La matanza de entre 18 y 30 indígenas de familias tagaeri y taromenane ocurrida en marzo pasado a manos de miembros del pueblo huaorani, en venganza por el asesinato con lanzas de dos ancianos líderes de su comunidad, provocó consternación en organizaciones ecologistas, entre ellas, la alemana Salva la Selva, con sede en Hamburgo.

Hasta el momento el Estado ecuatoriano no ha dado respuestas sobre lo ocurrido, lo que motivó que la Red de Antropólogos de Ecuador lanzara una campaña en la que pide al Gobierno de Rafael Correa que investigue y sancione los hechos ocurridos e implemente una política efectiva para proteger a los pueblos no contactados. Más de 63.400 personas han firmado una carta petitoria. La organización Salva la Selva hizo un llamado a sumarse a la iniciativa desde junio pasado.

"Algunos puntos se atendieron en décadas pasadas, como el delimitar un territorio en la selva exclusivo para el movimiento nómada de estos pueblos, pero éste no coincide con los límites que se le ha impuesto. El hecho es que parte de los territorios declarados como „protegidos“, son incluidos dentro de las concesiones para la explotación petrolera, por lo que hay continuos conflictos“, afirma la activista Guadalupe Rodríguez, que dirige desde España las campañas que respalda Salva la Selva en América Latina.

Territorios ancestrales de los pueblos

Varios grupos que pertenecen a una familia original „huao“, habitan las profundidades de la selva amazónica ecuatoriana desde tiempos precolombinos, entre ellos, los huaorani, los tagaeri y los taromenane. Mientras que los huaorani tienen 56 años de convivencia con la sociedad occidental, los tagaeri y los taromenane rechazaron todo contacto y viven en aislamiento voluntario.

"No hablan la misma lengua, hablan dialectos similares, con palabras que se reconocen, pero no se entienden entre sí. Hay posibilidades de hablar con los huaorani, pero con los tagaeri y los taromenane por supuesto que no. No hay ninguna posibilidad de acercamiento con ellos. Ni siquiera se sabe dónde están. Alejandro Labaka hizo el último intento de contacto en 1987 y terminó asesinado con lanzas. La política del Estado ecuatoriano es muy clara, y es del no contacto. El problema es que la selva se achica cada vez más y va haciendo inevitable que estos grupos se acerquen a la sociedad occidental“, afirma Milagros Aguirre, directora de la Fundación Alejandro Labaka, que trabaja en la zona desde 1997.

El misionero capuchino de origen vasco, Alejandro Labaka fue llamado a mediar por trabajadores petroleros que tenían miedo porque habían visto a indígenas no contactados. “El sitio en donde él murió es precisamente el centro de la zona intangible, así que de algo sirvió su muerte. Por lo menos en los últimos 25 años se ha detenido la explotación en esa zona en donde murió Labaka“, recuerda Aguirre.

Es muy difícil saber cuál es su voluntad

Por su parte, Guadalupe Rodríguez destaca el gran desconocimiento que hay en torno a los pueblos no contactados. “Es muy difícil saber cuál es su voluntad, más allá del hecho de que nunca salen de su territorio y cualquier persona que pone pie ahí sale herida o muerta. Esto ha sucedido con misioneros, con madereros y cualquier persona que se ha adentrado en su territorio, incluidos los pueblos que si coexisten con el resto del mundo como los huaorani“.

Los tres grupos habitan la zona más diversa del planeta, el Parque Nacional Yasuní, situado en la selva amazónica ecuatoriana. Todavía hace 30 años estos pueblos vivían en una selva prácticamente virgen, que es hogar de 1.500 especies de árboles, cientos de lianas y flores exóticas, más de 500 especies de aves tropicales, 13 especies de monos y un millar de distintas mariposas. Sin embargo expertos advierten sobre el vertiginoso ritmo de destrucción de la selva para la extracción de recursos fósiles que estarán agotados dentro de 30 años.

“En el Parque Nacional Yasuní hay cinco bloques petroleros, uno de ellos es el bloque ITT, donde el gobierno ecuatoriano intenta dejar el crudo en la tierra. Dentro de estos cinco bloques hay una zona que fue declarada intangible en 1999 y se encuentra entre el río Nashiño y el Curaray (tributarios del río Napo que desemboca en el Amazonas). El problema es que estos grupos aislados no conocen de fronteras ni de límites, que les fueron impuestos de acuerdo a los intereses petroleros“, señala Aguirre.

Declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO en 1989, la unicidad de este territorio boscoso de un millón de hectáreas, se debe a que es el punto en donde coincide la Coordillera de los Andes con la Amazonía. La voracidad de la industria petrolera, con Repsol, Andes Petroleum, la china Nomeco y la estatal Petroamazonas operando en la zona, así como la explotación legal e ilegal de madera, la expansión de la frontera agrícola y la creciente colonización de la región con la construcción de caminos que penetran la selva cada vez más, la van destruyendo, y desplazan a estos pueblos de sus territorios ancestrales.

Avance de empresas petroleras

Aunque se estima que los grupos huao ascienden a más de unas 2.000 personas, los grupos no contactados son cada vez más pequeños. “Calculamos que son unas trescientas personas las que habitan en la selva ecuatoriana, porque hay grupos en la selva peruana, recientemente una comunidad indígena fue asaltada por un grupo no contactado que buscaba comida. Ya no hay comida, las aguas de sus ríos bajan contaminadas, la cacería es cada vez más escasa y las amenazas del mundo circundante deben ser para ellos terribles“, advierte Milagros Aguirre.

Los huaorani aceptaron el contacto de la civilización con la llegada de misioneros evangélicos estadounidenses a la Amazonía en la década de 1950. Desde entonces sus familias han sido confiandas a una zona que se ha reducido cada vez más. “Pese a que algunos de los huaorani incluso ya están escolarizados, se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque no han pasado a engrosar la clase media. Se han empobrecido y dependen de las compañías petroleras y de la ayuda de organizaciones no gubernamentales. Son ciudadanos ecuatorianos, pero tratados muy mal“, destaca la directora de la Fundación Alejandro Labaka.

En 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para la protección de los pueblos no contactados de la Amazonía ecuatoriana. “La sensación que tenemos en la zona es que el Estado no ha sabido la forma de ejecutar esas medidas. Son muchos los casos de muertes violentas que hemos tenido en la última década“, lamenta Aguirre.

La representante de la organización alemana Salva la Selva, Guadalupe Rodríguez, concluye destacando la responsabilidad de la sociedad occidental, sobre todo de los países industrializados en un mundo globalizado. “Existe una demanda de materias primas que presionan a los países del sur. Habría que revisar nuestros propios modelos de vida y de consumo que son los que provocan la demanda de materias primas que presiona a estos pueblos“.

Autora: Eva Usi

Editor: Enrique López