El conflicto limítrofe gira en torno a la Isla Portillos o Isla Calero, cercana al mar Caribe; un humedal de 3 kilómetros cuadrados protegido por la Convención Internacional Ramsar de 1971 (dedicada a la protección y desarrollo sostenible de ecosistemas híbridos). Ambos países lo reclaman como parte de su territorio, Nicaragua le llama Harbour Head Lagoon, su nombre en inglés.

Aunque la soberanía es de Costa Rica, el humedal en cuestión es parte de una larga disputa entre ambos países por la delimitación de la frontera común. El caso llegó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en 2010, cuando Costa Rica interpuso una demanda por presunta invasión de su soberanía. Nicaragua contestó en 2011 con una denuncia por daños ambientales al río San Juan de Nicaragua, que delimita la frontera natural entre ambos países pero es de soberanía nicaragüense. Los jueces de la CIJ dirimirán ambos casos en un dictamen que se espera a fines de año. Hasta el primero de mayo tienen lugar las últimas audiencias orales de los dos querellantes.

Viejos conocidos en la corte

El jurista argentino Marcelo Kohen, asesor de Costa Rica ante la CIJ, apunta hacia el incumplimiento de un fallo de la CIJ de 2009 por parte de Nicaragua. “Costa Rica y Nicaragua son 'buenos clientes' de la Corte Internacional de Justicia. Estos no son los primeros casos que llevan a La Haya. En 2009 la CIJ emitió un fallo concerniente a la libertad de navegación de Costa Rica en el río San Juan. Era un problema debido a la negativa nicaragüense a aceptar el tránsito de transporte de pasajeros. El tratado de 1858 estableció la soberanía nicaragüense sobre las aguas del río, pero dio un derecho perpetuo de libre navegación a Costa Rica“.

Como Managua no permitía la libre navegación a través del río San Juan, a la que tenía derecho Costa Rica, San José construyó un camino que transita por la margen costarricense del río. Nicaragua argumenta que dicha trocha fronteriza provoca daños al medio ambiente.

Expertos nicaragüenses en Managua, citados por la agencia DPA, señalan que Nicaragua puede sacar provecho de los daños, que aseguran Costa Rica provocó a la navegabilidad del río San Juan, pues dicen que selló uno de los caños de la desembocadura del río.

Kohen destaca que cuando Nicaragua construyó dos nuevos caños en la región que la corte calificó en disputa, la CIJ dictaminó, a pedido de Costa Rica, nuevas medidas provisionales y permitió a este país tomar las medidas necesarias para evitar un perjuicio irreparable al ambiente de la zona. “Solamente Costa Rica puede entrar y por eso procedió a cerrar ese caño que Nicaragua construyó de manera artificial e ilegalmente. No hay nada que afecte la navegabilidad del río San Juan, ni que esté en contradicción con el Laudo Cleveland“, destacó.

La claridad está en los mapas

El jurista recuerda que el estadounidense Edward Alexander fijó de manera precisa la frontera. “Hay mapas hechos por el propio Alexander que muestran con total claridad que la frontera pasa por el lado que Costa Rica afirma. Nicaragua mostraba en toda su cartografía oficial la zona según la versión de Costa Rica, incluso en el caso que la corte falló en 2009. No cabe duda de que ese territorio es costarricense. Se trata de una 'aventura', si me permite la expresión, del Sr. Pastora“, dice. Kohen recuerda que el comandante Pastora, uno de los dirigentes de la contra tras la Revolución Sandinista, actualmente es funcionario del gobierno nicaragüense y está a cargo de lo que llaman el dragado del río San Juan. "Es él y su equipo quienes han construido tres nuevos caños en la zona de la desembocadura“.

Nicaragua mantiene cinco de los seis diferendos que se dirimen en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de los seis que siguen pendientes provenientes de América Latina. En uno de los casos la delimitación marítima en el mar Caribe y el Océano Pacífico vuelve a enfrentar a Costa Rica con Nicaragua. “Hemos presentado nuestra memoria hace un mes y medio o dos. Nicaragua tiene hasta fin de año para presentar su contramemoria. Es probable que habrá una segunda ronda de escritos en 2016. Cabe esperar audiencias para el 2017", destaca Kohen.

Después de un fallo de 2012 de la CIJ sobre los límites marítimos en el Caribe que enfrentaban a Nicaragua con Colombia, Nicaragua pide ahora que se le reconozca una plataforma continental más extendida, más allá de las 200 millas. A ese se suma otro caso por supuestas violaciones de los derechos de soberanía y espacios marítimos en el Caribe. Ambos casos enfrentan a Nicaragua con Colombia.

Bolivia versus Chile

Otro caso que se aguarda con expectación es el reclamo histórico de Bolivia a Chile por un acceso al mar. Del 4 al 8 de mayo tendrán lugar las audiencias, tras lo cual la CIJ decidirá en primer instancia si tiene o no competencia. El presidente Evo Morales entregó personalmente los documentos ante la CIJ en La Haya hace un año.

Los Estados americanos, particularmente los latinoamericanos, son los clientes más frecuentes de la Corte desde sus inicios en 1945. Desde 2001 hasta la fecha, esta región ha presentado 13 disputas ante la corte, casi el doble que Europa, continente que presentó en ese lapso de tiempo siete demandas. Para Kohen es una buena señal que los Estados estén dirimiendo sus disputas en el marco de la legalidad.

Los litigios significan costos para los gobiernos. Según un reporte del diario chileno La Tercera, la demanda contra Chile iniciada por Perú en 2009 costó al Estado chileno unos 4 millones de dólares al año entre abogados, estudios, cartógrafos y asesorías. Considerando que el conflicto se prolongó por cinco años, la defensa chilena costó unos 20 millones de dólares al país. En el caso de la disputa con Bolivia, Chile rechaza la competencia de la CIJ para dirimirla.