Sin ofrecer declaraciones a la prensa, el expresidente Sánchez de Lozada y quien fuera su ministro de Defensa se hicieron presentes en la primera vista del litigio, que se celebra en un tribunal federal de Fort Lauderdale, situado al norte de Miami.

El juicio civil es presidido por el juez James I. Cohn, que en febrero pasado accedió a procesar a ambos bolivianos, acusados de planificar "las matanzas extrajudiciales" tras un proceso legal de once años en Estados Unidos.

Según la demanda, "meses antes de la violencia, los dos acusados idearon un plan para matar a miles de civiles, e intencionalmente usaron fuerza letal en contra de las protestas políticas para reprimir la oposición política".

"Se disparó contra más de 400 civiles desarmados”

Cohn, quien señaló que será "un juicio interesante", reiteró hoy que ninguna de las partes podrá dar declaraciones a la prensa, al señalar que eso sería un "error" al recordar que el "juicio es público" y que, en aras de la Justicia, el proceso será "en la corte y no en los medios".

Sánchez de Lozada, de 87 años y quien llegó acompañado de su esposa, Ximena Iturralde, lucía tranquilo, al igual que el exministro Sánchez Berzaín.

La abogada de los demandantes, Beth Stephens, del Centro de Derechos Constitucionales de la Universidad de Harvard, señaló que durante el proceso estarán presentes familiares de los demandantes, que representan a ocho de unas sesenta a ochenta víctimas de los disturbios de 2003, que responsabilizan de las muertes a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

Tanto el dos veces presidente de Bolivia (1993-1997 y 2002-2003), como quien fue su jefe de campaña, ministro de la Presidencia y finalmente ministro de Defensa, residen en Estados Unidos desde que Sánchez de Lozada renunció en octubre de 2003 en medio de los disturbios contra sus políticas energéticas.

Los acusados, que gozan de asilo político en EE.UU., culpan al actual presidente de Bolivia, Evo Morales, que entonces era dirigente de los cocaleros, de haber provocado con esas protestas el derrocamiento de un gobierno constitucional.

Los líderes de la protesta y sus participantes fueron eximidos de toda responsabilidad por dos decretos de amnistía dictados durante la Presidencia de Carlos Mesa (2003-2005), que era vicepresidente de Sánchez de Lozada y asumió la jefatura de Estado cuando éste renunció y se fue a Estados Unidos.

JOV (efe, larazón)

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