Un cambio de paradigma parece imponerse poco a poco en la gestión del trasplante de órganos, tejidos y células en América Latina y el Caribe. En Argentina, una ley sancionada en 2005 y promulgada de nuevo con ajustes importantes el pasado 4 de julio obliga a todo ciudadano mayor de dieciocho años a presentarse ante ciertas instancias públicas para negarse a que partes de su cuerpo sean donadas tras su muerte; quienes no manifiesten su oposición formalmente serán considerados automáticamente como donantes voluntarios al perecer. La normativa en cuestión fue aprobada unánimemente en la Cámara de Diputados; sólo queda pendiente su reglamentación por parte del Gobierno de Mauricio Macri.

Exactamente tres meses antes, el Senado mexicano le dio luz verde a una reforma de la Ley General de Salud que sustituye la figura del consentimiento explícito por la del consentimiento presunto en materia de donación de órganos. Si también la Cámara de Diputados le da el visto bueno, no será necesario que una persona exprese su voluntad de donar mediante un carnet o una carta registrada en una notaría; al contrario, será quien desee que su cuerpo permanezca intacto después de fenecer quien deberá notificarlo oficialmente. Incierto es todavía si la última palabra la tendrán las parejas y los parientes de los difuntos que, en vida, nunca se pronunciaron abiertamente sobre el destino que querían para sus restos.

“Nadie va a ir en contra de la familia”, declaró recientemente Alberto Maceira, presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) de Argentina. Él sabe que al momento de redactar los detalles de la nueva ley tocará despejar resquemores. Muchos de sus compatriotas temen perder el derecho a decidir lo que se hará con los restos de sus seres queridos; en Argentina deja de consumarse el 40 por ciento de las donaciones posibles debido a la renuencia de los familiares, constata el INCUCAI. Otros denuncian que, tal como se prevé organizar el sistema de trasplante, los caminos para negarse a donar serán más estrechos y contados.

Donantes por defecto

“Las dependencias de la Policía federal ya no figuran como canal válido para expresar la oposición. Si ahora se presume que donas, debería haber más canales para poder expresar la negativa. Si no, hay un grupo cautivo que no va a tener la libertad de expresar su opinión”, esgrimió la abogada Ursula Basset, de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, en entrevista con el diario argentino Clarín. Basset aludía a ciudadanos que viven en zonas rurales, desconectados de medios de comunicación e Internet, pero también cabe mencionar específicamente a aquellos con un grado de alfabetización e instrucción limitado que a su vez restringe su capacidad para tomar una decisión libre e informada sobre esta materia.

Convertirse de pronto en donante por defecto es algo que tampoco deja indiferentes a los mexicanos. Varios gremios médicos recomendaron tratar el asunto con tacto para que el principio de la donación presunta no sea visto como una coacción que viene de arriba. Salvador Aburto, director del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), describió la disposición a donar como “el más puro acto de amor, altruismo y generosidad hacia los demás”; pero, en un país como México, cuya tasa de esclarecimiento de asesinatos es inversamente proporcional a su índice anual de homicidios, y donde el acceso a salud, seguridad y Justicia es lo que distingue a pobres de ricos, es difícil que un mensaje como el de Aburto cale.

Más de un mexicano debe estarse preguntando qué criterios prevalecen, aparte de los meramente médicos, para priorizar a un paciente sobre otro a la hora de un trasplante, o a cuántas de las 29.168 personas asesinadas en su país en 2017 les fueron robados la vida, primero, y los órganos, después. Fundadas o no, aprensiones de este tenor cunden en mayor o menor grado en todos los países del mundo. También en Alemania, el país europeo con la menor cantidad de donantes, según la Fundación Eurotransplant: hace una década tenía 16 por cada millón de habitantes y en 2017 contaba con apenas 9,3. El sistema germano de trasplante está 0,7 donantes por debajo de la marca convenida para considerarlo funcional.

Temor al tráfico de órganos

Hace diez años, los medios de Alemania citaban encuestas según las cuales el temor a situaciones quirúrgicas irregulares –a que no se hiciera todo lo posible en los hospitales para rescatar a los pacientes identificados como donantes voluntarios o a que alguno de sus órganos les fuera extraído en vida, por ejemplo– era uno de los factores que inhibían a los ciudadanos de cooperar con el sistema local de trasplante. En 2018, es poco probable que ese recelo haya menguado. Deutsche Welle contactó al presidente del INCUCAI, Alberto Maceira, para conocer su opinión sobre los miedos que pululan en torno a la donación de órganos en Argentina. A su juicio, la sola trayectoria de la institución bajo su mando debería disiparlos todos.

A través de su coordinador de prensa, Pablo Rabotnikof, Maceira afirmó que en el país sudamericano no existía ni el robo ni el tráfico de órganos destinados a la trasplantación. “No hay ni una sola denuncia en la historia jurídica de Argentina alusiva a esos delitos. Se trata de un mito urbano”, subrayó Rabotnikof. No obstante, el especialista en seguridad y desarrollo Robert Muggah sostiene que ambos crímenes constituyen un “verdadero problema” que se observó por primera vez en Argentina y México en las décadas de los setenta y ochenta con niños de la calle como víctimas. Muggah es cofundador del centro de investigaciones brasileño Instituto Igarapé y de su observatorio online de violencia Homicide Monitor.

“Casos de adopciones falsas entre Brasil e Italia arrojaron luz sobre ese tema en los años noventa y una prominente serie de casos de procura ilegal en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, México y Perú que empezó a principios de este siglo sugiere que este negocio es más grande de lo creído previamente. (…) Los perpetradores son una combinación de funcionarios de la salud corruptos, pandillas criminales locales y redes de tráfico internacionales”, asegura Muggah en un correo electrónico al ser consultado por Deutsche Welle. El investigador da por sentado que los casos más escabrosos reportados por la prensa sensacionalista representan una porción muy pequeña del negocio del tráfico de órganos.

Un mercado como cualquier otro

Señalamientos como los suyos vienen siendo rebatidos desde hace años por expertos en trasplantación. Una de ellas, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha comentado en varias entrevistas que su búsqueda de casos comprobables de robo o tráfico de órganos siempre ha sido estéril y que varios médicos cirujanos le han confirmado la inviabilidad de esas prácticas a gran escala. Muggah está consciente de que los trasplantes son operaciones sofisticadas, que demandan procedimientos pulcros, mecanismos de distribución rápidos y complejos estudios de compatibilidad donante-receptor.

Pero, a los ojos del analista del Instituto Igarapé, eso no desalienta a quienes buscan sacarle provecho ilícitamente a este mercado. “La brecha entre la oferta legal de órganos y la demanda de trasplantes es el motor del mercado clandestino. Y las víctimas son, típicamente, los más pobres de los pobres”, alerta Muggah. Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes de España, alegaba lo mismo hace poco, añadiendo que los 126.670 trasplantes que se realizan cada año a escala internacional sólo cubren el diez por ciento de las necesidades, según el Observatorio Mundial de Trasplantes. La Organización Mundial de la Salud calcula que anualmente se realizan 10.000 trasplantes clandestinos alrededor del globo.

¿Qué se puede hacer para poner coto a ese fenómeno? “Obtener estadísticas duras que nos indiquen las dimensiones de ese negocio ilegal es un verdadero desafío; pero eso no ha impedido que los legisladores de algunos países latinoamericanos endurezcan las sanciones contra los traficantes de órganos”, observa Muggah. El pasado 16 de abril, Costa Rica se convirtió en el primer país no comunitario en adherirse al Convenio del Consejo de Europa contra el Tráfico de Órganos Humanos (STCE 216), firmado en la ciudad española de Santiago de Compostela en 2015. Queda por verse si la introducción del principio del donante presunto les pone freno a esos delitos al ampliar considerablemente la cantidad de órganos susceptibles de ser trasplantados.

Evan Romero-Castillo

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