En la cárcel de la ciudad portuaria de Guayaquil murieron esta semana más de 100 personas en guerras entre bandas. No se trata de un caso aislado. Las prisiones superpobladas y el personal corrupto son un problema conocido.

Según el jefe de la policía de Guayaquil, la intervención de unos 400 efectivos de las fuerzas de asalto evitó algo peor. Pero para entonces, la lucha entrebandas rivales ya se había cobrado al menos 116 vidas. Más de 80 personas resultaron heridas, entre ellas dos policías. Seis víctimas fueron decapitadas, pero la mayor parte fueron asesinadas con armas de fuego y granadas, según la policía.

En estado de emergencia permanente

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en todas las cárceles del país durante 60 días para evitar que la violencia se extienda.

Ya en febrero, grupos hostiles se enfrentaron simultáneamente en cuatro prisiones. En ese momento, 79 personas fueron masacradas, mutiladas con cuchillos, machetes y motosierras. En julio, 22 presos murieron en motines en las cárceles de Guayaquil y Cotopaxi. Según el presidente Lasso, el año pasado murieron 103 reclusos, y este año han muerto más de 300.

Hacinamiento y recorte de recursos

Para Lasso, que asumió la presidencia en mayo, la creciente violencia entre los presos es un problema heredado. La población penitenciaria de Ecuador se ha triplicado desde 2010. Aunque también se han construido prisiones, actualmente hay unas 40.000 personas en celdas construidas para 33.000 reclusos.

Los 40.000 prisioneros están custodiados por solo 1.500 oficiales. Aunque el número de presos siguió aumentando, el gobierno recortó el presupuesto de la autoridad penitenciaria del SNAI de 153 millones de dólares en 2017 a 88 millones en 2020.

Plan de acción para el sistema penitenciario

Tras los incidentes de finales de julio, Lasso despidió al jefe del SNAI y lo sustituyó por el coronel de la reserva Fausto Cobo. Ya en agosto, Cobo presentó un plan de acción para mejorar la situación: a corto plazo, los presos deben ser reubicados y las cárceles deben ser inspeccionadas más estrictamente en busca de armas y objetos ilícitos. A medio plazo, los dispositivos de seguridad, como los escáneres corporales, debían ayudar a detener el contrabando de armas.

A largo plazo, Cobo quería invertir en infraestructuras y equipamiento para el personal de la prisión. Y también mejorar su formación y su salario. En el plazo de un año, Cobo quería contratar a 1.000 nuevos funcionarios.

Guardias mal remunerados 

Según Cobo, el gobierno había previsto gastar 75 millones de dólares en los próximos cuatro años. Eso supondría un gran salto respecto a los 665.000 dólares invertidos en el sistema en 2020. Pero Cobo dimitió a raíz de los últimos acontecimientos. Lo que será de su plan de acción es actualmente incierto.

Sin embargo, algunos de sus aspectos apuntan en la dirección correcta. Según el abogado y cooperante alemán Stefan Krauth, la falta de financiación es uno de los principales problemas del sistema penal ecuatoriano. No es de extrañar que los guardias, que esperan meses para recibir su paga, se hagan los de la vista gorda cuando son amenazados o sobornados por los contrabandistas de armas.

Krauth considera que Ecuador debe revisar su sistema jurídico: El desesperante hacinamiento de las cárceles se ha producido en el marco de la política antidroga exigida por EEUU. Así, incluso los delitos menores se castigan a menudo con la cárcel: "Estoy seguro de que la mitad de los presos, en Alemania no estarían en prisión", dijo Krauth a DW.

Pandillas en prisiones: un problema latinoamericano

Sin embargo, Ecuador no es una excepción en América Latina. La lista de revueltas carcelarias en la región es larga y los motivos también son similares. Pero si en el pasado las revueltas se dirigían principalmente contra las condiciones catastróficas de las cárceles, hoy son cada vez más frecuentes los conflictos entre bandas enemigas que se libran de la manera más brutal. Las prisiones se han convertido en verdaderos reductos del crimen organizado.

Algunos barones de la droga dirigen sus cárteles desde la prisión, controlando el narcotráfico en las calles. Allí reclutan a sus trabajadores a cambio de protección de otros internos o guardias. En similares condiciones en Brasil, surgió en una cárcel el Primeiro Comando da Capital, uno de los cárteles de la droga y organizaciones criminales más poderosos del país, incluso fuera del sistema penitenciario.

Las masacres en las cárceles de Ecuador también están relacionadas con el tráfico internacional de drogas. El país se encuentra entre Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo. La ciudad portuaria de Guayaquil está considerada como uno de los principales centros de embarque de la droga de la costa occidental americana.

(jov/er)