El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves (05.03.2020) sanciones contra la Policía de Nicaragua, el principal cuerpo de seguridad en el país, y a tres altos oficiales de esa entidad por encontrarlos responsables de un "importante abuso de los derechos humanos".

"El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su violenta campaña de represión sobre el pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin.

En un comunicado, Washington acusó al cuerpo policial de "usar munición contra manifestantes pacíficos y de ser partícipes de escuadrones de la muerte; además de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales, desapariciones y secuestros".

Los tres altos jefes policiales sancionados son Juan Antonio Valle, jefe policial de Vigilancia y Patrulla; Justo Pastor Urbina, comisionado de Operaciones Especiales, y Luís Alberto Pérez Oliva, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía y director de la prisión de El Chipote, donde algunos alegan que se ha practicado la tortura y violaciones, entre otros abusos.

Primera entidad pública sancionada

La medida se traduce en un congelamiento de los activos que los sancionados puedan tener en EE.UU., mientras que los ciudadanos estadounidenses y sus empresas no podrán hacer negocios con ellos.

Esta es la primera vez que Estados Unidos sanciona a una institución pública del gobierno de Daniel Ortega, el ex guerrillero de 74 años que gobernó por primera vez de 1985 a 1990 y retornó al poder en 2007, habiéndose reelegido en dos ocasiones (2011 y 2016) mediante cuestionados comicios.

Sin embargo, el Departamento del Estado ya había sancionado a varios jefes de la Policía en 2018 y 2019, como su máximo jefe, comisionado Francisco Díaz, y el subdirector, comisionado Ramón Avellán.

También han sido sancionados la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, y varios de sus hijos, así como Lumberto Campbell Hooker, presidente del Consejo Electoral Supremo, y Roberto López Gómez, director del Instituto de Seguridad Social, y dos empresas petroleras utilizadas para el "lavado del dinero".

Embajada EE.UU. en Managua emite alerta

El anuncio de las sanciones provocó reacciones de júbilo entre dirigentes de la oposición, activistas de derechos humanos, líderes estudiantiles y de organizaciones civiles que han acusado a Ortega de dirigir "una dictadura". El gobierno alega que fue víctima de un "fallido golpe de Estado" en 2018.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Managua emitió esta misma tarde un "mensaje de seguridad" a sus funcionarios diplomáticos y visitantes temporales en el país, prohibiéndoles salir de la ciudad y de sus áreas residenciales y hoteles durante las próximas 72 horas, por temor a que ocurran manifestaciones.

La Policía de Nicaragua mantiene prohibidas las protestas y manifestaciones opositoras desde septiembre de 2018 y sólo autoriza las demostraciones callejeras que son organizadas por el gobierno sandinista.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado más de 300 muertos, 2.000 heridos, cientos de presos y más de 80.000 emigrados y exiliados dsde abril de 2018, según ONG de derechos humanos que acusan por esos crímenes a la Policía y a fuerzas paramilitares y grupos de choque afines al gobierno.

gs (efe, ap, afp, La Prensa)

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