El pasado lunes (4.03.2019), el Gobierno de Estados Unidos anunció la activación parcial de la cláusula III de la ley Helms-Burton, que data de 1996 y hasta ahora estaba suspendida. De esta manera, podrán ser demandadas empresas cubanas que operan sobre bienes extranjeros confiscados y estatalizados tras la revolución de 1959.  El anuncio afecta a alrededor de 200 firmas dependientes del Ejército o del Ministerio del Interior de Cuba, entre ellas, hoteles, agencias de viajes y empresas de autobuses. También afecta a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. 

Como prácticamente ninguna de estas empresas tiene conexiones con el sistema legal y financiero de Estados Unidos, la posibilidad de interponer demandas contra ellas no tendría por qué tener consecuencias prácticas sobre la economía cubana. Lo que sí consigue el Gobierno de Estados Unidos con la activación de esta cláusula es generar una sensación de inseguridad en potenciales inversores y elevar la presión sobre el Gobierno cubano.

Trump, primer presidente de EE.UU. que activa la cláusula

La llamada ley de Helms-Burton fue promulgada por el Congreso estadounidense en 1996 con el fin de endurecer el bloqueo a Cuba. La cláusula III de dicha ley ha venido siendo suspendida una y otra vez desde entonces por períodos de seis meses. Trump es el primer presidente que la activa, consiguiendo así un retorno no solo retórico a la Guerra Fría.    

John Bolton, consejero de seguridad nacional de EE.UU., ha argumentado que su activación responde al apoyo de Cuba al Gobierno de Nicolás Maduro. En una entrevista con la emisora CNN emitida el pasado fin de semana, Bolton echó pestes contra los Gobiernos de La Habana y Caracas y defendió la doctrina Monroe, que define Latinoamérica como genuina área de influencia estadounidense. Poco tiempo antes, Bolton sustituyó la metáfora de los tiempos de George W. Bush "eje del mal” (para referirse a Irak, Irán y Corea del Norte) por la expresión "troika de la tiranía”. Bolton aludía así a Venezuela, Cuba y Nicaragua, que tienen Gobiernos que "oprimen a la población” y son "fuente de inestabilidad regional". Por último, Bolton se refirió a una "fuerza armada de 25.000 cubanos que se encuentra en Venezuela”. Hablaba probablemente de los más de 20.000 médicos y personal médico cubano. 

¿Peligro para empresas europeas?

De momento, a las empresas extranjeras con intereses empresariales en Cuba no les afecta la medida del Gobierno estadounidense. La cláusula III ha quedado activada parcialmente: solo podrán ser demandadas empresas cubanas.  La posibilidad de demandar también a empresas de otros países seguirá suspendida otros 30 días más. Si el Gobierno estadounidense activara también otra parte de la cláusula, quedarían  afectadas las empresas europeas.

Entre los más importantes inversionistas en la isla se cuentan el consorcio tabaquero británico Imperial Brand, que tiene una alianza comercial con el Gobierno cubano, las cadenas hoteleras españolas Iberostar y Meliá, así como el fabricante de bebidas francés Pernod-Ricard, que comercializa la marca Havana Club en todo el mundo.  "No se intenta perjudicar a empresas europeas que operan actualmente en Cuba”, cita la agencia de noticias AP a un funcionario de Exteriores estadounidense.

El Gobierno cubano ha reaccionado con rapidez al anuncio de las nuevas sanciones: "Son una amenaza inaceptable para el mundo”, dijo el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez. "Rechazo enérgicamente el anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. de admitir demandas basadas en la cláusula III de la ley de Helms-Burton contra empresas cubanas arbitrariamente seleccionadas por la administración Trump”, tuiteó Rodríguez. En una toma de posición, el Gobierno cubano recordó que, en el pasado, Cuba habló con Gobiernos de todo el mundo sobre sus derechos de expropiación, pero "el Gobierno de EE.UU. se niega a hacerlo”. "Las demandas de indemnización por propiedades estatalizadas pueden formar parte de un proceso futuro de negociación sobre una base de igualdad y respeto mutuo entre el Gobierno de Cuba y el de Estados Unidos”, decía el texto. Quien ahora demande en base a la ley de Helms-Burton, "será excluido de negociaciones posteriores”, advertía también.

"Aunque la mona se vista de seda…”

Las expropiaciones de empresas cubanas en Cuba se iniciaron en 1960, después de que consorcios petroleros estadounidenses se negaran a procesar petróleo soviético. El Gobierno de Fidel Castro estatalizó primero compañías petrolíferas, después también fábricas, haciendas y otras propiedades. La Comisión de Establecimiento de Demandas del Extranjero, dependiente del Ministerio de Justicia de EE.UU., ha reunido las reivindicaciones referidas a Cuba de casi 6 mil empresas y ciudadanos estadounidenses y las ha cifrado en un total de 1,8 mil millones de dólares. Con intereses, la cifra asciende hoy a más de 7 mil millones de dólares. Por su parte, el lado cubano argumenta los perjuicios multimillonarios causados por el bloqueo económico estadounidense.

James Williams, presidente de Engage Cuba, un grupo de presión empresarial que aboga por la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, considera que el nuevo endurecimiento del bloqueo es contraproducente. "Es la continuación de la misma política del embargo que lleva 60 años fracasando”, dice Williams al portal de internet Cubadebate. "Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Seguir con esta política fracasada socava los intereses de EE.UU. y beneficia a nuestros adversarios”, advierte Williams.

Autor: Andreas Knobloch desde La Habana (ms/cp)

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