Las pandillas de las cárceles de Ecuador y el hacinamiento propician la violencia en los centros penitenciarios del país, que se ha saldado con la vida de más de 350 detenidos desde 2021, denunció este jueves (28.07.2022) la ONG Human Rights Watch (HRW).

En un informe interactivo, la organización documenta la masacre en la cárcel de Guayaquil en noviembre de 2021, en la que murieron más de 60 detenidos. "El control de las pandillas sobre sectores de la prisión contribuyó a la masacre", afirmó la entidad y añadió que "las autoridades no respondieron de manera adecuada ni oportuna".

"Estos actos violentos son un alarmante recordatorio de las graves falencias que existen en Ecuador para lograr un control efectivo sobre las cárceles y proteger la vida y la seguridad de los ecuatorianos", aseguró Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas de HRW. Taraciuk advirtió que si el Gobierno no reduce el hacinamiento ni recupera el control, "es probable que estos horrorosos baños de sangre continúen".

Desde 2021, más de 350 detenidos han muerto y decenas han resultado heridos en las siete masacres en las cárceles de Guayaquil, Latacunga, Santo Domingo y Cuenca. En la más reciente, que ocurrió el 18 de julio en la cárcel de Santo Domingo, murieron 12 detenidos. Hasta mediados de julio, las autoridades no habían condenado a ninguna persona por estas masacres.

Según HRW, las cárceles ecuatorianas a menudo están controladas por organizaciones delictivas que extorsionan dinero a los detenidos y sus familias. Parientes de reos entrevistados por la ONG aseguraron que pasaron varios días intentando averiguar el paradero de sus seres queridos.

"Algunos se enteraron de que habían sido asesinados porque sus nombres aparecieron en una lista colocada en un poste de luz frente a la prisión. Otros lo descubrieron cuando un funcionario público gritó los nombres de las víctimas frente a la morgue", señaló la entidad. Tampoco han recibido ningún tipo de reparación, indemnización ni apoyo por parte del Gobierno, según la fuente.

La organización destacó la falta de personal penitenciario o poco capacitado además del hacinamiento que, según HRW, podría deberse al excesivo recurso a la prisión preventiva. Algunos centros albergan el doble de personas de su capacidad oficial

El informe también hace hincapié en los retrasos en el otorgamiento de beneficios penitenciarios, como regímenes semiabiertos o la libertad condicional, y las duras políticas antinarcóticos que, en los últimos años, han generado un aumento de las condenas por delitos vinculados con drogas, incluso en casos de baja gravedad.

ama (afp, efe, ep)