Estados Unidos sancionó este miércoles (19.04.2023) a tres jueces de Nicaragua por haber despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Entre las personas que quedaron sin pasaporte nicaragüense están los 222 presos políticos que fueron desterrados del país y enviados a Estados Unidos el pasado febrero, incluidas prominentes figuras de la oposición como Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

Estados Unidos responsabilizó al juez Octavio Rothschuh, del Juzgado Primero de Apelaciones en lo Penal de Managua; al juez Ernesto Rodríguez, de la Corte de Apelaciones de Managua, y a la jueza Nadia Tardencilla, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Distrito de Managua, todos ellos sancionados por el Departamento del Tesoro.

"Seguiremos utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para garantizar la rendición de cuentas por los abusos del régimen de Ortega-Murillo", advirtió el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en un comunicado. 

Acciones antidemocráticas

El líder de la diplomacia estadounidense exigió además al Gobierno de Ortega la "inmediata e incondicional liberación" del obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ser desterrado de su país en febrero pasado.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el juez Rothschuh anunció la decisión de desterrar a los 222 presos nicaragüenses, el juez Rodríguez retiró la nacionalidad a otras 94 personas, incluidos periodistas, activistas y clérigos; y la jueza Tardencilla despojó de la nacionalidad al obispo Álvarez tras condenarlo de traición.

"El régimen de Ortega sigue participando en acciones antidemocráticas que tienen como objetivo a las figuras de la oposición que más se hacen oír en Nicaragua, incluso a través de su sistema judicial", denunció el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

Como resultado de la acción de este miércoles, todas las propiedades en Estados Unidos de los sancionados quedan bloqueadas y se prohíbe realizar transacciones económicas y comerciales con ellos.

mg (efe, AP)