Leila de Lima, una destacada senadora y principal opositora del presidente filipino, Rodrigo Duterte, fue arrestada este viernes (23.02.2017) por cargos relacionados con el narcotráfico. De Lima se entregó voluntariamente a la Policía tras pasar la noche en las oficinas del Senado en Manila, la capital de Filipinas. "No tengo la intención de huir de los cargos en mi contra", dijo a los reporteros tras la orden de detención. "No tengo la intención de ocultarme porque quiero enfrentar el proceso", agregó.

De Lima se entregó a las 8.41 hora local (0.41 GMT) acompañada de sus abogados y políticos cercanos, y entre una nube de periodistas que transmitieron en directo la acción. Allí aprovechó para defender de nuevo su inocencia ante las cámaras. "Es un honor ser encarcelada por la causa que defiendo", expresó De Lima, tras autodefinirse como una "prisionera política" y asegurar que "la verdad saldrá a la luz en el momento oportuno". Ella mantiene que el Gobierno ha manipulado pruebas y testigos para incriminarla. Fue traslada a la jefatura de Policía Nacional donde será sometida a un chequeo médico y otros procedimientos de rutina antes de que sea detenida.

El jueves, una corte de la ciudad de Muntinlupa, cerca de la capital, emitió la orden de detención apenas días después de que se presentaran los primeros cargos. La acusación se basa en declaraciones de presos que aseguraron haber pagado millones de pesos a De Lima cuando era ministra de Justicia para poder seguir traficando con drogas desde la cárcel y recibir trato de favor, como vehículos de golf para trasladarse por el recinto penitenciario o la celebración de conciertos.

La abogada y activista de derechos humanos, de 57 años, fue ministra durante el mandato del antecesor de Duterte, Benigno Aquino, de 2010 a 2015. La orden de arresto emitida por la juez Juanita T. Guerrero incluye, además de a la senadora, a su exguardaespaldas y su chófer.

La senadora se enfrenta a los cargos de soborno indirecto, violación de la ley anticorrupción y violación del artículo relativo a la "venta, comercio, administración, dispensación, entrega, distribución y transporte" de drogas ilegales. Solo este último cargo contempla para los infractores penas de entre 12 años de cárcel y cadena perpetua, así como multas de entre 500.000 pesos (9.300 euros o 10.000 dólares) y 10 millones de pesos (187.000 euros o 200.000 dólares).

La organización Human Rights Watch (HRW) sostiene la versión de la senadora y la semana pasada exigió a las autoridades filipinas la retirada de los cargos de corrupción al considerar que son una "venganza" por sus ataques a la campaña antidroga de Duterte que ha dejado más de 7.000 muertos en siete meses.

LGC (dpa/EFE)