Así lo informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH). En su último informe del mes de noviembre, la OCAH advierte de que estos dos millones de personas en situación de emergencia se suman al otro millón que ya padecía esta situación antes de la asonada militar debido a los conflictos internos que desde hace décadas padece el país. 

"La situación humanitaria del país se está deteriorando debido a los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas de Birmania y la Fuerza para la Defensa Popular (PDF) y las organizaciones étnicas armadas", reza el informe de OCAH. 

La agencia de Naciones Unidas se refiere a la milicia PDF, creada por el autodenominado gobierno democrático de Birmania con el objetivo de plantar batalla a los militares y que en las últimas semanas ha intensificado su actividad, al igual que varios grupos armados rebeldes vinculados a minorías étnicas. 

Estos enfrentamientos continuos y la inseguridad  creada en el país han provocado el desplazamiento forzoso dentro del país de al menos 234.000 personas, a las que hay que añadir las que han salido del territorio birmano y las 370.000 personas desplazadas por conflictos anteriores al creado a raíz del golpe de Estado. 

En las últimas semanas son las regiones del estado Chin, Magway y Sagaing las que soportan algunos de los enfrentamientos más crudos, con 12.000 nuevos desplazados entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre. 

Ante esta situación de emergencia, la OCAH ha lanzado una campaña de donación de fondos en 2021 que ha logrado recaudar hasta el momento 195 millones de dólares, algo más de la mitad de los 385 millones de dólares que se ha marcado como objetivo para ayudar a estos tres millones de personas. 

El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido liderado por la depuesta líder Aung San Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales. 

El rechazo popular al golpe de los militares también se ha puesto de manifiesto con protestas a lo largo del país y un movimiento de desobediencia civil que ha conseguido parar a parte de la Administración y del sector privado. 

Al menos 1.275 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 10.000 los opositores detenidos. 

HRW pide a inversores extranjeros que paralicen los pagos a la junta birmana

La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió este viernes (19.11.2021) a los inversores con intereses en empresas como Chevron (EE.UU.), Total (Francia) y POSCO (Corea del Sur) que paralicen los pagos a las compañías estatales controladas por la junta militar de Birmania (Myanmar).

En un comunicado, HRW indicó que estas empresas, así como PTT de Tailandia, participan en proyectos de explotación de gas natural que generan alrededor de 1.000 millones de dólares (unos 880 millones de euros) anuales para los militares birmanos que controlan el país desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.

La ONG indicó que el mes pasado escribió a algunos fondos de inversión con participación en Chevron, Total o Posco como Blackrock, State Street y Vanguard, así como a JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon, Fisher Asset Management y Dimensional Fund Advisors. 

En las cartas, HRW alertó del detrimento de la reputación y los riesgos financieros de los inversores y les propuso formas de dejar de realizar pagos sin paralizar el suministro de gas al país.

"Los inversores deben actuar ya para ayudar a bloquear los ingentes pagos que se realicen ahora a la brutal junta militar", señaló el responsable de campañas de HRW en Asia, John Sifton, que acusó a la junta de cometer crímenes contra la humanidad, asesinatos y tortura.

"La junta es muy dependiente de los ingresos extranjeros en dólares estadounidenses de la minería y el gas, y las nuevas formas de bloquear los pagos pueden ser la única manera de cambiar su comportamiento", agregó Sifton.

HRW afirmó que las compañías con contratos en Birmania como Chevron o Total tienen poco margen de maniobra para paralizar los pagos, pero precisó que esto es factible si hay sanciones impuestas u otro tipo de regulaciones financieras.

La ONG recordó que los fondos de inversión también deben cumplir con la defensa de los derechos humanos según los principios de la ONU para las buenas prácticas de las empresas.

Varias potencias, como la UE, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han aprobado en los últimos meses paquetes de sanciones selectivas dirigidas contra los intereses económicos de los militares birmanos.

Sin embargo, hasta el momento no se han aprobado sanciones contra Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), la empresa estatal que gestiona la explotación de gas y petróleo en el país.

CP (efe, HRW)