La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presentó este lunes (12.10.2020) una denuncia por delito de lesa humanidad contra varios funcionarios del Gobierno ecuatoriano, por presuntas vulneraciones de derechos humanos en el marco de las manifestaciones de octubre de 2019.

Al cumplirse un año de esas protestas, varios representantes de pueblos originarios del país participaron en un evento de conmemoración en la capital -en el parque de El Arbolito, epicentro de los disturbios- para luego desplazarse a la Fiscalía General del Estado y realizar el ingreso formal del documento.

La denuncia ha sido presentada contra el Estado y contra el presidente de Ecuador, Lenín Moreno; la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el contralor general del Estado, Pablo Celi, y el comandante general de la Policía, Hernán Carillo. "Demandamos a las principales autoridades por un delito de lesa humanidad", tipificado en el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal, explicó el abogado Carlos Poveda durante una rueda de prensa que ofrecieron los representantes indígenas en el parque, en medio de una pequeña concentración.

"Hubo un ataque a la población civil, porque hubo ejecuciones extrajudiciales. (..) El hecho de que se utilice la fuerza pública para amedrentar y acabar con la vida de personas es una ejecución extrajudicial. Hubo actos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes", agregó Poveda.

En los disturbios de octubre de 2019, que estallaron como protesta social por la eliminación de los subsidios a las gasolinas -luego derogada para pacificar el país-, murió una decena de personas y unas 1.500 resultaron heridas, casi un tercio de ellas agentes de seguridad. Aunque inicialmente fueron convocadas por los gremios de transporte y sindicatos, el movimiento indígena encabezó las protestas, sobre todo a partir del tercer día, y fue el que negoció una salida con el presidente, a quien ahora demanda.

Sin embargo, el Gobierno ha asegurado repetidamente que no hubo violación de derechos humanos, y que se emplearon únicamente medios antidisturbios legítimos y autorizados por derecho.

Poveda destacó que desde hace un año se ha pedido a la Fiscalía General del Estado que se pronuncie e investigue las muertes y heridas de miembros de los pueblos indígenas pero que "ha pasado un año y no ha ocurrido nada". En tanto, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, advirtió que si el Estado no investiga, "si no responden", el movimiento acudirá a "instancias internacionales".

"Hemos declarado a este el mes de la resistencia; octubre rebelde para seguir luchando desde nuestros territorios. Estaremos hasta las últimas consecuencias por los perseguidos, los encarcelados, los familiares que perdimos", indicó el líder indígena.

"La rebeldía que nos dio la legitimidad para levantarnos en el mes de octubre, hoy se está abonando porque no se está dando respuestas a las necesidades", manifestó por su parte la vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), Nayra Chalán.

ama (efe, El Universo, La Hora, El Comercio)