Los venezolanos que quieran ingresar a Ecuador a partir de ahora tendrán que presentar un certificado de antecedentes policiales, anunció el gobierno el lunes (21.01.2019), dos días después del asesinato de una mujer embarazada de 22 años a manos de su novio venezolano, que provocó una ola de agresiones contra los inmigrantes de esa procedencia. El asesinato se produjo en la ciudad norteña de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, ante decenas de testigos y fue grabado en un vídeo compartido en las redes sociales.

"Debemos distinguir entre los venezolanos que huyen del gobierno de Nicolás Maduro y otros que se están aprovechando de la situación para cometer delitos", dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner al anunciar el nuevo reglamento. No está claro cómo los aproximadamente 2.700 inmigrantes venezolanos que ingresan cada día a Ecuador a través de la frontera con Colombia van a poder obtener ese documento, ya que incluso los registros básicos como el pasaporte se han vuelto cada vez más difíciles de obtener en su país de origen.

Sonnenholzner dijo haber agotado "todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que permitan verificar la información de quienes llegan al país". Las Naciones Unidas estiman que al menos 221,000 venezolanos ahora residen en este país, que también se ha convertido en un punto de tránsito para cientos de miles de migrantes venezolanos que intentan llegar a Perú.

"¡Fuera los venezolanos!"

El descontento por el asesinato acabó congregando a grupos de ecuatorianos que asaltaron los campamentos de refugiados al grito de "¡fuera los venezolanos!". Organismos de migrantes denunciaron el lunes al menos 82 agresiones contra ciudadanos de Venezuela y la "quema de sus pertenencias". "Estamos muy preocupados por los actos de xenofobia que han tenido lugar en varias ciudades de todo el país", se quejó a las puertas del Ministerio de Exteriores en Quito Febres Cordero, presidente de la Federación de Venezolanos en el Extranjero.

El Gobierno de Venezuela acusó, en un comunicado leído por su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, al gobierno de Ecuador de hacer una "correlación absurda" entre el asesinato del sábado y el crecimiento de la población inmigrante venezolana. Dijo que el gobierno responsabilizaría a Ecuador por "toda infracción contra la integridad física, moral y ciudadana de los venezolanos que se encuentran en ese país". Y afirmó que "la nacionalidad no es un criterio para la criminalización", en un país donde, según recordó Arreaza, se produjeron 88 feminicidios el año pasado.

Responsabilizan al Gobierno de Lenín Moreno

"El comunicado del presidente Moreno instigó una espiral de violencia xenófoba contra la comunidad migrante venezolana en el Ecuador y corresponde a su Gobierno la obligación de preservar la integridad y la vida de los venezolanos en ese país", reza el texto leído por Arreaza. El presidente ecuatoriano reaccionó ayer al feminicidio diciendo que Ecuador había "abierto las puertas a la migración procedente de Venezuela, pero que no sacrificará la seguridad de nadie".

La ONG venezolana "Red Nacional de Derechos Humanos (Renaddhh)" ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que active medidas de protección a favor de los inmigrantes venezolanos. Amnistía Internacional condenó además el nuevo requisito de entrada. Instó al gobierno de Ecuador a implementar políticas para prevenir los femicidios y dijo que "la violencia contra las mujeres y las niñas no es una cuestión de nacionalidad o de flujos migratorios". El "gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos de las personas a buscar asilo y protección internacional", dijo Erika Guevara-Rosas, directora del grupo para las Américas.

lgc (ap/efe)

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