El ahora congresista abandonó su esquema de seguridad durante una visita a una zona de reinserción de exguerrilleros en el norte del país, creada en virtud del histórico pacto de paz suscrito en 2016 entre el gobierno y entonces grupo rebelde.

El mandatario colombiano aseguró que Santrich violó los protocolos de la Unidad Nacional de Protección. "Si pretende eludir la justicia de Colombia y burlarse de ella aquí estará el Estado de derecho para hacerse respetar", declaró Duque a medios en la ciudad de Villavicencio (centroeste). "Seremos implacables con quienes estén en la reincidencia", agregó.

Su esquema de seguridad, conformado mayoritariamente por personas de confianza del partido FARC, como parte de lo pactado en la Habana, aseguró que encontraron una carta en la habitación de Santrich este domingo (30.06.2019), según la cual el exlíder rebelde estaría con su hijo menor en Valledupar. Las autoridades están verificando la autenticidad del documento.

Presuntos cargos de narcotráfico

El exnegociador de paz tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia por presuntos cargos de narcotráfico, por los cuales es requerido en Estados Unidos.

Seuxis Paucias Hernández -nombre legal de Santrich- deberá asistir a una audiencia indagatoria el 9 de julio ante alto tribunal, que asumió la competencia de investigarlo, al reconocerle su condición de congresista por el partido surgido del acuerdo de paz con la exguerrilla comunista.

Desde su partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), le pidieron "reafirmar con su presencia (...) los compromisos adquiridos" en el pacto de paz y le recordaron que "si algún militante decide ponerse al margen del proceso" o delinquir debe "asumir las consecuencias".

Santrich, de 52 años y con una aguda deficiencia visual, ha defendido su inocencia frente a las sospechas de narcotráfico y asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y la fiscalía colombiana.

Revuelo político y judicial en Colombia

En abril de 2018 fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos por delitos presuntamente cometidos después de que firmara la paz en noviembre de 2016. La Corte Suprema dictó su excarcelación y asumió el expediente.

El caso ha generado un revuelo político y judicial en Colombia, profundamente dividida por el pacto que puso fin a medio siglo de enfrentamientos con los rebeldes marxistas.

Apoyado por la ONU, el acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes prevé beneficios penales para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Sin embargo, deja sin efecto el blindaje contra la extradición para quienes hayan reincidido tras la entrada en vigor de los compromisos de paz.

El presidente de derecha Iván Duque asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de modificar el acuerdo de paz, por considerarlo blando con los insurgentes.

rml (afp, semana,com, elespectador.com)

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