Las cerca de 200 páginas del reporte de las víctimas describen una pesadilla tras otra. "El sacerdote me llevó a su pieza y la cerró”, escribe una víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva. "Me besó en la boca, con la lengua. Fue repugnante. Me acarició. Yo quedé como petrificado. Me enseñó actos y palabras que no conocía: masturbación, felación. Me dije que debía respetarlo, porque era un sacerdote. Y mis padres lo apreciaban tanto”.

Durante dos años, miles de víctimas contaron su historia traumática a la llamada Comisión Ciase. Esta estima que cerca de 330.000 menores fueron objeto de violencia sexual en la Iglesia entre 1950 y 2020. En 216.000 casos, los abusadores fueron sacerdotes. En otros miles de casos, fueron laicos.

En el informe, de unas 2.500 páginas, la comisión plantea 45 recomendaciones para evitar que algo así vuelva a suceder.

Católicos bajo sospecha

La Comisión Ciase se creó en 2018 a instancias de las máximas organizaciones de la Iglesia católica francesa. La tarea de fundarla fue encomendada a Jean-Marc Sauvé, ex vicepresidente de la Corte Suprema gala.

"Desde 2000 procedemos activamente contra el abuso sexual en nuestra Iglesia, pero no ha sido suficiente”, indica Olivier Leborgne, arzobispo de Arras y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Francia (CEF).

Agrega que, a diferencia de lo ocurrido en otros países, como Alemania, esta comisión fue completamente independiente de la Iglesia: "Era tal la sospecha que pendía sobre nosotros, los católicos, que nuestra futura credibilidad dependía de la autonomía de esta labor”.

Plena independencia

También el abogado Jean-Marie Burguburu, presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos y miembro de la Comisión Ciase, confirma la total independencia con que trabajó el grupo. Entre los 22 integrantes figuran también sociólogos, psicólogos, historiadores y antropólogos. No participaron delegados de la Iglesia, para evitar conflictos de intereses. Tampoco se incluyó a víctimas de abusos.

Marie-Jo Thiel, directora del Centro Europeo de Estudios Éticos de la Universidad de Estrasburgo, subraya que todos los sectores valoran la integridad de Sauvé. Indica igualmente que la independencia de la comisión se funda en el sistema francés de estricta separación de la Iglesia y el Estado.

A esa independencia se debe seguramente que el resultado de la investigación haya causado tanta sorpresa. "Nadie había contado con que el abuso estuviera tan extendido en nuestra Iglesia”, dice el arzobispo Leborgne.

Problema "sistémico”

El informe habla de un problema "sistémico”. Durante largo tiempo se trató a las víctimas con indiferencia e incluso crueldad. Muchas cosas se ocultaron y negaron. Solo a partir del año 2000 -o más bien desde 2016- se tomaron medidas para evitar tales abusos y ocuparse de esos casos, pero de manera insuficiente.

Los expertos de la comisión critican la estructura de poder fuertemente centralizada existente en la Iglesia católica. Plantean la necesidad de reformar la educación de los seminaristas y de que los postulantes sean sometidos a un examen psicológico.  Además, consideran que hay que poner en discusión el celibato y que el derecho canónico debe reformarse. Estiman adicionalmente que el secreto de confesión no debe tener validez cuando alguien confiesa abusos sexuales.

Igualmente sostienen que los casos de abuso sexual deben ser investigados y se debe indemnizar individualmente a las víctimas, con recursos de a Iglesia y de los victimarios. Estos últimos serían cerca de 3.000 personas, las cuales, sin embargo, en su mayoría ya no viven.

Primeras reacciones

Para el monje franciscano Michel Laloux, el informe pone en tela de juicio el clericalismo, es decir, la influencia de la Iglesia. "Nuestra estructura debe volverse más democrática y necesitamos más mujeres en funciones directivas”, dice. Coincide en que hay que acompañar e indemnizar a las víctimas, pero no cree que la abolición del celibato resolvería el problema.

También el arzobispo Leborgne piensa que la Iglesia necesita una reforma profunda. Pero, a su juicio, no tiene sentido poner en duda el secreto de confesión. "Eso solo llevaría a que la gente ya no nos cuente nada, de manera que ya ni siquiera tendríamos la oportunidad de convencerlos de presentarse ante la Policía”, opina.

No obstante, el abogado Burguburu, un creyente católico, cree que, a la larga, la Iglesia acogerá muchas de las propuestas. "Naturalmente, eso no sucede de la noche a la mañana, Tardará meses o años”, dice, pero está convencido de que las cosas mejorarán.

(er/ms)