Los partidos conservador Los Republicanos y centrista Unión de Demócratas e Independientes (UDI) presentaron una moción de censura contra el Gobierno francés.

La oposición responde así al Ejecutivo, luego de que este recurriera al artículo 49.3 de la Constitución para hacer aprobar su polémica reforma laboral sin el voto de la Asamblea Nacional e ignorando las manifestaciones populares provocadas contra una de las reformas emblemáticas del presidente socialista François Hollande.

La moción, que cuenta a priori con escasas opciones de prosperar en virtud del reparto de fuerzas parlamentarias, se someterá a votación el próximo jueves (12.05.2016). Si fuera aprobada, el Gobierno debería dimitir, mientras que, de ser rechazada, el proyecto de ley defendido por la ministra de Trabajo, Myriam el Khomri, quedaría adoptado en primera lectura por la Asamblea Nacional y pasaría al Senado.

La derecha disponía de hasta 24 horas para presentar su moción desde que el primer ministro, Manuel Valls, anunció que se iba a saltar el debate parlamentario, pero presentó su censura al Ejecutivo sin agotar ese plazo.

El texto en el que justificaron su decisión, según los medios franceses, subraya que si el Gobierno se ve obligado a recurrir a ese instrumento constitucional es por el "punto muerto" al que el presidente, François Hollande, ha conducido al país.

Pese a protestas callejeras

Tras semanas de protestas callejeras contra un proyecto de ley que pretende facilitar la contratación y los despidos, Valls, en cambio, señaló en la sesión del control al Gobierno que se ha decantado por ese controvertido artículo convencido de que esa reforma "es un buen texto para el país" y de que por esa razón debe adoptarse cuanto antes.

Aunque Valls suavizó partes del proyecto de ley laboral en marzo tras protestas estudiantiles, la propuesta mantiene algunas medidas que dan más flexibilidad a los empleadores para realizar acuerdos internos con empleados sobre horarios de trabajo. También ofrece a las empresas condiciones menos restrictivas para despidos que se determinen por razones económicas.

El Gobierno espera que la reforma anime a las empresas a contratar personal. Pero se esperaba que los legisladores del propio partido gobernante desecharan la propuesta en el Parlamento. "Debido a que el país debe avanzar (...) el gabinete me ha autorizado a comprometer la responsabilidad del Gobierno, lo que haré más tarde", dijo Valls a los legisladores, entre abucheos de parlamentarios y algunos aplausos de ministros.

Legisladores rebeldes del Partido Socialista acusaron al Gobierno de hacer caso omiso al Parlamento. "Es una forma de utilizar la Constitución con mano dura para impedir que los representantes de la nación tengan su opinión", dijo a periodistas Laurent Baumel, un legislador socialista rebelde que calificó la decisión de "antidemocrática".

Una derrota en el Parlamento habría sido un golpe fuerte para el impopular Hollande, quien ha dicho que sólo buscará la reelección el próximo año si logra reducir la tasa de desempleo, que está estancada por encima del 10 por ciento.

Cláusula de emergencia

Una cláusula raramente usada en la Constitución francesa, conocida como 49.3, permite aprobar reformas por decreto, destacando los fuertes poderes que ejerce el Ejecutivo bajo el sistema presidencial de Francia, diseñado por el líder de la Segunda Guerra Mundial Charles de Gaulle.

Esta es la segunda vez que Valls utiliza la cláusula, ya que el año pasado evitó al Parlamento al emitir por decreto una ley de liberalización económica, que flexibilizó las normas y regulaciones comerciales durante los domingos en los sectores de transporte y judicial. A esta ley de 2015 se le conoce como "ley Macron" por el nombre de su autor, el ministro de Economía, Emmanuel Macron.

RML (efe, reuters)