Este domingo (2.12.2012), miles de simpatizantes del presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi, rodearon el edificio del Tribunal Constitucional justo cuando sus miembros se disponían a analizar la legalidad de la Asamblea Constituyente que aprobó el borrador de la nueva Carta Magna el viernes (30.11.2012). Los jueces no consiguieron entrar a la sede de la corte y anunciaron la suspensión indefinida de sus sesiones, describiendo la presión ejercida por los manifestantes como el “asesinato moral” de la Justicia en ese país.

Los Hermanos Musulmanes –a cuyas filas pertenece Mursi– aseguraron que no habían convocado a sus seguidores para que bloquearan el acceso a la corte; pero sus pronunciamientos son recibidos con desconfianza en el bloque comunitario. En entrevista con el semanario Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, amenazó con paralizar la cooperación política y económica entre la Unión Europea (UE) y Egipto si el Gobierno de Mursi no propiciaba el desarrollo de una democracia pluralista en su país.

“La presión económica es lo único que entiende este tipo de regímenes”, acotó el socialdemócrata alemán. Schulz también advirtió que Europa haría bien en tomar en serio el afán de poder de Mursi y de los Hermanos Musulmanes, a quienes describió como un movimiento radical más político que religioso. “La Hermandad Musulmana instrumentaliza los sentimientos religiosos para alcanzar objetivos políticos”, explicó el presidente del Parlamento Europeo. Otros políticos germanos y europeos lo secundaron, aunque con menos severidad.

“Yo invito al presidente Mursi y a las autoridades pertinentes a que hagan posible un proceso amplio en donde todos los grupos sociales puedan ser incluidos”, dijo Guido Westerwelle, ministro alemán de Exteriores. Por su parte, Michael Mann, vocero de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, insistió en que Bruselas apoyaba la construcción de una democracia en Egipto; una que sólo es posible mediante el diálogo de todos los actores políticos.

La crisis institucional se acentúa

La crisis institucional que siguió a la dimisión de Hosni Mubarak, quien gobernó el país norafricano durante casi treinta años –hasta que estallaron las revueltas populares en su contra en 2011–, se ha visto acentuada por las ambiciones aparentemente irreconciliables de quienes desean hacerse del poder en Egipto. En junio de 2012, los magistrados del Tribunal Constitucional, percibidos como los últimos acólitos de Mubarak, disolvieron la Cámara baja del Parlamento, donde los islamistas tenían mayoría, alegando irregularidades en las elecciones.

La semana pasada, aquel episodio fue usado por Mursi como justificación para arrogarse poderes por encima de la Justicia. Su argumento: el Gobierno recién elegido no tiene otra manera de protegerse de las arbitrariedades del Tribunal Constitucional. Sin embargo, los islamistas tienen una hegemonía innegable en la Asamblea Constituyente que ha terminado por alienar a los parlamentarios cristianos y a muchos diputados liberales y de izquierdas. De ahí que la corte en cuestión ponga en duda la legalidad del Congreso Constituyente.

Esta confrontación ha sido llevada a las calles de Egipto: las manifestaciones a favor de Mursi celebradas este 1° de diciembre en El Cairo, Alejandría y otras ciudades son la respuesta a las airadas protestas contra el jefe de Estado, orquestadas por quienes temen ver a un tirano sustituido por otro y sentir una mayor influencia de la religión sobre la legislación nacional. Pese a la resistencia con que ha sido recibido el borrador de la nueva Carta Magna, el mandatario anunció que el 15 de diciembre se realizará un referendo para aprobarla o rechazarla.

Autor: Evan Romero-Castillo (dpa)
Editor: José Ospina-Valencia