Se trata de la primera sentencia sobre este sensible tema en Perú. En ella, el 10º Juzgado Constitucional de la Corte Superior (de Apelaciones) de Lima ordenó al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud "respetar la decisión" de Ana Estrada Ugarte, de 44 años, "de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia".

En Perú, la voz a favor de la eutanasia tiene nombre propio:  Ana Estrada, la primera persona en reclamar su legalización de manera pública. Estrada es una psicóloga que sufre desde los 12 años poliomiositis incurable y progresiva. Su enfermedad se complicó a partir de 2015 y ahora permanece en cama casi todo el día y necesita asistencia permanente.

La batalla de Ana Estrada

Estrada inició una batalla judicial para conseguir legalizar la eutanasia y ha inspirado un reciente proyecto de ley. "Que no exista una ley no significa que el derecho no esté ahí. Hay un derecho, pero falta la ley. Tengo la esperanza de que se reconozca ese derecho, mi derecho a decidir cuándo morir dignamente", dijo Ana Estrada hace poco desde la cama de su habitación, donde pasa la mayor parte del tiempo. 

Su cuerpo se paraliza a medida que avanza en él la polimiositis, una enfermedad degenerativa e irreversible que debilita los músculos.  Ana Estrada dice que no quiere matarse, pero necesita la libertad de decir 'basta' cuando su irreversible enfermedad la obligue a alargar su vida en condiciones insoportables. "Sé que es difícil comprenderlo, pero yo no me quiero morir. Estoy bien atendida y en un momento de mucha plenitud, porque esta campaña me ha llevado a descubrir recursos que no tenía", explicó Ana, de 44 años, que comenzó su iniciativa hace cuatro desde su blog "Ana busca la muerte digna", donde relata su historia. Así puso encima de la mesa el incómodo debate en Perú, país profundamente conservador donde la muerte asistida, tipificada como homicidio piadoso, está criminalizada con hasta tres años de cárcel.

Fallo que suscitará controversia

Precisamente la demanda de amparo presentada al Poder Judicial con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo reclamaba que se suspenda ese castigo y que el Estado elabore los protocolos para el momento que Ana solicite la eutanasia. La audiencia judicial se celebró el 7 de enero, tras más de un año de espera, y fue "una pequeña victoria" para Ana, que en un emocionante alegato tumbó el prejuicio de que su reclamo sea fruto de una depresión, algo que ella como psicóloga sabe lo que es, porque la sufrió y pudo vencerla.

En 2016 su enfermedad la enclaustró casi un año en el hospital, de donde salió con la traqueotomía permanente en su cuello. "Ahí sí me quería morir porque fue un trauma muy fuerte. Lo había perdido todo y mi vida había cambiado por completo, pero seguí un tratamiento y luego ya volvió la lucidez. Transformé ese 'me quiero morir' en 'quiero mi derecho a morir con dignidad'", explicó Ana. 

La sentencia de hoy dice que se debe "entender por eutanasia a la acción de un médico de suministrar de manera directa (oral o intravenosa) un fármaco destinado a poner fin a su vida", según el fallo divulgado por la Corte en Twitter.

El fallo puede generar una gran controversia en Perú, país mayoritariamente católico. La Iglesia rechaza la eutanasia.     La sentencia dispone que se "inaplique el artículo 112 del Código Penal" que prohíbe la muerte asistida, tras acoger un recurso presentado en febrero de 2020 por la Defensoría del Pueblo (ombdusman) en favor de Estrada. La Corte indicó que negarle la muerte asistida a Estrada afecta "los derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y de la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos".

MS (afp/efe)