Este sábado (4.2.2017), el Gobierno de Estados Unidos se vio obligado a restaurar miles de visados para ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Un día antes (3.2.2017), el juez federal James Robart bloqueó en un tribunal de Seattle, Washington, la orden ejecutiva que suspendía por 120 días el programa nacional de asilo y por 90 la emisión de visas para personas provenientes de los siete países mencionados. En el caso de los refugiados sirios, la acogida había sido detenida indefinidamente.

El nuevo ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, reaccionó indignado a la decisión del magistrado Robart que frenó en seco su veto migratorio, promulgado el 27 de enero. "La opinión de este supuesto juez, que esencialmente arrebata a nuestro país la capacidad de aplicar la ley, es ridícula y será anulada”, comentó Trump vía Twitter, agregando en otro mensaje que "cuando un país ya no es capaz de decir quién puede y quién no puede entrar y salir, especialmente por razones de seguridad – ¡gran problema!”.

Trump reacciona vía Twitter

En otro tuit, Trump advirtió que "mucha gente muy mala y peligrosa podría colarse” en Estados Unidos gracias a la "terrible” decisión del juez Robart, y se preguntó "adónde irá a parar nuestro país cuando un juez puede detener un veto migratorio y cualquiera, incluso con malas intenciones”, puede entrar al país. El Departamento de Justicia tiene previsto "presentar lo antes posible una petición de urgencia para que se suspenda la orden” judicial que paralizó el veto de Trump, según aseguró Gillian Christensen, una portavoz del Gobierno.

El Departamento de Estado confirmó que había reinstaurado la validez de los visados que había revocado provisionalmente para cumplir con la orden presidencial y que, según sus propios datos, habían dejado sin documentos vigentes para la inmigración a casi 60.000 personas provenientes de los siete países aludidos en la orden ejecutiva de Trump. No está claro a cuántos de los 60.000 extranjeros se les canceló físicamente el visado y no podrán, por tanto, utilizarlo para viajar a Estados Unidos.

La larga batalla judicial por venir

Al resto sí se les permitirá embarcar aeronaves con destino al país norteamericano. El juez Robart, nominado por el expresidente republicano George W. Bush (2001-2009), justificó su fallo asegurando que las "circunstancias presentadas” ante él requerían una "intervención para cumplir con el papel constitucional” de la rama judicial, una de las tres que componen al Estado. Su decisión, no obstante, augura una larga batalla en las cortes que probablemente llegará hasta el Tribunal Supremo de Justicia, dado que el fallo sólo rige hasta que Robart tome una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden presidencial.

Una instancia judicial superior también podría decidir levantarla. Si el Departamento de Justicia quiere apelar la decisión de Robart, deberá hacerlo ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), y, en caso de no lograr su objetivo, podría recurrir al Supremo. La decisión de Robart respondió a una demanda de dos estados de Estados Unidos, Washington y Minesota. Éstos alegaron que el decreto de Trump era anticonstitucional porque provocaba discriminación contra una religión, la musulmana, algo prohibido en la Primera Enmienda de la Carta Magna.

No obstante, Trump se cuidó de no mencionar la religión musulmana en su orden ejecutiva, y ese factor, unido a la amplia autoridad que el sistema legal estadounidense concede al presidente para regular la política migratoria, podría contar a favor del mandatario en la batalla judicial.

ERC ( EFE / AP )