La defensa de la prefecta de la provincia ecuatoriana de Pichincha, Paola Pabón -detenida desde mediados de octubre por el supuesto delito de rebelión- pidió su libertad de forma inmediata y que se garantice su regreso al cargo, tras conocer las medidas cautelares emitidas este viernes (06.12.2019) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH resolvió solicitar medidas de protección a favor de Pabón; del dirigente del grupo Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, y de Christian González, empleado de la Prefectura de Pichincha, quienes están detenidos por el delito de rebelión. Ramiro Aguilar, abogado de la funcionaria, dijo que la decisión de la CIDH conduce a que su defendida y los otros dos acusados recuperen inmediatamente la libertad. "No hay otro camino que su liberación", reiteró Aguilar.

En la resolución emitida este viernes, la CIDH considera que se reúnen "los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad" en el estudio de este caso, por lo que solicitó al Estado ecuatoriano que adopte "medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad" de los tres acusados. Además, ha considerado que "el Estado ecuatoriano está obligado a precautelar (proteger) la condición de prefecta de Pichincha de la señora Pabón", pues "ella ha estado impedida de ejercer el cargo por un acto ilegítimo del Estado".

Aguilar rechazó el proceso por rebelión que se sigue contra Pabón y los otros, pero dijo temer que, en una maniobra, la Fiscalía reformule los cargos y los acuse de "instigación". De todas formas, el letrado aseguró que la defensa de los acusados exigirá la inmediata liberación de Pabón, quien está detenida desde el pasado 14 de octubre.

Las capturas de los tres imputados

Pabón, González y Hernández habían sido detenidos pocos días después de las duras protestas de principios de octubre, contra unos ajustes económicos, sobre todo la eliminación de un subsidio al precio de las gasolinas atado a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las manifestaciones concluyeron luego de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, diera marcha atrás a su cuestionada decisión y llegara a un acuerdo con el movimiento indígena que lideró las protestas. Sin embargo, el mandatario interpretó como un intento de golpe de Estado los actos violentos y culpó de ello al expresidente Rafael Correa (2007-2017), salpicando así a varios de sus seguidores como Pabón, Hernández y González, que fueron señalados de intentar desestabilizar el gobierno.

"Entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma", escribió entonces Pabón en su cuenta de Twitter.

Actualmente, Pabón guarda prisión preventiva, mientras dura la etapa de instrucción fiscal. La justicia le ha negado recursos de hábeas corpus y la respectiva apelación a esa medida cautelar.

ama (efe, El Universo, El Comercio)

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