Sequía, lluvias torrenciales e inundaciones, entre otros desastres naturales, así como el cambio climático, potencian, cada vez más, la huida de personas para buscar una vida mejor fuera de sus hogares en condiciones económicas, políticas y sociales difíciles.

Según los datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), las mayores catástrofes naturales del 2018 dejaron casi 20 millones de personas desplazadas. Se trata de una tendencia al alza en la región que puede llegar a tener, en 2050, 17 millones de personas desplazadas internamente debido a los impactos del cambio climático, según estima un estudio del Banco Mundial. 

La relación entre el clima, el hambre, la pobreza y los conflictos provoca que la inseguridad alimentaria se pueda convertir en una causa de desplazamientos, según apunta el informe de 2019 de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A finales del pasado año, 135 millones de personas de 55 países padecían inseguridad alimentaria aguda y el 80% de las poblaciones desplazadas del mundo residían en éstos. 

Según dicho informe, el continente americano se convirtió en el mayor receptor de solicitudes de asilo en 2019. Este incremento se debe a la situación en Venezuela y el aumento de violencia e inseguridad en algunos países de Centroamérica, pero no solo. "A finales de 2018 y en 2019 comenzó la gran Caravana Migrante, a la cual se unieron miles de personas de Honduras que migraron justamente por las sequías", recordó a DW Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Aunque se trataban de los denominados migrantes por razones ambientales, "esta causa no se documentó", dijo. Además de Centroamérica, existen otros casos con este tipo de migración. "A comienzos de 2017, Colombia, Brasil y Perú presentaron lluvias extremas que, unidas a la falta de planeación y de prevención adecuada de desastres, causaron importantes pérdidas", recordó la directiva. "Adicionalmente, la implementación de grandes proyectos como grandes represas, carreteras y termoeléctricas, entre otros, han ocasionado también el desplazamiento de miles de personas" agregó recordando los casos de la represa de Belo Monte (Brasil) con el desplazamiento más de 20.000 personas y la de Hidroituango (Colombia).

Falta de información, reconocimiento y protección

Puentes apuntó a la dificultad de obtener datos precisos como uno de los principales problemas de este colectivo, entre otros retos. "Al no estar reconocida su situación de desplazado o de refugiado, las personas migrantes por razones ambientales están en una situación de mayor vulnerabilidad", lamentó.

"Hay mucho que caminar en términos de protección y políticas de atención integral y en términos de las causas que contribuyen a esos desplazamientos como la pobreza, las desigualdades y la urbanización desordenada", agregó a DW Erika Pires, cofundadora de la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA). 

Creada hace una década, se centra en el reconocimiento y protección integral de los derechos humanos de estos migrantes. Para ello cuenta con el Observatorio Latinoamericano sobre Movilidad Humana, Desastres y Cambio Climático.

Para Diogo Andreola Serraglio, uno de los coordinadores del mismo, la cuestión del reconocimiento radica en "¿cómo caracterizar el cambio climático como un agente de persecución?", uno de los requisitos del estatuto de refugiado. "Como alternativa, los países de América Latina acabaron concediendo  visados por razones humanitarias, que incluyen desastres ambientales", dijo apuntando que aunque que se trata de una innovación la región "es una medida paliativa que resuelve la cuestión de manera temporal".

La propuesta difiere de la ‘Convención para la protección y asistencia a los desplazados internos en África',  "un instrumento que incorpora esa mirada integral del ciclo del desplazamiento y prevé mecanismos de gobernanza y monitoreo y la necesidad de cooperación, que es clave para el éxito en la prevención y respuesta a los desastres y la crisis climática", consideró Pires. 

Acción estatal requerida

No obstante, para Puentes la falta de voluntad política y financiación frenan la creación de un instrumento de este tipo en la región. A pesar de ello, "los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas y por ende, también deberían proteger los derechos de las personas que migran por razones ambientales".

Asimismo, los Estados deberían adoptar medidas de prevención. "Una adecuada planeación y prevención de desastres puede evitar mayores migraciones y mayores violaciones a los derechos de las personas", aseguró, la Codirectora de AIDA.

Además de preparación, Pires abogó por afrontar de raíz las causas de las migraciones y así evitarlas. No obstante, ello "depende de voluntad política, normas, políticas y mecanismos institucionales y financieros de implementación a nivel interno y regional". 

(lgc)

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