“Hola, mamá. Quiero que me perdone por todos los sufrimientos que le hice pasar”, dice alguien desconocido en una de las cartas encontradas en el llamado “Bronx” de Bogotá, tras la reciente intervención de la policía. Así como hijos querían disculparse por la drogadicción con sus padres, también mamás les dirigían a sus hijos cartas que nunca enviaron. Mujeres presas de la adicción y los capos del negocio que las mantenían como esclavas sexuales y laborales, a cambio de un par de gramos de droga.

En dicha operación también fueron rescatadas más de 200 niñas, como reporta la ONG humanitaria Corporación Anne Frank, que lucha contra la trata de personas, y “cuyas investigaciones y denuncias le han servido a las autoridades para intervenir el problemático lugar”, dice a DW Antonio Hernández, psicólogo colombiano especializado en la resocialización de víctimas de la trata de personas, sobre todo de menores.

Según el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía de Colombia, Julián Quintana, allí había casas de torturas y asesinatos, incluso con ácidos. “Había casas con calabozos para retener a supuestos infiltrados y deudores morosos de la droga, que hacían destrozar por perros de jauría”, señaló Quintana al diario El Colombiano.

Una manzana podrida daña todo el canasto

Cinco manzanas del sur del centro de Bogotá se convirtieron en un infierno para drogadictos, indigentes y niñas llevadas allí con engaños para luego esclavizarlas. Un sector con leyes propias. ¿Cómo es eso posible en las narices de la alcaldía de la capital colombiana?

Las últimas tres administraciones de Bogotá ignoraron la situación y apostaron por no estigmatizar a los consumidores de drogas y respetarles su libre elección. Pero lo que bajo la anterior administración se llamó “Bogotá Humana”, en realidad permitió la instauración de una inhumana zona en donde las leyes las imponían los capos del “microtráfico” y el “menudeo” de drogas, que obtenían - y siguen obteniendo - ganancias millonarias. Toda vez que “los clientes no eran solo los habitantes de la calle sino miles personas de todas las clases sociales que entraban a la zona a comprar y consumir drogas sin que nadie les tocara un pelo”, agrega el jurista Quintana.

“En lugares como el “Bronx” las organizaciones criminales brindan a los usuarios tanto las sustancias como la posibilidad de consumirlas en un ambiente ‘seguro', a cambio de la fidelidad al expendedor. Los consumidores tienen la certeza de que nadie, incluida la autoridad, los va a molestar o les va a robar la sustancia”, explica en la revista de análisis Razón Pública, Santiago González Plazas, especialista en Política Pública de la Universidad de los Andes, de Bogotá, quien agrega que “la violación de estas reglas y códigos de lealtad son castigados hasta con la muerte”.

La seguridad del cliente y la muerte del deudor moroso

Entre consumidores que visitan estos lugares son recurrentes afirmaciones como que “lugares como el Bronx son los lugares más seguros de la ciudad”. “Afirmaciones incomprensibles para alguien ajeno a ese mundo, pero que tienen mucho sentido entre la población consumidora, que en muchos casos se encuentra estigmatizada y criminalizada”, concluye, por su parte, el politólogo González Plazas.

“Las niñas y niños allí encontrados habían sido, en un 95%, llevados con engaños al Bronx y mantenidos allí como rehenes, después de obligarlos a la adicción, para luego exigir de ellos servicios sexuales o de sicariato, a cambio de droga”, explica el psicólogo Antonio Hernández, que ha tenido que salir de la ciudad, así como los trabajadores de la Corporación Anne Frank, por haber denunciado las violaciones de derechos humanos en dicha zona.

También las odiseas de las niñas y niños son diarias, como narra el psicólogo Hernández: “Cuando logramos rescatar a alguna de las niñas, la persecución de los capos de la droga es tal que nos toca sacarlas a los hogares de paso fuera de la ciudad, o del país”. Antonio Hernández ha vivido en su propia carne la persecución. Él y la directora de dicha ONG, Claudia Quintero, llegaron a Bogotá desplazados por paramilitares de sus regiones de origen, la costa caribeña y El Catatumbo.

"Los niños maltratados necesitan un proyecto de vida"

En 2015 el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de los Niños, con sede en Ginebra, recordó que el Estado colombiano no estaba haciendo lo suficiente por la defensa de la infancia y la adolescencia.

No en vano, la ONG Anne Frank, que reclama más reconocimiento de su trabajo y recursos para ejercer su labor humanitaria, advierte que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “no tiene una línea base de atención a víctimas de trata de personas en el marco del microtráfico, los niños y niñas son sometidos al encerramiento y no se comprueba una real reparación para estas víctimas, tampoco se cuenta con un plan estratégico de prevención para evitar que esto vuelva a suceder”. Para el psicólogo Antonio Hernández lo más importante es que estas pequeñas víctimas necesitan "un proyecto de vida".

Por su parte, Santiago González Plazas, asesor de la Dirección de Política Contra las Drogas del Ministerio de Justicia, recomienda centrar el trabajo público en dos asuntos: “Perseguir y judicializar más decididamente a los peces gordos del microtráfico y apuntar más a la prevención, mitigación o eliminación de los nexos del consumidor de drogas con la ilegalidad”. Según González Plazas, “la mera persecución del crimen en una parte de la ciudad, lo que hace es desplazarlo a otros barrios que antes no tenían el problema”. En el Bronx de Bogotá, el mundo ha visto por estos días estupefacto otro de los frentes de la bancarrota de la guerra contra las drogas.