El ‘Informe mundial sobre la protección social 2014-2015: Construir la recuperación económica, el desarrollo inclusivo y la justicia social' destaca que solo el 27% de la población mundial se beneficia del acceso a una seguridad social integral. Es decir, un sistema de protección social durante toda la vida, que incluya el derecho a prestaciones familiares e infantiles cuando el beneficiario es menor, a un subsidio de desempleo, maternidad, enfermedad o invalidez cuando es adulto, un pensión de vejez una vez se ha jubilado, y un seguro de salud toda la vida.

Según el estudio, a nivel mundial, los gobiernos solo asignan el 0,4% del PIB a las prestaciones familiares, con un gasto que oscila entre el 2,2% en Europa Occidental y el 0,2% en África y Asia-Pacífico. "Estas inversiones deberían ser incrementadas, si se considera que cada día alrededor de 18.000 niños mueren y que muchas de estas muertes podrían ser evitadas a través de una protección social adecuada", advierte el texto.

Según este, al menos 122 gobiernos están reduciendo el gasto público en 2014, de los cuales 82 son países en desarrollo. "La justificación de la protección social es todavía más intestable en este periodo de incertidumbre económica, de débil crecimiento y de desigualdad creciente", ha concluido Sandra Polaski, directora general adjunta de la OIT al presentar los datos del informe en Ginebra.

Empleo informal

Sin una base ancha de empleo formal los países nunca podrán ser desarrollados, por lo que se requieren incentivos para hacer "emerger" trabajos y empresas de la economía sumergida, dijo Daniel Funes de Riojo, presidente de la conferencia anual de la OIT en entrevista con Efe durante la conferencia que se celebra en esa ciudad suiza con participación de 4.000 delegados de gobiernos, sindicatos y del sector empresarial de 185 países.

El líder empresarial argentino considera que "de esta conferencia debe salir una decisión de transición, pero no de persecución de la informalidad". "Se trata –continúa– de hacer emerger los empleos y a las empresas hacia la formalización". "El proceso de transformación hay que impulsarlo, con facilidades para el registro (de pequeñas empresas), con impuestos razonables que no opriman ni obliguen a nadie a ir por el otro sendero, además de acceso a la tecnología y financiación", detalla.

"Con visión de libre empresa –concluye–, tengo que decir que, en esto, el rol del Estado es esencial (...) Hay que promover que los microemprendedores informales con potencial se transformen en pequeña empresa".

LGC (EFE / AFP)