La crisis carcelaria de Ecuador no amaina y la violencia ya ha cobrado más de 400 vidas en los recintos penitenciarios del país desde 2020. Dos nuevos motines estallaron esta semana, uno en una penitenciaría de la provincia de Cotopaxi, y otro en una del puerto ecuatoriano de Guayaquil, dejando al menos 21 muertos y 66 heridos en total. Así, suman cinco masacres carcelarias en lo que va de año.

¿Por qué no logra Ecuador controlar la situación? Miriam Estrada-Castillo, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, enumera varias razones.

"La primera es un estado de corrupción que permea todo el Estado ecuatoriano, desde las más altas capas del Gobierno. La segunda es el uso excesivo de la prisión preventiva, una mentalidad casi medieval, donde todo se quiere resolver a base de cuestiones punitivas. La tercera es la situación de pobreza", dice. Y subraya la inoperancia del Gobierno frente al problema.

"El Estado no tiene acceso a las cárceles", afirma la abogada ecuatoriana. Su diagnóstico general es lapidario: "Las cárceles son reflejo de lo que está pasando en el país, en el sentido de que hay un derrumbe institucional generalizado".

La impronta del narcotráfico

Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), considera que hay que dar una mirada más amplia a lo que ocurre en el país, que tiene una ubicación estratégica, entre Colombia y Perú. "Perú duplicó en tres años la producción de cocaína. Colombia la aumentó en un 30 por ciento", indica, haciendo notar que gran parte de la droga sale a los mercados internacionales a través de Ecuador.

Las cifras de muertes en las prisiones ecuatorianas reflejan una inquietante espiral ascendente, que se dispara en 2018 , coincidiendo con otro fenómeno: "Hace cuatro o cinco años, cambió la lógica de la relación de los carteles globales, llámese Cartel de Sinaloa, 'Ndrangheta, Primer Comando de la Capital u otros, con los grupos locales", dice Carrión.

Anteriormente, esas organizaciones criminales pagaban los servicios de grupos locales en dólares, pero ahora lo hacen con droga. "Es un cambio sustancial, porque obliga a estos grupos a introducir esa droga en el mercado local. Y, para tener éxito, tienen que mejorar sus estructuras y su organización. Eso conduce a conflictos muy violentos por espacios, por territorios, por vínculos con los grupos internacionales", explica.

El control de las cárceles

Tales luchas se libran también dentro de las cárceles. "Las estructuras llegan al espacio carcelario. Las personas no son clasificadas allí según el delito cometido, sino por su afinidad con una organización. El caso más complejo es la penitenciaría del Litoral, que está cerca de Guayaquil, donde hay 12 pabellones. En cada uno, tiene hegemonía una de estas organizaciones. Entonces, cuando se busca reubicar a esas personas, se producen los amotinamientos", explica el analista de FLACSO.

Las bandas criminales manejan grandes sumas de dinero y dirigen sus operaciones también desde las prisiones. "Yo sostengo que el sistema carcelario tiene más recursos dentro que lo que ha puesto como inversión el propio Gobierno nacional. El Gobierno tiene que hacer una inversión sustancial en el sistema carcelario y en el sistema de seguridad nacional, porque esto le está afectando al país", enfatiza Carrión.

Por lo pronto, las autoridades se proponen aumentar la dotación de guardias, sumando 1.300 agentes penitenciarios a los 1.600 actuales, y equipar las cárceles con escáneres y centrales de vigilancia. Pero Estrada-Castillo duda que este sea un problema de recursos policiales. "La Policía ha llegado a niveles de corrupción tan grandes que, en los últimos tiempos, se han encontrado incluso policías ingresando armamento y municiones a las cárceles, camuflados en sus uniformes", dice. A su juicio, la solución tiene que apuntar hacia "la profundidad de la sociedad ecuatoriana, que está completamente corrupta y derrumbada".

(rml)