Rara vez un gobernante ha sufrido un revés tan contundente en un referéndum popular promovido por él mismo en la historia de Latinoamérica. Daniel Noboa ha salido debilitado de su intento de cambiar las reglas básicas de su gestión presidencial y tendrá que gobernar con la estructura institucional heredada de sus predecesores.
Esto es especialmente aplicable a la lucha contra el narcotráfico, que utiliza Ecuador y sus puertos como punto de tránsito de la droga para su exportación por el Pacífico, pero también a la vida política interna, en la que Noboa tendrá que buscar acuerdos con otros partidos, sin poder servirse de una nueva centralización del poder presidencial en detrimento de los demás poderes del Estado.
Los ganadores del referéndum
La pregunta sobre la apertura de un proceso constituyente fue la que recibió el mayor rechazo en el referéndum, con un 61,6 % de los votos, reflejo del cansancio ciudadano con la "pasión constitucionalista" que acompaña a casi cada presidente que logra cumplir su tiempo en el cargo en Ecuador. Con esto se cierran para Noboa las posibilidades de encontrar un reglamento constitucional a la medida de sus aspiraciones presidenciales y de extender su dominio sobre los demás poderes.
De este ejercicio salen fortalecidos la oposición correísta, que se encontraba en una situación con grandes dificultades de resucitar después de tres reveses electorales; la Corte Constitucional de Ecuador, con la que el presidente Noboa ha tenido conflictos por la declaración de inconstitucionalidad de leyes impulsadas por el Gobierno y la suspensión de otras iniciativas; y el Parlamento, con todos los partidos, que han logrado evitar la reducción de diputados y el financiamiento público para ejercer sus funciones (otras dos preguntas del referéndum).
Aparte, está en la reprobación del referéndum del 16 de noviembre la iniciativa gubernamental que buscaba, al convocar una Asamblea Constituyente, permitir la presencia de bases militares extranjeras. Esta propuesta contó también con el rechazo del electorado y representó un duro golpe político para el mandatario; así como para los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de restablecer una base militar en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí (donde funcionó un Puesto de Operaciones de Avanzada de Estados Unidos entre 1999 y 2009). Frenada queda también, con esto, la intención de permitir puestos de operación estadounidenses en las islas Galápagos y la ciudad de Salinas, en la costa de la provincia de Santa Elena.
El futuro de la lucha contra el narcotráfico en territorio ecuatoriano
El rechazo popular a la eliminación de la prohibición constitucional de establecer bases o instalaciones militares extranjeras de forma permanente en el país expresa claramente la preferencia de la ciudadanía por defender la soberanía nacional. Con un voto afirmativo, se habría permitido la instalación de una base de control de drogas que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos quería establecer en el país sudamericano, según declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem.
Aunque Noboa tendrá que reformular su política de seguridad nacional, no quedará sin apoyo extranjero, ya que existen convenios militares del pasado que siguen vigentes, como el "Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas" y el "Acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas", suscritos durante el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso y ratificados por Noboa en febrero de 2024.
Estos acuerdos permiten operaciones militares conjuntas y también intercepciones aéreas. Al conceder libre movilidad en el territorio ecuatoriano a aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de EE. UU., que dispone de privilegios que no se han concedido a ninguna otra nación extranjera.
El mensaje que deja el referéndum a Noboa
El discurso presidencial de mano dura contra el crimen y el uso de las Fuerzas Armadas en su combate se ha recrudecido en los meses pasados, en el marco de la declaración de "un conflicto armado interno". En los puertos, las prisiones y las instituciones de seguridad pública ya participan empresas de seguridad privadas y el Ejército estadounidense, pero no se ha logrado establecer un concepto de seguridad integral de carácter territorial para frenar la ola de violencia en el país.
En este sentido, el mensaje del referéndum es muy claro: el Gobierno debe comprometerse más a fondo para sacar al país de la cadena global de suministro de drogas y ejercer un control más contundente de las vías de tránsito desde Colombia. La situación portuaria ecuatoriana, donde no se logra reducir el aumento del tráfico de contenedores marítimos cagados de drogas, es uno de los ejes centrales donde se necesita encontrar una respuesta rápida para revertir el transporte de drogas hacia los mercados de consumo y, con ello, frenar la expansión de los cárteles nacionales e internacionales en el país.
El referéndum ha demostrado que la población espera más del Gobierno del presidente Noboa en temas clave como la seguridad, y menos en lo que respecta a cambios en el andamiaje institucional en favor de la presidencia. La población espera más generación de consensos nacionales y menos asociación con el Gobierno del presidente Donald Trump y su apoyo militar permanente.
Las bandas de extorsión y de tráfico de drogas no deben sentirse favorecidas por el rechazo del referéndum, sino que deben ser el objetivo de un plan integral de seguridad que reduzca su control territorial, especialmente en la costa del Pacífico. El voto de la población fue contundente; ahora se espera la misma contundencia en la gestión presidencial.
(rml)