Casi un año después del golpe militar contra Mohamed Mursi, el primer presidente democráticamente electo en la historia del país a orillas del Nilo, Egipto vota a un nuevo jefe de Estado. Pero quien crea que estos comicios son una competencia justa, según las reglas de la democracia, probablemente se engañe. Estas elecciones recuerdan mucho a los referendos que se llevaban a cabo en tiempos de Mubarak: la victoria de Abdelfattah Al Sisi, exmariscal del Ejército egipcio, que detenta el poder de facto desde julio de 2013, será muy probablemente el vencedor. Entre los egipcios en el extranjero, Al Sisi ya obtuvo esta semana un 94 por ciento de los votos, un resultado sorprendente, podría pensarse. Sin embargo, de sorprendente no tiene nada, si se toma en cuenta el desarrollo de los acontecimientos en los últimos diez meses.

Demonización y anulación de la oposición

Con el derrocamiento violento de Mursi, en julio de 2013, no solo se derrocó al Gobierno, sino que también se anuló la Constitución egipcia, reformada por los Hermanos Musulmanes. La cúpula del Ejército en torno a Al Sisi ordenó luego a una comisión elegida por esa institución que elaborase una nueva Constitución, lo cual se llevó a cabo a través de un proceso poco representativo y sin participación ciudadana. La Carta Magna está hecha a medida de las necesidades del Ejército, cuya meta es una “democracia guiada” en Egipto.

Los acontecimientos que siguieron no tuvieron absolutamente nada que ver con las esperanzas de libertad y democracia de la revolución del 25 de enero de 2011. No solo los Hermanos Musulmanes fueron criminalizados, demonizados y presentados como una oscura amenaza para la patria por medio de una afilada campaña mediática. También la oposición liberal y secular, sobre todo los activistas y revolucionarios democráticos de la primera hora, fueron brutalmente perseguidos.

Entre tanto, organizaciones de derechos humanos denuncian un número tremendamente alto de violaciones contra los derechos humanos, así como aumento de las torturas sistemáticas en las cárceles del país. Eso, sin mencionar las condenas a muerte ad hoc, emitidas por una Justici arbitraria, contra presuntos adeptos a los Hermanos Musulmanes.

Al Sisi, el candidato del Ejército

En estas elecciones, los egipcios en realidad no tienen muchas opciones, dado que la verdadera oposición está prescripta o ha sido amedrantada. Hamdeen Sabadhi, el rival de Al Sisi, no tiene chance, y lleva a cabo en las calles de Egipto una batalla electoral digna, pero sin esperanza, contra la maquinaria de propaganda de los medios estatales. Sin quererlo, funciona como una especie de pantalla que mantiene las apariencias de que estos son comicios democráticos.

Además, Al Sisi no es, de seguro, un servidor desinteresado de las masas, como gusta presentarse a la opinión pública. Es y será un hombre del Ejército. Entretanto, lo apoyan casi todos los organismos estatales, sobre todo, la Justicia, totalmente politizada, el tristemente famoso Ministerio del Interior, el gigantesco aparato burocrático y los medios masivos de comunicación, con una agresiva campaña propagandística. Paradójicamente, el partido salafista Al Nour, islamista puritano y con una capacidad política casi nula, también forma parte del grupo que respalda al nuevo hombre fuerte de Egipto, ya sea por puro oportunismo o debido a la presión de Arabia Saudita.

Junto con el total restablecimiento del aparato represivo -mucho peor de lo que era el aparato policial de Mubarak- se debe resaltar el hecho de que hay fuertes indicios de que el general Al Sisi no posee ningún tipo de experiencia política ni de visión de futuro para el nuevo Egipto. Tampoco presenta un programa para solucionar los problemas económicos que acucian al país, ni reformas estructurales del sistema impositivo.

No legitimar el golpe de Estado

El nuevo orden político después de la era Mursi es financiado y respaldado por fuerzas antidemocráticas del mundo árabe. Sobre todo Arabia Saudita y las monarquías conservadoras del Golfo Pérsico apoyan al nuevo régimen porque le temen a una posible dinámica revolucionaria que pudiera inspirar a la juventud a exigir más libertades. A eso se suma su miedo a una pérdida de legitimidad por el ascenso de los Hermanos Musulmanes, que lograron una legitimación tanto democrática como islámica. Sin las inyecciones de dinero de la Península Arábiga, Egipto ya habría caído hace tiempo en bancarrota.

Dado que Egipto está a años luz de un proceso de democratización, y que las perspectivas de que mejore la situación no parecen demasiado buenas, la Unión Europea debería encarar la cooperación con el nuevo régimen imponiendo claras condiciones, y no legitimar de ningún modo el golpe militar de julio de 2013. Por esa misma razón, la UE debería haberse negado a enviar a sus observadores a los comicios presidenciales, ya que esa misión internacional está siendo utilizada por la élite que detenta el poder en Egipto, formada por el Ejército y la oligarquía.