La frontera entre Nicaragua y Costa Rica ha vuelto a ser esta semana escenario de tensiones. Centenares de nicaragüenses debieron dormir durante varios días en la aduana de Peñas Blancas, a unos 140 kilómetros al sur de Managua, en espera de que su Gobierno les permita ingresar libremente a su país.

Policías de los dos países fueron desplegados el miércoles a ambos lados de la frontera común. El Gobierno de Daniel Ortega envió gran cantidad de antimotines para evitar la entrada de los migrantes y las autoridades de Costa Rica hicieron lo propio con su Guardia Civil.

El grupo, inicialmente de 150 a 200 nicaragüenses, se encontraba varado en Panamá por distintos motivos. Tras un acuerdo entre las autoridades de los tres países, se les prometió que podrían retornar, pero al llegar a Peñas Blancas quedaron estancados.

"Finalizado su trámite se dirigieron como es habitual hacia su país, encontrándose según han manifestado, con un nuevo requisito de ingreso, ya que deben portar un resultado negativo de la prueba COVID-19", indicó la Dirección de Migración costarricense en un comunicado.

Al no poder ingresar a Nicaragua, al menos 400 migrantes formaron una cadena humana y bloquearon el paso de los camiones de carga en la frontera. Sobre la Carretera Panamericana que conduce al paso fronterizo de Peñas Blancas, la hilera de vehículos pesados se extendía este miércoles a lo largo de ocho kilómetros, según constató DW en el lugar.

"Venimos desde El Salvador con una carga hacia Costa Rica. Los que estamos aquí al final de la cola llegamos hoy. Nuestros compañeros que están adelante llevan casi tres días paralizados”, dijo el conductor de un tráiler color blanco solo identificado como Enrique, a quien le preocupa su alimentación y aseo personal si las autoridades nicaragüenses no resuelven este nuevo conflicto fronterizo, similar al ocurrido hace un mes atrás.

Más de 1.500 varados

Los nicaragüenses que han quedado varados en otros países y en embarcaciones ancladas en aguas internacionales a causa de la pandemia, llegaron a superar los 1.500, según estimaciones de la prensa local.

Muchos habían salido de Nicaragua para trabajar como empleados de cruceros o se encontraban laborando en Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, pero el coronavirus los dejó sin techo, trabajo ni dinero. Por eso decidieron volver a su país. Otro grupo, originario de la Costa Caribe nicaragüense, también está varado en Gran Caimán, un territorio británico de ultramar situado al sur de Cuba.

"Llevamos tres días aquí bajo el sol, aguantando sed, hambre y lluvia, y ahora nos dicen que hay orden de no dejarnos entrar a nuestro propio país”, exclamó con desesperación otro joven nicaragüense que se identificó como Denis.

"Los de Migración de Nicaragua nos dijeron que, si queríamos entrar nos tiráramos por un monte donde hay cocodrilos y ladrones”, aseguró otro de sus compañeros. "Tenemos cinco días rodando desde Panamá y ahora nos recetan balas, no nos dan agua”, agregó.

Una situación casi idéntica vivió un centenar de nicaragüenses en junio pasado. Entre ellos estaba Yaoska Reyes, quien en una breve entrevista con DW resumió lo vivido como "una pesadilla”.

Como casi todos los que hoy intentan regresar a Nicaragua, ella decidió abandonar Panamá cuando comenzó la pandemia y se quedó sin empleo. Formaron un segundo grupo de migrantes con documentos en regla para retornar a su país, "pero desde que salimos de Panamá el día 24 de junio nos dijeron que Nicaragua no nos quería recibir”.

"Cuando llegamos a Peñas Blancas nos negaron el paso a nuestro país, nos pusieron una valla de policías y el propio jefe de Migración (del puesto fronterizo) de Nicaragua llegó a decirnos que si queríamos entrar, que nos saltáramos un muro y que ellos se harían de la vista gorda. Le dijimos que eso jamás lo haríamos porque no éramos delincuentes, teníamos nuestros papeles en regla y no estábamos entrando a un país ajeno. Era nuestro país”, relató la joven de 27 años.

Según Reyes, las autoridades nicaragüenses los "trataron súper mal. Pedíamos agua y nos la negaban. No les importó que lloviera toda la noche y que no tuvieramos dónde protegernos… Había adultos mayores, embarazadas y como seis niños. En cambio, los ´ticos´(costarricenses) nos dieron agua y comida para los niños. Estamos decepcionados con el Gobierno de Nicaragua”, agregó.

Elevado costo de pruebas

El Gobierno de Ortega anunció recientemente que solo permitirá el ingreso a personas procedentes del exterior que porten un certificado de COVID-19 negativo y que se sometan posteriormente a dos semanas de cuarentena.

El pasado 19 de julio, el MINSA notificó en su página web que dispuso un cobro de 150 dólares por cada test de coronavirus a quienes necesiten viajar a países donde se exige ese certificado, algo realmente caro para Nicaragua, donde el salario mínimo mensual equivale a 187 dólares. El anuncio oficial fue retirado del portal horas después.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), reveló que el presidente Ortega ordenó la importación de 100.000 pruebas de coronavirus, pero esto no fue confirmado de forma oficial.

Deutsche Welle solicitó un comentario sobre estos temas vía email a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, pero la petición no fue respondida. Murillo es la única vocera oficial autorizada para dar declaraciones a la prensa. 

Organismos de DD. HH. preocupados

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó al Gobierno sandinista a permitir el libre retorno de sus compatriotas, ya que "toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia".

"Con esta medida, Daniel Ortega está violando el artículo 31 de la Constitución de Nicaragua, que establece que los nicaragüenses tienen el derecho de entrar y salir de su país en cualquier momento”, dijo a DW la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

En días recientes, el propio Ortega se refirió al caos en las fronteras, pero minimizó las denuncias de los migrantes. "Abrimos las puertas, pero con las debidas medidas que hay que tomar (…) No es cuestión que van a entrar de manera desordenada a contaminar a la comunidad, por eso es importante que vengan con su certificado”, argumentó. 

Según Vilma Núñez, el Gobierno "está tomando medidas tardíamente”, pero en todo caso, si está preocupado por la salud de la población "debe practicarles la prueba del coronavirus en Nicaragua y de forma gratuita, porque la salud es un derecho humano”.

Aunque hoy se exige la prueba del COVID-19 a quienes ingresen al país, Ortega ha rechazado dictar medidas de cuarentena, cierre de escuelas o distanciamiento social. Sumado a ello, su Gobierno ha promovido aglomeraciones de todo tipo, lo que ha generado críticas de organismos internacionales de salud.

Las cifras oficiales del COVID-19 en Nicaragua hablan de apenas 108 muertos y 3.439 casos confirmados desde mediados de marzo hasta el martes 21 de julio.  Sin embargo, el Observatorio Ciudadano, una red de médicos y activistas independientes, contabilizó durante el mismo período 2.397 muertos y 8.508 casos sospechosos de coronavirus.

(few)

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