La Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) condenó como un "retroceso" los planes de que el Reino Unido tome el control total del territorio de ultramar de Islas Vírgenes.

Un informe elaborado por una comisión de investigación encabezada por un juez británico recomendó hace unos días la disolución de la Asamblea legislativa y el cese del Gobierno por un período inicial de dos años, hasta que se depuren responsabilidades por corrupción.

Durante ese período, sugiere para dirigir este territorio británico de ultramar de poco más de 35.000 habitantes una administración encabezada por el gobernador John Rankin, designado por Londres, con la posibilidad de asistencia de un consejo asesor.

Reino Unido busca una disolución del Parlamento

"La abolición del Parlamento con gobierno directo desde Londres representa un paso atrás en la evolución del proceso democrático", subrayó la OECS, cuyos miembros fundadores y de pleno derecho son Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Montserrat.

La organización regional también indicó que esta medida es "inconsistente" con la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, aprobada por Naciones Unidas en 1960.

Por ello, instó al Gobierno británico a "trabajar con el Parlamento electo (de Islas Vírgenes Británicas) y apoyarlo en este proceso de rectificación".

Protestas contra planes del gobernadora, acusaciones de narcotráfico

Decenas de personas se congregaron el lunes frente a la residencia del gobernador para protestar por las mencionadas recomendaciones del informe, coincidiendo con las reuniones que mantiene en la isla la ministra británica para los territorios de ultramar, Amanda Milling.

Todo esto se produce, además, después del arresto en EE.UU. del primer ministro de Islas Vírgenes Británicas, Andrew A. Fahie, bajo cargos de narcotráfico y lavado de dinero.  Fahie denunció ayer que el Gobierno de Londres lo incriminó con la ayuda de EE.UU. para expulsarlo de su cargo e instó a la población del pequeño territorio caribeño a no dejarse engañar.

Al respecto, la OECS expresó su "gran preocupación" por la detención e indicó que Fahie "tiene derecho a la presunción de inocencia y a un juicio libre y justo".

jov (efe, the guardian)