Siempre que se acerca la medianoche del 30 de septiembre, empiezan a sonar las alarmas: o se aprueba el presupuesto, o el Gobierno debe cerrar sus operaciones. Originalmente, el Artículo I, Sección 9 de la Constitución de EE. UU. requería que el presupuesto recibiera la aprobación de los parlamentarios. En 1870, el Acta Antideficiencia se enfocó en las agencias que gastaban dinero sin preguntar.

A instancias de Jimmy Carter, el fiscal general revisó el Acta Antideficiencia en 1980 para responder la pregunta "Sin presupuesto, ¿deben ir a trabajar los empleados del Gobierno?". Según la opinión legal de Benjamin Civiletti, si no hay dinero, entonces no hay que trabajar. Carter vivió breves "shutdowns", pero la nueva interpretación de la ley convirtió los cierres en una táctica negociadora.

El primer cierre de verdad, -más de 240.000 trabajadores sin paga- ocurrió en noviembre de 1981. A comienzos de su mandato, Ronald Reagan se negó a firmar un presupuesto sin un millonario recorte impositivo. El Senado, controlado por los republicanos, y la Cámara, por los demócratas, encontraron una solución al día siguiente. Escenarios similares se vivieron siete veces hasta el fin de su mandato.

Hasta 1995, los presupuestos se aprobaron sin grandes problemas. Pero ese año Bill Clinton se enfrentó a Bob Dole en el Senado y Newt Gingrich en la Cámara. El Congreso liderado por los republicanos quería un presupuesto balanceado a siete años, mayores primas de Medicare y retrocesos en las regulaciones ambientales. Pasaron 27 días antes de que hubiera acuerdo. ¿El costo? Mil millones de dólares.

Muchos departamentos, como las Fuerzas Armadas, la seguridad nacional y todos los que son esenciales para la protección de la vida, siguen operando durante los cierres. Pero el Servicio de Impuestos Internos y la Administración de Alimentos y Drogas, por ejemplo, deben cesar sus funciones. Esto redunda en retrasos en las decisiones fiscales y la inspección de alimentos, entre otros problemas.

Otro cierre grande ocurrió en 2013, bajo la presidencia de Barack Obama. Su programa de salud, conocido como Obamacare, enfrentó una dura oposición. Liderados por el senador Ted Cruz, los republicanos presionaron para que se redujeran las prestaciones a cambio de aumentar el límite de la deuda. El cierre de 18 días perjudicó a unos 850.000 trabajadores y costó al país 24 mil millones de dólares.

El último cierre, que comenzó a fines de diciembre, ya se encuentra entre los más largos de la historia. Unos 800.000 empleados federales se encuentran sin salarios. Pese a los problemas, el presidente Donald Trump se ha negado a ceder en su insistencia de recibir financiamiento para su muro con México. De hecho, el mandatario ha dicho estar preparado para que esta situación dure varios años.

Los costos de los cierres no han frenado la tendencia. Washington pierde millones de dólares, no solo en ingresos, sino también en pagos, pese a que los empleados deben quedarse en casa. El tiempo, trabajo y dinero perdidos son consecuencia de los "shutdown". Según datos de la agencia Standard and Poor's, el actual cierre le costará a EE. UU. aproximadamente 6.000 millones de dólares a la semana.

Pero los mayores perdedores no son la economía ni los partidos, que hacen las concesiones. Podría decirse que el principal derrotado es el Gobierno. Según una encuesta Gallup, realizada tras el cierre de 2013, la insatisfacción de la ciudadanía con el Gobierno en general llegó al 33 por ciento. El récord anterior había sido del 26 por ciento, y databa de los años del escándalo Watergate.