Buenas noticias para el "hombre fuerte” de Washington, Donald Trump, y malas para el de Caracas, Nicolás Maduro: cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos permitió la completa entrada en vigor del veto migratorio promovido desde la Casa Blanca este lunes (4.12.2017), se les prohibió a funcionarios del establishment chavista y a sus familiares más cercanos poner pies en el país norteamericano durante noventa días. La medida, que afecta principalmente a los ciudadanos de Corea del Norte y de seis Estados donde predomina la religión musulmana –Chad, Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen–, está siendo debatida en tribunales de menor rango para que pueda tomarse una decisión definitiva a escala federal más adelante.

Trump trató de implementar este veto por primera vez el 27 de enero de 2017, apenas una semana después de llegar al poder, y terminó fracasando en el intento tres veces debido a la resistencia ofrecida por magistrados según los cuales el presidente estaba incurriendo en un inaceptable acto de discriminación basado en la religión de los aludidos, en primer lugar, y en su nacionalidad, en segundo. En cambio, los adversarios de Maduro –que se cuentan por millones, dentro y fuera de Venezuela–, celebraron la moción de este 4 de diciembre como celebraron las sanciones previas impuestas por Washington sobre la cúpula chavista. La pregunta de rigor es si tienen motivos para entusiasmarse. ¿Qué peso tiene este veto migratorio?

Castigo simbólico

"Esta es una iniciativa tan simbólica como la primera ola de sanciones aprobada por Estados Unidos para castigar a servidores públicos venezolanos acusados de corrupción, narcotráfico y violación de derechos humanos. Ninguna de ellas puso ni pondrá a tambalear al régimen de Maduro. La que sí le causó problemas fue la segunda medida punitiva, la que restringió la capacidad del Estado venezolano para refinanciar su deuda. Pero no nos equivoquemos: Trump también enfrenta dilemas. Él está bajo enorme presión porque hay un montón de gente en Wall Street que invirtió dinero en bonos de la deuda venezolana y está interesada en recuperar por lo menos el monto correspondiente a los intereses”, comenta el politólogo Klaus Bodemer.

"Por otra parte, Trump tiene a los Gobiernos de América Latina pidiéndole que propicie el diálogo entre Maduro y sus opositores, y rogándole que ni siquiera piense en una intervención militar. Una invasión sería la forma más extrema de poner fin a la crisis venezolana, una opción menos controvertida aunque igualmente peligrosa sería dejar que Venezuela se desmorone por completo. Estados Unidos también podría suspender la importación de petróleo venezolano, pero hay un lobby muy poderoso alegando que eso sería fatal para sus intereses. Este veto migratorio, por ridículo que parezca, es lo único que Trump se puede permitir hacer en este momento”, agrega el investigador del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).

Política exterior, política interior

Stefan Peters, de la Universidad de Kassel, lo secunda. "Sí, la prohibición de entrar al territorio estadounidense les causará molestias a los altos funcionarios del Gobierno venezolano afectados por la medida y a su entorno familiar; pero no tanto como para propiciar la caída de Maduro y de quienes apuntalan su Gobierno. Por otro lado, aunque las sanciones que le impidieron a Venezuela emitir deuda en dólares fueron más drásticas y golpearon más duramente al establishment, éstas son descritas por la élite cívico-militar chavista y percibidas por un amplio sector de la población como las causas de problemas sociales y económicos como el desabastecimiento de alimentos y medicamentos”, sostiene este conocedor del acontecer latinoamericano.

"Y esa narrativa, que esconde la corrupción prevalente y el mal manejo de la administración pública en Venezuela, es relativamente fácil de sostener porque luce plausible”, añade Peters. El experto subraya que este asunto de política exterior surte más efecto sobre la política interior estadounidense que sobre la venezolana. A sus ojos, el veto migratorio de Trump es un mensaje dirigido a sus simpatizantes, a un determinado grupo de electores que espera de él una postura de ‘mano dura' frente al terrorismo islamista o a la amenaza nuclear norcoreana o a un régimen cuya crisis desestabiliza al continente americano. En lo que respecta a Venezuela, esa audiencia no parece saber ni darle importancia a que el veto migratorio es una sanción desdentada.

¿El turno de Europa?

El 8 de noviembre de 2017, la Unión Europea prohibió exportar a Venezuela armas, municiones y equipos susceptibles de ser usados por el Gobierno de Maduro para reprimir a la ciudadanía o "vigilar” sus comunicaciones electrónicas. El bloque comunitario se reservó la potestad de aplicar otras sanciones si el Ejecutivo no se esforzaba de manera creíble en solucionar pacíficamente la crisis político-institucional del país. ¿Es inminente un veto migratorio europeo? "Sería un error porque Bruselas tiene algo que no tiene Washington: aunque la UE no es vista como una instancia neutral, todavía podría ser aceptada por la oposición y por el oficialismo de Venezuela como facilitador en sus negociaciones”, dice Peters.

"Si quiere aplicar restricciones efectivas, la UE puede limitar el comercio con Venezuela; pero yo no veo que eso esté entre las intenciones de Bruselas. Después de todo, las sanciones que la UE le impuso a Rusia han terminado convertidas en un arma de doble filo porque Moscú ha respondido con la misma moneda y golpeado los intereses europeos”, opina Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), de Berlín. También Bodemer tiene sus dudas: "La UE no tiene medios para ejercer verdadera presión. Además, increpa el especialista del GIGA, ¿por qué querría Bruselas intensificar las medidas punitivas cuando el panorama en Venezuela es tan incierto y la oposición está tan desunida? ¿Quiénes son actualmente sus portavoces? ¿Los políticos que negociaron con los emisarios de Maduro en República Dominicana o Antonio Ledezma, que viaja alrededor del mundo criticando el diálogo de Santo Domingo?”.

Evan Romero-Castillo (jov)