Nayib Bukele, quien asumió la presidencia de El Salvador hace apenas un mes y medio, ha convertido su acercamiento a la Casa Blanca en punto prioritario de su agenda. Como muestra, la deferencia exhibida este domingo (21.7.2019) al recibir a Mike Pompeo, encargado de las relaciones exteriores de Estados Unidos. “Abrimos ahora un nuevo capítulo en nuestra relación con Washington. El Gobierno anterior estaba erosionando el vínculo con nuestro principal aliado”, dijo Bukele, tras una reunión de una hora dedicada a la cooperación bilateral para reducir la migración irregular desde Centroamérica hacia el gigante norteamericano.

En una rueda de prensa donde solo los periodistas de medios estadounidenses tuvieron permitido formular preguntas, Pompeo habló en nombre de Bukele, asegurando que éste “quiere trabajar con Estados Unidos” para proteger su frontera sur, pero se negó a dar detalles sobre los acuerdos binacionales a los que habían llegado en ese sentido. Por su parte, el anfitrión admitió haber evitado tópicos que pudieran haber dificultado su diálogo con Pompeo, como la reducción de las inyecciones financieras de la agencia estatal USAID para el desarrollo de Centroamérica y la posible transformación de El Salvador en un “tercer Estado seguro”.

La discreción de ambos es comprensible, considerando que la política migratoria de la nación norteamericana es blanco de severas críticas desde hace meses. Lo que se ha filtrado entre líneas es que Estados Unidos quiere reforzar la seguridad fronteriza en toda América Central, no sólo en los linderos que comparte con México, y que, dada la contracción de los recursos concedidos por USAID, El Salvador aspira a que Washington promueva la inversión privada en su territorio con miras a crear empleo e impulsar el crecimiento económico nacional. La concesión de visas de trabajo temporales para ciudadanos salvadoreños es otra opción sobre la mesa.

Incentivos y amenazas    

¿Puede Estados Unidos sellar pactos con Guatemala, Honduras y Nicaragua similares a los sellados con El Salvador y, anteriormente, con México? Expertos como Christoph Rass, historiador especializado en temas migratorios, no lo duda: “Buena parte de quienes entran a Estados Unidos sin documentación en regla lo hace huyendo de la pobreza, la violencia y la precariedad político-institucional de sus respectivos países. Con las estructuras de poder de Guatemala, Honduras y Nicaragua siempre se pueden hacer negocios”, señala el analista del Instituto para la Investigación de la Migración y los Estudios Interculturales (IMIS), de Osnabrück.

Cabe preguntar si la firma de convenios con Guatemala, Honduras y Nicaragua dependerá de los incentivos y las amenazas del “hombre fuerte” de la Casa Blanca. A finales de mayo, Donald Trump prometió imponerle aranceles de hasta el 25 por ciento a todo lo importado desde México si ese país no restringía el paso de migrantes hacia el norte del continente. El 7 de junio, Estados Unidos le dio un plazo de 45 días a México para que implementara medidas contundentes. Ese plazo se venció este lunes (22.7.2019). Según la Cancillería de México, el ingreso de refugiados centroamericanos a su territorio se redujo notablemente.

La cifra bajó de 144.000 en mayo a unos 100.000 en junio, después de que miles de soldados y policías fueran desplegados en la frontera sur de México. “Militarizar las fronteras y delegar su vigilancia son decisiones problemáticas desde la perspectiva de los derechos humanos porque estas prácticas suelen ser desplazadas hacia lugares donde se dificulta el escrutinio de la prensa, las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales. Existen semejanzas entre lo que Estados Unidos le ha exigido a México y lo que la Unión Europea le ha pedido hacer a Turquía y a varios Estados magrebíes”, comenta Rass.

Cambio de estrategia

“Libia, que es un Estado fallido, está a cargo de impedir el movimiento de migrantes desde el sur del Sahara hacia Europa. Es evidente que México hace algo similar bajo la presión de Estados Unidos”, subraya el investigador del IMIS. “Estados Unidos va a intentar firmar convenios con Guatemala, Honduras y Nicaragua apelando a la táctica que ha usado con México y El Salvador porque su estrategia anterior –la de intentar persuadir a Guatemala y a México de convertirse en ‘terceros Estados seguros’– no funcionó”, sostiene Luicy Pedroza, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), en entrevista con DW.

“El Gobierno de Trump ha instrumentalizado el debate en torno a los aranceles para ejercer presión sobre México en materia migratoria y, al parecer, su treta está consiguiendo que México blinde sus dos fronteras. Pero, de cara a los países centroamericanos, Estados Unidos recurrirá a otros recursos. Tras cancelar impulsivamente su ayuda económica para el desarrollo de las naciones del Triángulo Norte, Washington procederá a hacerles ofertas diferentes a cada una, en términos estrictamente bilaterales, a cambio de concesiones en materia migratoria”, acota Pedroza, enfatizando que Estados Unidos volverá a tener la sartén por el mango. 

La otra pregunta de rigor es si los nuevos mecanismos que Estados Unidos tiene bajo la manga para desalentar los éxodos en los países centroamericanos serán efectivos. “Desde el instante en que se opta por una estrategia basada exclusivamente en el aislamiento de un país y en la deportación de extranjeros de su territorio, se eleva el costo de la migración, pero también la ganancia de los traficantes de personas y el riesgo de éstas en el tránsito de un país a otros. Pero eso no va a detener a los migrantes. Medidas como las de Estados Unidos fracasan al final. Eso sí, quienes pagan el precio son los migrantes”, advierte Rass.

Evan Romero-Castillo (ers)

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