negado a otorgarle un “cheque en blanco” al Ejecutivo sin conocer el trasfondo del difuso decreto, pero el Tribunal Supremo terminó declarándolo legal. (18.3.2016)
Imagen: Reuters/C.G. Rawlins
Una meta, cuatro rutas
La “agenda común” de la oposición venezolana evidencia más disenso que concordia. Ésta presentó cuatro estrategias para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro (foto): exigir la renuncia del mandatario, enmendar la Constitución para reducir la duración de los Gobiernos de seis a cuatro años, activar un proceso constituyente y organizar un referendo revocatorio. (8.3.2016)
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Guiterrez
Oposición denuncia “emboscada judicial”
El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia según la cual el Parlamento (foto) carece de facultades para remover a los magistrados de esa corte o interpelar a funcionarios de otros poderes, aún cuando esas son funciones que la Constitución le atribuye. El fallo abrió la posibilidad de anular las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. (1.3.2016)
Imagen: Getty Images/AFP/L. Robayo
Más poder para los militares
Con respaldo del TSJ, Maduro aprobó la fundación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), que puso la explotación de los hidrocarburos en manos de las Fuerzas Armadas sin consulta popular ni debate legislativo previo. La empresa está supeditada únicamente al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (en la foto, a la derecha). (10.2.2016)
Imagen: picture-alliance/dpa/Miraflores Press
Impugnados diputados opositores
Tras refutar los resultados electorales en varias circunscripciones, el PSUV logró que el Tribunal Supremo –dominado por fichas del oficialismo– suspendiera la proclamación de tres diputados indígenas antichavistas (foto) y limitara las facultades de la oposición al reducir su incipiente hegemonía en la Asamblea Nacional, de una mayoría calificada de dos tercios a una de tres quintos. (06.01.2016)
Imagen: Reuters/M. Bello
Prioridades de la oposición
Al inaugurar el período legislativo 2016-2021, el nuevo presidente del Parlamento, el antichavista Henry Ramos Allup (foto), confirmó que la mayoría opositora promulgaría una ley para amnistiar a los presos políticos y tomaría medidas “pacíficas, constitucionales y democráticas” este mismo año para adelantar el fin del Gobierno de Nicolás Maduro, que termina oficialmente en 2019. (05.01.2016)
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Se instala el nuevo Parlamento
En los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015, el partido de Gobierno obtuvo 55 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional y la mayor alianza de formaciones opositoras, 112 curules; una mayoría calificada de dos tercios que le permitiría al antichavismo, entre otras cosas, modificar leyes, designar y remover a autoridades electorales y judiciales. (05.01.2016)
Imagen: Reuters/C.G. Rawlins
Cambios de última hora
El Poder Judicial, que es de facto el brazo ejecutor y normativo del Gobierno de Maduro, fue renovado arbitrariamente por los diputados oficialistas salientes en diciembre, cuando el período parlamentario 2011-2016 ya había culminado y el Tribunal Supremo de Justicia (foto) ya estaba de vacaciones. Los cargos de esos nuevos jueces –todos chavistas– tienen doce años de vigencia. (26.12.2015)
Imagen: Getty Images/AFP/A. Alvarez
El “Parlamento paralelo”
Los diputados salientes, en su mayoría oficialistas (en la foto, Diosdado Cabello), instalaron un “Parlamento Comunal Nacional” que constitucionalistas tacharon de ilegal por constituir una suerte de “Asamblea paralela”. La moción fue respaldada por Maduro, quien prometió darle “todo el poder al Parlamento Comunal” para que fuera “una instancia legislativa del pueblo desde la base”. (15.12.2015)
Imagen: Getty Images/AFP/L. Ramirez
Preludio de una crisis de gobernabilidad
El presidente Maduro prometió aceptar los resultados de los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015; pero tan pronto se constató que la oposición obtuvo la mayoría de las curules (foto), el partido de Gobierno, que controla casi todas las instituciones del Estado, dejó entrever las estrategias legalistas que usaría para restringir las prerrogativas de la Asamblea Nacional. (9.12.2015)
