El "Puente Internacional Simón Bolívar" se hizo conocido en el mundo cuando el autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó, intentó liderar el transporte de ayuda humanitaria procedente de EE. UU. desde Colombia hacia Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar el puente, en la parte venezolana, por considerar que ese acto respondía a intereses políticos. El puente sigue cerrado.

Sin embargo, hay excepciones: gente mayor de 55 años, madres con niños, estudiantes y discapacitados pueden cruzar el puente en dirección a Colombia. Entre ellos, hay jubilados que abandonan su país a una edad avanzada. Madres que vacunan a sus hijos en Colombia, y niños que van allí a la escuela. Casi todos necesitan medicamentos y comida caliente.

Para los que no pueden usar el puente Simón Bolívar de forma legal, las trochas son la única esperanza. Son caminos ilegales fronterizos, que usan miles de personas diariamente. Quien decida usar estos inseguros senderos, corre un gran riesgo. Los llamados "colectivos", gruposde matones armados, exigen dinero para poder cruzar la frontera. Quien no pague, puede ser víctima de violencia.

El Ejército colombiano solo puede proteger a los venezolanos cuando hayan traspasado la frontera colombiana. Sobre todo para las mujeres, el camino a través de las trochas es mucho más que una tortura. La violencia sexual acecha en cada esquina.

La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas evoca la amistad entre los países vecinos, pero es casi innecesario. En Colombia, la gente no ha olvidado los tiempos del conflicto interno, cuando miles de personas emigraron a Venezuela y probaron suerte allí. Ahora, dicen muchos colombianos, es la hora de devolver esa ayuda.

Colombia, que durante décadas fue un país acostumbrado a emigrar, tuvo que adaptarse en poco tiempo a recibir muchos migrantes de Venezuela. El puente Simón Bolívar es uno de los siete pasos fronterizos oficiales entre Colombia y Venezuela. Justo en el puente se halla la oficina de control migratorio.

Quien haya solucionado los temas burocráticos, será recibido por la Cruz Roja y el servicio de ayuda a refugiados de las Naciones Unidas. Aquí se presta la atención médica más urgente y se informa a los recién llegados sobre sus derechos. Muchos de los venezolanos desconocen la información, dicen los responsables de ACNUR.

La primera pregunta de los refugiados es casi siempre dónde pueden comer algo. Las organizaciones los envían a la Diócesis de Cúcuta, donde se creó en poco tiempo un comedor en el que pueden desayunar y almorzar. Pero solo atiende a gente mayor, discapacitados, mujeres y menores de edad.

Voluntarios llegados de todo el mundo, incluso de Italia, cocinan, limpian y friegan. 200 ayudantes colaboran en la Diócesis de Cúcuta. 120 son necesarios para que el comedor funcione. La mayoría de los voluntarios son venezolanos que llegaron hace tiempo a Colombia y quieren apoyar a sus compatriotas.

Los primeros que huyeron de Venezuela lo hicieron en avión, la clase alta. La segunda oleada de venezolanos llegó a Colombia en bus. Ahora, los más pobres y débiles llegan a pie. Y siguen su camino porque no todos pueden permanecer en Cúcuta. En la Cruz Roja reciben información sobre la ruta hacia Bucaramanga: cinco horas en auto... pero, ¿a pie?

Algunos venezolanos no sobreviven ese periplo, ya que subestiman el esfuerzo requerido y el frío imperante en las montañas de Colombia, a 3.000 metros de altura. Los mensajes dejados en Los Patios, cerca de Cúcuta, dan cuenta del sentir de muchos. Todos los que plasmaron aquí su huella manifiestan la voluntad de regresar algún día a su patria.

El entonces presidente socialista Hugo Chávez, fallecido en 2013, nacionalizó el sector eléctrico en 2007. En ese marco creó la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), que fusionó las compañías regionales encargadas de la generación y transmisión de energía.

Venezuela enfrentó en 2010 una grave crisis energética por una sequía que hizo descender a niveles críticos el agua de la represa de Guri (estado Bolívar, al sureste), fuente de 70 por ciento de la electricidad del país.

Ante la crisis, Chávez declaró una "emergencia eléctrica" y aplicó un plan de racionamiento. Pero las fallas continuaron. Un apagón afectó a toda Venezuela en abril de 2011, tras la caída de dos de las líneas. Aquel corte solo duró unos 15 minutos en Caracas, pero se prolongó por horas en estados como Aragua, Carabobo o Zulia. Un mes más tarde, otro fallo dejó a oscuras a una decena de estados.

En abril de 2013, cuando Maduro llevaba un mes en el poder, se produjeron más cortes y, en septiembre, otro apagón dejó a un 70 por ciento del país (Caracas y 14 estados) sin luz por al menos cuatro horas. En diciembre, otra falla afectó a medio país. Maduro habló de "sabotajes", mientras expertos denunciaban falta de inversión, pobre mantenimiento y multimillonarios casos de corrupción.

En marzo de 2014, dos incendios en el cerro Ávila, que rodea Caracas, dejaron sin electricidad a sectores del centro de la capital y, en junio, un corte de energía afectó durante horas a vastos sectores de la ciudad y unos diez estados.

Nuevos planes de racionamiento se aplicaron en 2016, por cortes que el gobierno de Maduro vinculó con una nueva sequía. Esas medidas implicaban la reducción de la jornada laboral del sector público en un 40 por ciento y afectaban a centros comerciales y hoteles, a los que se obligó a instalar plantas eléctricas propias.

El 19 de octubre de 2016, el edificio del Parlamento, de mayoría opositora, se quedó sin luz mientras los diputados debatían un proyecto de ley para el sector eléctrico.

Los apagones se incrementaron a lo largo de 2017 y, en octubre, una falla dejó sin energía durante ocho horas a la ciudad de Maracaibo y otras zonas del estado Zulia, el más castigado por los apagones. En Navidad, el 24 y 25 de diciembre, también se registraron fallas en varias regiones. Pandillas aprovechan los apagones para asaltar tiendas, como aquí en este centro comercial de Maracaibo.

Nada más empezar 2018, el 2 de enero, sectores de cinco estados y de la capital quedaron sin energía durante varias horas, sumándose a permanentes racionamientos de agua. Dos apagones en enero afectaron a Caracas y distintas regiones. El 17 de febrero, seis recién nacidos que recibían respiración asistida murieron tras un apagón en un hospital del sureste del país.

A finales de agosto otros dos cortes de gran alcance se registraron en Caracas y en los estados Miranda y Vargas. En Zulia algunos sectores se quedaron sin suministro hasta cuatro días. En octubre se volvió a repetir un apagón de más de 24 horas en gran parte del país. En noviembre los cortes llegaron a la turística isla de Margarita (norte), y a los pocos días otro apagón golpeó de nuevo a Zulia.

2019 abrió con un apagón que provocó el desalojo de más de un centenar de personas de uno de los mayores hospitales del país. Este suceso dejó dos muertos. El 7 de marzo, en tanto, se registró el peor de los apagones, que paralizó Venezuela durante una semana, con denuncias de más de una decena de muertos en hospitales. Este 25 de marzo al menos 15 estados y Caracas volvieron a quedarse a oscuras.