“Para las poblaciones originarias el agua no es sólo un recurso, es vida. Aparte de esto, que no se toma en cuenta, para localizar los grandes proyectos de extracción hay que fijarse en donde están las fuentes de agua. La población se opone porque tiene un legítimo temor a quedarse sin agua y, en todo caso, a que esta agua sea contaminada. Se olvida que los pueblos indígenas tienen derechos, hay convenios internacionales como el 169 de la OIT que no se cumplen”, explica Jaime Borda Pari de la organización de derechos humanos Vicaría de Sicuani, del Cuzco.

Justo en la Día Mundial del Agua, en la conferencia “América Latina: recursos naturales y acuerdos comerciales” representantes de la sociedad civil de Colombia, Panamá, Guatemala y Nicaragua expresaron sus temores de que los acuerdos comerciales dejen de lado los derechos de la población.

A este encuentro, celebrado en Bruselas, invitan parlamentarios europeos de todas las fracciones para evaluar el impacto que podría tener en los recursos naturales los acuerdos comerciales con América Latina que tienen que ser ratificados por la eurocámara y los parlamentos nacionales de los 27 países.

Estos tratados no están exentos de polémica dentro de los propios grupos y no porque no haya que establecer acuerdos comerciales en un mundo globalizado. "Lo que no puede permitirse es que los acuerdos sean entre gobiernos y que la sociedad civil no tenga nada que decir cuando los derechos humanos se plantean sólo como prescripciones, justo en momentos en que la Unión Europea se plantea medidas de lucha contra el cambio climático y de desarrollo sostenible”, dice el eurodiputado español Andrés Perelló.

En todo caso, para Carlos Zepeda, consultor autor del informe “Agua para la vida o para el comercio”, que el acuerdo no incluya expresamente el acceso al agua como un derecho humano –como lo definió Naciones Unidas en 2010- es motivo para enmendarlo. O rechazarlo.

Respuestas

“El Perú está haciendo un esfuerzo en su ordenamiento jurídico para que el Estado pueda asumir toda la responsabilidad que tiene en la preservación de sus recursos naturales. Hay una aprobación de la ley de consulta previa con su reglamentación. Éste ha sido un paso fundamental porque el Perú no sólo ha cumplido con el convenio de la OIT sino que también ha iniciado un proceso interno en el que ha movilizado a más de 3000 personas para escuchar cuál es su opinión acerca de los recusos naturales y evitar, en ese punto, los conflictos sociales”, había dicho pocos días antes a DW la embajadora de Perú ante la Unión Europea, Cristina Rosario Ronquillo.

¿Qué opina de esto la sociedad civil? “En la práctica no se respeta, es letra muerta”, dice a DW Borda Pari, “por eso tenemos que acudir a instancias internacionales para visibilizar situaciones de violación que ocurren en sitios muy alejados y pequeños. En Perú y otros países, a la hora de operar o imponer un proyecto minero se utiliza la fuerza”, concluye.

La pérdida de biodiversidad por megaproyectos

A estos nuevos tratados entre la UE y los países de América Latina se alude como garantía de desarrollo y bienestar. Sin embargo, “conocemos la minería, la extracción de petróleo, los biocombustibles, las represas y la producción de alimentos a gran escala, las venimos sufriendo y sabemos que no son generadores de desarrollo”, afirma por su parte Tatiana Rodríguez de la organización colombiana Amigos de la Tierra exponiendo las consecuencias que han tenido para la población diversos megaproyectos de extracción de recursos en el continente.

Con la respuesta de que se velará de la aplicación de tecnologías adecuadas e incentivos para que las empresas se hagan cargo de los residuos, Rodríguez no se da por satisfecha: “La realidad demuestra que en América Latina esas cosas no son ciertas; además, la tecnología no puede devolver la biodiversidad ni devolverle la vida a pueblos que hayan sido borrados del mapa. Tampoco es posible que pueda reparar aguas acidificadas”, denuncia.

Y ¿obligar a las empresas a indemnizaciones en caso de impactos ambientales graves? La respuesta es una pregunta: “¿Qué precio le podemos poner a la pérdida de comunidades indígenas no contactadas? ¿A la pérdida de fauna y flora únicas en el mundo? “

Los monocultivos y los biocombustibles

De Guatemala, Helmer Velásquez trae el ejemplo de los monocultivos de palma aceitera, de banano, café y azúcar para bioetanol. “No son generadores de empleo. El azúcar necesita mano de obra abundante, tres meses en el año y después ya no necesita, la palma tampoco”, dice a DW. “Son empleos que no están sujetos a condiciones de trabajo reguladas”, añade. ¿Y las cláusulas laborales que incluye el tratado que ayudarían a estandarizar las condiciones? “No son vinculantes. Al no serlo no implican sanciones, Y si no son coercitivas nuestra historia de 500 años demuestra que no tiene ningún efecto”, afirma el director ejecutivo de una asociación de Cooperativas Agrícolas.

Tiempo de reflexión

Con todo, “¿la no firma de esos tratados garantizaría que las empresas transnacionales no velaran por sus negocios y extrajeran los recursos?”, plantea la eurodiputada liberal Catherine Bearder.

En todo caso, “las empresas no se van a plantear a renunciar e ello. Pero para eso está la sociedad civil organizada, los parlamentos. A nadie le van a regalar nada: la historia de la humanidad demuestra que los progresos han sido conquistas que los ciudadanos organizados han logrado. Tanto las jornadas laborales como los derechos sociales han sido productos de luchas. Yo no estoy llamando a la rebelión a nadie, pero estoy diciendo que cada pueblo tendrá que defender lo suyo organizado colectivamente”, dice a DW Perelló.

“¿Se han explorado todas las posibilidades de obtener esos materiales de la mejor manera? ¿O estamos haciendo una explotación de materiales de la forma más cómoda y que dé más beneficios?”, plantea. Y concluye: “No tenemos ningún derecho ni los latinoamericanos ni los europeos ni nadie a disponer de todos los recursos que un país como parte de la Tierra presenta en estos momentos sin pensar cuáles dejamos a los demás”. En todo caso, la discusión apenas comienza y para el diputado Perelló está ya está claro: si el tratado no incluye cláusulas de respeto a los derechos humanos como el acceso al agua y el respeto al medio ambiente, su voto será en contra.

Autora: Mirra Banchón
Editor: Enrique López