El ente acusador señaló por Twitter que, tras investigaciones y con el apoyo de la Policía, "fueron detenidos Paola P., Christian G, y Pablo D." El anuncio se conoció pocas horas después de que el Gobierno y los dirigentes indígenas llegaran a un acuerdo que puso fin a once días de protestas en distintas partes del país, contra el alza del precio de los combustibles y otras medidas de ajuste, y mientras el país recuperaba cierta normalidad, por ejemplo, en el funcionamiento del transporte. 

Pabón: "Ser oposición no puede ser delito"

Según la Fiscalía, "en los allanamientos, se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación". Y añadió que la casa del exasambleísta Virgilio Hernández, otro coideario de Correa, también fue allanada.

Por su lado, igualmente en su cuenta de Twitter, la prefecta de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, denunció: "Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma".

En redes sociales circula un vídeo del momento en que se detiene a Pabón en el que reclama la forma en que las autoridades ingresaron en su domicilio y denuncia visiblemente molesta que "esta es la represión del Gobierno de (Lenín) Moreno, este es el famoso Estado de derecho, esta es la paz que le proponen a Ecuador".

"Esto es una afectación a los derechos humanos, esto es persecución política. Mi único delito es ser militante de la Revolución Ciudadana", anotó Pabón en referencia a la agrupación política afín al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), quien vive en Bélgica.

Romo: "Usted tiene que responderle a Quito"

En días pasados, Pabón y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, intercambiaron mensajes vía Twitter en momentos en que el Ejecutivo achacaba los actos de violencia en las protestas a gente cercana a Correa.

"Usted y su Gobierno, me han acusado sin pruebas, en el momento que la Fiscalía Ecuador requiera, estaré dispuesta a dar mi versión, no le tengo miedo a su régimen de represión y persecución. El que nada debe nada teme", le dijo Pabón a Romo. Y la ministra respondió: "Así será. Usted tiene que responderle a Quito, a Pichincha. La prioridad es recuperar la paz y la normalidad para todos y luego tendremos tiempo para probar el terrible papel que ha jugado creando caos y terror".

Moreno y su antecesor y exaliado Correa mantienen una pugna que llevó a la crisis al oficialismo, que gobierna desde 2007. El expresidente se desafilió en 2018 del movimiento oficialista Alianza País, por el cual fue elegida Pabón, e impulsó la creación de un ala denominada Revolución Ciudadana, que aun no ha sido reconocida por el Consejo Nacional Electoral.

Moreno: "plan de desestabilización" de Maduro y Correa

En medio de una crisis social originada por protestas lideradas por los indígenas contra las medidas de ajuste del Gobierno, Moreno acusó hace una semana a Correa y Maduro de querer desestabilizar a su Gobierno. 

"El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización", dijo el jefe de Estado, añadiendo que Correa y varios de sus allegados, entre ellos Pabón y Hernández, viajaron "al mismo tiempo, hace pocas semanas, a Venezuela", poniendo en duda que eso haya sido una "coincidencia". Correa y Maduro, por su parte, se burlaron de estos señalamientos.

Entretanto, la asambleísta Gabriela Rivadeneira, otra partidaria de Correa, se refugió el sábado en la embajada de México en Quito, según indicara el Gobierno de esa nación. Tras comenzar las protestas por la eliminación de subsidios, que originó alzas de hasta 123% de los combustibles, Rivadeneira había pedido al Parlamento que convocase una sesión extraordinaria para resolver la "destitución del presidente Moreno" y el "adelanto de elecciones", lo que fue compartido por Correa.

Un acuerdo negociado el domingo por Moreno y la dirigencia indígena puso fin a la crisis social, que dejó siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos de acuerdo con el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. Y el Gobierno se comprometió a derogar el decreto presidencial que eliminó los subsidios a combustibles, junto a otras medidas de ajuste popularmente llamadas en conjunto como „el paquetazo".

rml (efe, afp)

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